La trama de contratos amañados en la Guardia Civil se extendió al Ejército

Así lo aseguran fuentes jurídicas que explican a ABC que las pruebas recayeron en manos del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, al frente de la investigación del presunto amaño de contratos de botas, chalecos antibalas, cascos o monos de vuelo que atañe a Policía y Guardia Civil. La Fiscalía Anticorrupción pidió que la parte que afectaba a las Fuerzas Armadas se derivara a la jurisdicción militar, competente para investigar casos en materia penal y disciplinaria dentro del ámbito castrense.

Fueron cuatro los terabytes de documentación que la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional entregó en 2019 a sus homólogos de la Guardia Civil con indicios de que, al igual que habría ocurrido con la compra de sus uniformes, se estaban llevando a cabo presuntas irregularidades en la 'trastienda' de los expedientes de suministros en la Benemérita y el Ejército para favorecer a determinadas empresas. «El mismo sistema estaba completamente extendido», asegura una fuente de la investigación a este diario.

Tras el análisis de las pruebas, las que salpicaban a las Fuerzas Armadas se apartaron por falta de competencia. Pero el sumario de la investigación que sigue el juzgado madrileño contra seis agentes del Servicio de Abastecimiento de la Guardia Civil (Sabas) y más de una veintena de empresas revela casi dos décadas de regalos también a otros funcionarios públicos, entre los que presuntamente se encuentran mandos y personal vinculado con la gestión de suministros a través de concursos públicos del Ejército de Tierra, del Aire o la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los empresarios, que aspiraban a las adjudicaciones, lo dejaron todo documentado. Así, en las oficinas de las mercantiles Manufacturas Aura SA, G3 Sport, Calzados Robusta e Invulsa, investigadas como personas jurídicas en la rama que afecta a la Benemérita, «se hallaron una serie de documentos datados entre 1997 y el año 2013 en los que se plasma con periodicidad anual una relación de personas, la mayoría miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros organismos públicos que habrían sido destinatarias de diferentes presentes y obsequios sufragados por las mercantiles», se puede leer en el informe del Servicio de Asuntos Internos (SAI) de la Guardia Civil.

Y destaca: «Un altísimo porcentaje de los agraciados con dichos presentes pertenecen a diferentes instituciones, entidades y organismos dependientes de la Administración Pública, que presumiblemente desempeñan su cometido en departamentos vinculados directa o indirectamente a la gestión de servicios y suministros mediante contratos públicos». Dicen los agentes que el listado podría corresponder con atenciones sociales propias de la época navideña. Pero, además de vinos, puros y licoreras, también registraron en los documentos intervenidos entregas de dinero que iban desde los 100 hasta los 800 euros en cheques o en efectivo que llegaron incluso a dar en mano.

El SAI resalta que algunos de los obsequios que se enviaron por mensajería se hizo al «domicilio particular del destinatario», por lo que concluyen «que tales agasajos lo serían más a título particular que institucional y con el aparente objetivo de ganarse la confianza de los funcionarios públicos, influir en sus decisiones y obtener un mayor volumen comercial».

Entre los receptores de estos regalos se encuentran los agentes de la Guardia Civil investigados por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación y cohecho, entre otros delitos, que durante veinte años y en concierto con las empresas habrían manipulado contratos de suministros y más de un centenar de expedientes alterados que suman 180 millones de euros, según el SAI, tal y como informó este diario.