Sociedad Civil Catalana pide que Puigdemont pague 3 millones en sus conclusiones del procés ante el Tribunal de Cuentas

Los demandantes atribuyen la suma de gastos por ambas partidas a Puigdemont y a otros líderes independentistas como el candidato a las elecciones europeas del próximo 9 de junio por Junts, Toni Comín. La cantidad de dinero de la Generalitat utilizado irregularmente por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros del Gobierno de Puigdemont Dolors Bassa, Clara Ponsatí, Jordi Turull y Llui Puig asciende a 2.966.752 euros, según el informe de conclusiones de SCC presentado este jueves por el despacho Chapapría-Navarro & Asociados que representa a la entidad.

El Tribunal de Cuentas dio 10 días a los demandantes -SCC y la Fiscalía- el pasado 4 de abril para que presentaran sus informes de conclusiones. En las de SCC, los demandantes solicitan una sentencia estimatoria con independencia de "la ley de amnistía (que aún no ha entrado en vigor) y de todas las injerencias y presiones que este procedimiento ha sufrido".

Noticia Relacionada

El Tribunal de Cuentas rechaza suspender la causa por los gastos del 1-O porque aún «se desconocen los términos» de la ley de amnistía

Carmen Lucas-Torres

La consejera deniega la solicitud del presidente de ERC, Oriol Junqueras, del exconsejero Raül Romeva y otros siete codemandados

Afirman, igualmente, que «en modo alguno es un juicio político, tal y como de contrario se quiere hacer ver ante la sociedad y ante este Tribunal. En ningún momento se está criminalizando a los demandados por su ideario político, pese a que su proyecto secesionista sea del todo incompatible con los fundamentos del órgano constitucional vigente».

Respecto a los gastos para la organización del referéndum del 1 de octubre, los demandantes piden que los políticos independentistas respondan en las siguientes cantidades por las supuestas irregularidades contables: Dolors Bassa, con 161.315,69 euros por los gastos de soporte informático; Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Dolors Bassa, con 900.906,70 euros por el uso de locales públicos; Jordi Turull, con 10.829,50 euros por la creación y diseño del Registro de Residentes en el Exterior; Neus Munté (exconsejera y exportavoz del Govern) y Jordi Turull, con 158.344,41 euros por gastos de difusión del citado registro a través de la empresa Focus Media SL; Munté, con 2.700 euros por los gastos de diseño y activación del Registro de Residentes; Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Antoni Comín, Dolors Bassa y Lluis Puig, con 1.186.050,43 euros por los gastos de Unipost SA (las papeletas del referéndum) y Raül Romeva, con 128.575,54 euros por los gastos de la web 'cataloniavotes.es'.

En cuanto a los fondos públicos destinados a la promoción del procés en el Exterior, los demandantes se refieren a las siguientes irregularidades y cantidades, entre quienes también incluyen al expresidente y exconsejero de Presidencia Artur Mas y Francesc Homs. A Raül Romeva, 60.000 euros por gastos de campaña internacional de la imagen de la Generalitat; a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, 83448,87 euros por la invitación de grupos parlamentarios europeos; a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, 178.112,82 euros por los gastos de la portavoz del Equipo Internacional de Expertos Electorales Internacionales (IEERT), Helena Cattdel; a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Raül Romeva, 167.065 euros por los gastos del jefe del grupo de observadores internacionales de la consulta Pul Sinning; a Artur Mas, Carles Puigdemont, Francesc Homs y Raül Romeva, 451.171,11 euros por la promoción en redes del procés y a Artur Mas y Francesc Homs, 1.392.300 euros por un contrato de Diplocat (las embajadas catalanas) con la empresa Independent.

En su escrito de conclusiones, los demandantes insisten en que "estamos aquí, únicamente, para esclarecer las responsabilidades contables de los demandados por la indebida utilización de caudales públicos en su intento de fragmentar la integridad territorial de Espaa el pasado 1 de octubre de 20017".

Noticia Relacionada

El Abogado General de la UE cree que Puigdemont debió ser reconocido eurodiputado sin jurar la Constitución

Enrique Serbeto | Corresponsal en Bruselas

Su postura no tiene efectos prácticos por el final de la legislatura pero supone un balón de oxígeno para el expresidente catalán

Descartan, asimismo, las razones por las que "por parte de los demandados se ha cuestionado, entre otras muchas cosas, la legitimidad de este procedimiento y del propio Tribunal. A este respecto, basta con que nos remitamos al artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, el cual establece que: 'El que por acción u omisión contraria a la Ley originase el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados'. Y es que la responsabilidad contable es una subespecie de la responsabilidad civil, no de la penal, como se desprende en la legislación en vigor", afirman.