Yolanda Díaz defiende que el traspaso de inmigración a Cataluña está «justificado» y se ajusta a la legalidad constitucional

Con todo, para Díaz y su grupo parlamentario lo «trascendente» es el respeto a los derechos humanos, ha asegurado nada más conocerse el registro de la ley en el Congreso de los Diputados en declaraciones a 'La Hora de la 1'. Algo, afirma, que queda «garantizado» con este «importante» pacto entre los socialistas y los del fugado Puigdemont, más aún, tratándose de una materia que considera la vicepresidenta «tan sensible».

«No se alteran las competencias del Estado, es una competencia compartida» con Cataluña, ha querido aclarar la líder de Sumar, quien defiende que «todo permanece como está» en respuesta a detractores del pacto como el PP. De hecho, ha abundado Díaz, a partir de ahora, al acercar la competencia a la Generalitat, «es previsible que se gestione mejor».

Por último, y si bien la vicepresidenta segunda no ha trasladado de manera firme cuál será el sentido de su voto una vez esta proposición de ley alcance el pleno del Congreso de los Diputados, ha dejado entrever el 'sí' de su grupo parlamentario pese a tener «muchos matices» como el pacto de asilo europeo. Igualmente ha invitado al resto de formaciones, entre ellas, a los populares, a que llegado el momento presenten ellos también sus propios cambios al texto.

El secretario primero de la mesa y diputados de los comunes (Sumar), Gerardo Pisarello, ha defendido igualmente desde la sala de prensa del Congreso de los Diputados la importancia de que Cataluña pueda ser partícipe de la gestión de un fenómeno tan «relevante» como es a su juicio el migratorio.Al igual que lo ya expuesto por la vicepresidenta Díaz, el secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de los comunes recuerda que «un traspaso de competencias es una posibilidad constitucionalmente prevista» de cara a que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan ser partícipes de su gestión. «Cosa distinta es la orientación de esa gestión», apunta Pisarello, quien reclama que está «justificada» descentralización se ejerza de cara a «ampliar derechos y nunca para recortarlos». «Si no fuera así, nos van a tener en contra», sentencia.

Responde así Pisarello a preguntas de la prensa respecto a si otorgar instrumentos jurídicos de Junts en un momento en que precisamente está compitiendo en Cataluña con Aliança Catalana, partido independentistas de corte xenófobo, pudiera tener justamente el efecto contario. «Esto no se le da a Junts, sino a la Generalitat de Cataluña que actualmente está gobernada por el PSOE, que depende de fuerzas progresistas como ERC, los comunes o la CUP», matiza Pisarello, que pide «no confundir una cosa con la otra».

En cualquier caso, Pisarello ve a Junts «en situación estrábica». Esto es, ha explicado, «con un ojo pendiente de Aliança catalana y otro intentando ser una derecha liberal pero democrática, consciente de que hay un mínimo de derechos humanos que hay respetar».

Lo cierto es que la proposición de ley registrada este martes en la Cámara Baja está aún sin aterrizar; no se han dado contactos por el momento con el resto de socios de investidura —Podemos ya ha dicho que rechazará la norma y otros como Coalición Canaria se muestran recelosos del acuerdo, aunque sin dejar claro el sentido de su voto—. Motivo por el cual Pisarello ha querido hacer un llamamiento, apelando «sobre todo a esas fuerzas de izquierdas que no fomentan la xenofobia ni la demagogia», para que se comprometan a apoyar la cesión de competencias migratorias a Cataluña. «Lo que hoy se pide para Cataluña, podría ser válido para otro territorio», dice, abriendo la puerta a apoyar también, por ejemplo, que Madrid gestionara los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el hipotético caso de que lo reclamara. «Sería absolutamente legítimo», opina.

A la líder de Podemos, Ione Belarra, se ha dirigido expresamente Pisarello para explicarle que el acuerdo migratorio entre PSOE y Junts «no es contrario» a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros que reclaman. De hecho, considera el diputado de los comunes (Sumar) que podría ser «la conexión que la facilite». «No es incompatible, sino todo lo contrario de cara al refuerzo de derechos», zanja. Podría tratarse de una nueva llamada de atención de la formación morada, trasladan fuentes del espacio que preside Yolanda Díaz, con la que Podemos podría obligar al PSOE a abordar primero esta ILP a cambio de sus cuatro 'síes' en la norma que delega inmigración en manos de Cataluña. Algo para lo cual también sería necesario contar con el apoyo de los neoconvergentes en el Congreso.

Tampoco existe todavía una postura común dentro del grupo parlamentario de Sumar. «Habrá cosas por aclarar o que puedan ser enriquecidas. Somos fuerzas diversas [...] Es un buen comienzo el acuerdo», señala.

Al hilo de todo este asunto, cree además Pisarello que este puede ser un primer paso para el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 y «ayudar a encaminar la legislatura». Aun así, dice, no quiere pecar de «optimismo» ni de «ingenuidad».