El Senado activa el choque con el Congreso por la amnistía y duda si elevarlo al Constitucional

El pleno para aprobar la 'rebelión' del Senado era, por tanto, terreno inexplorado. Tanto para los ciudadanos como para los políticos, incapaces de explicar con detalle cómo defender una u otra postura. Problemas de las primeras veces. «Vamos a ver qué argumentos esgrime el PP para esta cuestión», afirmaba curioso Juan Espadas, portavoz del PSOE a la entrada al pleno. Incertidumbre que se resolvió poco después. Antonio Silván, senador del PP, defendió la propuesta apoyándose en el informe de los letrados de la Cámara Alta, el mismo que hace solo unas semanas ponía sobre la pista de esta posibilidad. Una senda que se inició este miércoles en el Senado y que debería desembocar en el Tribunal Constitucional, obligado a decidir si, como reclaman PP y Vox, la amnistía es una reforma encubierta de la Constitución o si su tramitación como proposición de ley es adecuada. Un extremo, el de elevarlo o no al TC, que debe decidir la Mesa del Senado una vez que conozca la respuesta del Congreso a su requerimiento.

Según pudo saber ABC de fuentes cercanas al órgano de control de la Cámara Alta, la decisión de reclamar al Constitucional su opinión sobre la forma de tramitación se tomará en función del tiempo que tarde Francina Armengol en dar esa respuesta. «Si lo hace pronto, tendríamos tiempo de que el TC se pronuncie antes de que la ley sea aprobada», señala una persona cercana a la Presidencia del Senado. Plazos que se le acortan al PP, que no quiere en ningún caso que este recurso sobre la tramitación interfiera con el que consideran más importante, que es el de la cuestión de inconstitucionalidad que sí o sí presentarán cuando la norma sea aprobada a mediados del mes de mayo en el Congreso, que levantará el veto que se impondrá en el Senado.

«La amnistía no es materia de ley, sino de Constitución. Por tanto, solo cabe abordarla mediante el procedimiento de reforma constitucional. Consideramos que el Congreso, al calificar y tramitar erróneamente una amnistía como proposición de ley orgánica, se ha extralimitado en sus competencias, invadiendo así las atribuciones del Senado. Y este es el detonante del conflicto, que al Senado se le obliga a tramitar una auténtica reforma constitucional como una proposición de ley orgánica. Se le priva del poder de rechazarla, el poder que tendría si se hubiera tramitado por el procedimiento correcto», arrancó el senador Silván, quien reivindicó que se lleve a cabo un «requerimiento al Congreso solicitando revocar su decisión mediante la retirada de la proposición de ley orgánica de amnistía». Silván alargó su justificación, desvelando que «nunca antes una cámara se había extralimitado así con la otra». «Este es un recurso moral, ético y constitucional».

Solo Vox, el primero en reivindicar este conflicto de competencias –antes incluso de que los letrados lo apuntaran en su informe–, se unió a la tesis del PP. «Era necesario antes y ahora plantear un conflicto institucional y desde Vox llevamos avisando meses de ello. Parece que el PP no ha caído en la cuenta hasta disponer de los pertinentes informes jurídicos», apuntó el senador Ángel Pelayo Gordillo, quien acusó a los populares de haber tramitado la norma a pesar de la inconstitucionalidad que supone «amnistiar a los responsables del golpe separatista». Llamó la atención la posición de UPN, que se desmarcó esta vez del marco de la derecha para abstenerse. Según su portavoz, la senadora María Caballero, este requerimiento forzaba demasiado la máquina.

Conocidos los argumentos para presentar el choque institucional, el PSOE acusaba a los populares de haber impulsado un recurso que no venía a cuento. «Lo que hay no es un conflicto, es una empanada mental que les está haciendo actuar con las vísceras y no con la razón de la experiencia. No arrastren al Senado al mayor ridículo de su historia. Esta cámara no se lo merece», apuntó el socialista Francisco Fajardo. «Esto es un disparate», ahondó. Tesis a la que se sumaron sus socios de investidura y de Gobierno. Todos –menos Coalición Canaria– se sumaron a la oposición de un conflicto cuya votación se llevó a cabo al final del pleno y que la mayoría popular en el Senado sacó adelante (148 votos a favor, 112 en contra y la abstención de UPN), iniciando un camino desconocido, pero marcado en la ley.

Le toca el turno ahora al Congreso, que tiene 30 días para responder a este requerimiento de la Cámara Alta. Para que decida si retira la ley de amnistía, al entender los argumentos del PP, o si sigue adelante. Si no emite respuesta o si resultara negativa, la Mesa del Senado debe decidir si eleva la cuestión al Tribunal Constitucional, que tendría diez días para que las partes presenten alegaciones y, a partir de ahí, tendría un mes para decidir sobre el conflicto. Otro dique del PP contra la amnistía y la primera oportunidad del TC de pronunciarse sobre la ley.