«La protección de las familias no parece estar entre las prioridades del legislador»

La nueva Ley de Familias tiene tres objetivos principales: reconocer jurídicamente y tratar de equiparar la diversidad familiar al marco legal, mejorar la protección social que perciben todos los supuestos de familias en España y la equiparación jurídica de las familias. Además, reconoce jurídicamente a todos los supuestos de familias, como las monomarentales, las adoptivas, las familias LGTBI y las que cuentan entre sus miembros a personas con discapacidad.

Jesús Díaz Lorite, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), explica a ABC que la aprobación de dicho Proyecto de Ley supondría la transcripción al Derecho español de la Directiva de Conciliación Europea 158/2019. «El Proyecto incorpora a la legislación española medidas concretas para garantizar, entre otras, la universalidad de la prestación de apoyo a la crianza, la remuneración de los permisos parentales o el permiso para cuidadores. Del mismo modo, reconoce modelos familiares no tradicionales y establece la protección de aquellos modelos más vulnerables. Además, garantiza plazas de Educación Infantil para las familias monoparentales, y considera familia numerosa a la monoparental en la que hay dos hijos».

Entre otras novedades también destaca que el proyecto de ley, modifica en su disposición final décima, la Ley 42/2006 en lo que respecta al Fondo de Garantía de Alimentos. «Como novedades más importantes, amplía el ámbito de protección de dicho fondo, integrando además de los hijos menores de edad a los mayores de edad con discapacidad o en situación de dependencia. También se eleva considerablemente el límite de ingresos a tener en cuenta para poder solicitar dicho anticipo, estableciendo un importe de cinco veces el IPREM anual vigente en el momento de la solicitud del anticipo por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos menores. Asimismo, se amplía la cuantía máxima del anticipo a la cantidad de 500 euros, admitiendo el Proyecto de Ley la prórroga indefinida del plazo de percepción de dicho anticipo si persiste la situación de impago que dio lugar a su activación».

Pero, ¿por qué no se ha aprobado la Ley todavía?

La única explicación que se ofrece a la falta de aprobación de la Ley es que el proceso de negociación está siendo complejo. La Plataforma de Infancia, organización compuesta por más de 70 organizaciones de infancia, y la Abogacía de Familia, ya ha puesto de manifiesto la necesidad de la reactivación de la tramitación de esta ley para su aprobación. Sin embargo, la verdadera razón es la falta de voluntad política y la necesidad de una dotación presupuestaria suficiente para acometerla. El Derecho de Familia debería ser una materia preferente a la hora de legislar, dado que la familia es el núcleo esencial de toda sociedad, donde se forja la identidad de las personas y desde donde tiene lugar la proyección social de las mismas. Lejos de tener en cuenta estas consideraciones, la protección de las familias no parece estar entre las prioridades del legislador, el cual tampoco tiene en cuenta las demandas que operadores jurídicos especializados como AEAFA, vienen reclamando desde hace años, como la implantación de una jurisdicción especializada de familia, necesaria por la sensibilidad y la transcendencia de la materia que el derecho de familia comprende.

¿Cuáles son las demandas más urgentes de las familias?

Las familias necesitan protección, apoyo y seguridad en el ejercicio de sus derechos. Resultan necesarias medidas legislativas que avancen en la igualdad de todos los niños, asegurando sus derechos y ofreciéndoles un marco legislativo seguro. Para ello, se debe garantizar la escucha de niños y adolescentes en los procedimientos que les afectan, agilizando los procedimientos en los que se adoptan medidas esenciales sobre ellos de custodia, alimentos, visitas, vivienda, etc... Actualmente, en la legislación española no se garantiza la escucha de todos los niños, sino sólo de los mayores de 12 años. Por otra parte, la nueva ley orgánica 1/2025 de eficiencia de la Justicia parece exigir, (aunque no existe una opinión pacífica y existe una gran incertidumbre al respecto), que se acuda a un «medio adecuado de solución de controversias» (MASC), como requisito de procedibilidad antes de solicitar la adopción de medidas con respecto a los menores.

Es necesario establecer un marco seguro de actuación que garantice que la abogacía de familia pueda hacer valer los derechos de los niños y adolescentes en una jurisdicción especializada, con unos procedimientos específicos propios de una materia tan sensible y transcendente, que permita una protección absoluta de tales derechos y su ejercicio conforme a nuestra Constitución y a la Convención de Derechos del Niño.

Para ello, resulta imprescindible que el legislador reconozca la necesidad de consultar a la Abogacía de familia de manera sistemática y que de forma vinculante, tenga en cuenta las necesidades que se pongan de manifiesto por parte de especialistas en la materia como AEAFA, que constituye un observatorio actualizado y real de las diferentes situaciones que se plantean, puesto que, como nuestra presidenta puso de manifiesto en el discurso inaugural de las Jornadas Centrales de Derecho de familia celebradas recientemente, los despachos de los casi 3.000 asociados que la forman, «son la mejor radiografía de las familias en España».