El Tribunal Constitucional avisa a Sánchez: la Carta Magna exige solidaridad entre comunidades

Sin embargo, el Tribunal Constitucional no se limitó a resolver este asunto. La sentencia incluye una reflexión avalada por todos los magistrados que adquiere especial significación en un momento en que el Gobierno de España está negociando con Junts la cesión de las competencias en inmigración. En ese tira y afloja, Puigdemont reclama la «gestión integral» a la que Pedro Sánchez se comprometió con ellos en enero de 2024 y el Gobierno no sabe cómo salir del atolladero.

Una vez dictado el fallo, el Tribunal asegura que no puede cerrar los ojos ante la realidad subyacente a este «proceso constitucional». Según su criterio, la inmigración es un fenómeno «de evidente naturaleza supraautonómica que trasciende el círculo de sus intereses propios», tal y como recoge el artículo 137 de la Constitución, y «sobrepasa notoriamente su capacidad de gestión autónoma».

La sentencia aún va más lejos e insiste en que «junto con el derecho a la 'autonomía' de las nacionalidades y regiones españolas, el artículo 2 de la Constitución alude a la necesaria 'solidaridad entre todas ellas'».

En este sentido, recuerda que en resoluciones anteriores ha reiterado que «el Estado y las comunidades autónomas están recíprocamente sometidos a un deber general de colaboración que no es preciso justificar en preceptos concretos, porque es de esencia al modelo de organización territorial implantado por la Constitución». Así lo ha dicho el órgano garante de los derechos constitucionales en sentencias dictadas previamente, en concreto en los años 1996, 1986 y 1985.

La sentencia del magistrado Enríquez, avalada unánimemente por los magistrados de los llamados bloques progresista y conservador, insiste en otro asunto con clara lectura política: «Dicho en otros términos, el adecuado funcionamiento del Estado autonómico se sustenta en los principios de cooperación y coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas y de éstas entre sí, además de en el establecimiento de un sistema de relaciones presididas por la lealtad constitucional, principios todos ellos que deben hacerse efectivos al margen, incluso, del régimen de distribución competencial». Esta afirmación, recuerdan los magistrados, se sostiene en otras tantas sentencias previas: de 1982, de 1988, de 2004 y de 2007, «entre otras muchas».

El objeto de la sentencia fue anular la Resolución de la Dirección General de Protección de la Infancia y las Familias aprobada el 10 de septiembre por el Ejecutivo canario. De esta forma, estimó parcialmente el recurso del Gobierno contra el protocolo de menores inmigrantes del Ejecutivo canario, lo que supone la anulación del documento. El Tribunal considera que no cabe duda de que el acogimiento de personas menores es un asunto de asistencia social. Las fuentes consultadas indican que el TC ha declarado inconstitucional y nula dicha resolución, por la cual quedaba aprobado todo el protocolo; y el apartado segundo del acuerdo del Gobierno de Canarias, de 2 de septiembre de 2024, «en relación con los menores extranjeros no acompañados», salvando así los apartados tercero y sexto del mismo acuerdo, que también fueron recurridos por el Ejecutivo central.

Desde el mes de enero de 2024, Junts impuso al PSOE la entrega a la Generalitat de Cataluña de la «gestión integral» de la inmigración. Desde entonces han venido produciéndose negociaciones ante las dificultades constitucionales de tal pretensión. No obstante, el Gobierno ha ido dando pasos relativos al control de puertos y aeropuertos. Por otra parte, en el último año está siendo polémico el reparto de los menores no acompañados que llegan a Canarias al resto de comunidades. Este es el origen del problema que propició el conflicto entre el Gobierno canario y la Moncloa que el Tribunal Constitucional ha resuelto en la sentencia dando la razón parcialmente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.