El Senado espera ya la amnistía tras 4 meses de medidas para frenarla

Antes incluso de que el PSOE registrara en el Congreso el texto de la ley de amnistía, en la Cámara Alta ya se habían empezado a sentar las bases de la lucha contra esa iniciativa. Anticiparse como mejor estrategia para frenar el golpe. El 2 de noviembre, diez días antes de ese registro, el Partido Popular impulsó una reforma del reglamento del Senado para evitar que la tramitación de urgencia con la que los socialistas querían aprobar la norma impidiera tener a los senadores un debate sosegado sobre el asunto. La modificación del artículo 133, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP en la cámara de representación territorial, confería a la Mesa la potestad de decidir la urgencia o no de las normas que lleguen procedentes del Congreso.

Es decir, en la práctica permitirá que la ley pase dos meses de trámite en el Senado en lugar de los veinte días que marca la legislación para los proyectos con carácter de urgencia que aprueba el Parlamento. Una primera batalla ganada, a medias, por el PP, pues esta reforma se encuentra recurrida por el PSOE desde el 19 de diciembre ante el Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso de los socialistas el 16 de enero.

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Nati Villanueva

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«Es un incumplimiento palmario del artículo 90 de la Constitución», explica a ABC Juan Espadas, portavoz del PSOE, quien confía en que el TC resuelva sobre la cuestión y reconozca su «inconstitucionalidad». El artículo en cuestión habla de los plazos de tramitación del Senado –dos meses o 20 días en caso de urgencia–, pero se refiere solo a los proyectos de ley impulsados por el Gobierno. Como en este caso la amnistía se tramitó como proposición de ley, el PP entiende que el reglamento puede modificarse sin que se vulnere la Constitución.

A la espera de que se pronuncie el TC sobre esa cuestión, los populares han continuado con su estrategia para ralentizar la amnistía y dar luz a la misma, aportando informes y opiniones hurtados por el Gobierno al no impulsarla como proyecto de ley. Así, el presidente del Senado encargó sendos informes sobre la ley de amnistía a los letrados de la cámara. Uno, para analizar su constitucionalidad –que se empezó a preparar una vez aprobado el texto definitivo de la ley– y otro sobre su tramitación por parte de la Mesa. Este segundo dictamen, que ya está finalizado según ha podido saber ABC, recoge la necesidad que tiene el órgano de control de la Cámara Alta de darle luz verde este martes durante la reunión de la Mesa. Resolución que choca con la petición de frenarla en el Senado que viene reiterando Vox, quien ya ha anunciado que se querellará contra los miembros de la Mesa si la tramitan, como hizo en su momento con los delCongreso.

En el PP siempre han entendido que el camino para frenar la amnistía no pasaba por el choque institucional, sino por el debate a campo abierto, con informes y comparecencias que sirvan para ilustrar un futuro recurso judicial. Así, en los dos meses que dure la tramitación en el Senado, los populares esperan llamar a diferentes personalidades para que ofrezcan su opinión sobre la ley. Aunque no han trascendido nombres, la cautela siempre por delante, por la comisión –que según ha podido saber ABC será la Constitucional y no la de Justicia, como en el Congreso– pasarán catedráticos de derecho, exmagistrados del TC, representantes de la sociedad civil, diplomáticos y hasta representantes de algunas altas instituciones del Estado.

La decisión final se tomará en Génova, pues este es un asunto que se está gestando al más alto nivel en el Partido Popular. «Creemos que es una ley que ataca los cimientos del Estado y los derechos de los españoles, como el de igualdad y el acceso a los servicios básicos. Por tanto, es una ley inconstitucional y que va en contra de los principios de la UE. Eso es lo que queremos visibilizar con las peticiones de comparecencia que pediremos en el Senado», señala a ABC Alicia García, portavoz popular en la Cámara Alta.

Para testar la constitucionalidad de la ley, Pedro Rollán –presidente del Senado– pidió al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un informe. Organismos a los que la normativa vigente sí le permitía consultar, algo que no ocurría, por ejemplo, con el Consejo de Estado. Movimientos precisos y estudiados, sin palos de ciego.

Quizá por eso, la respuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, negándose a encargar el documento al Consejo de la institución llamó la atención y pilló por sorpresa en la Plaza de la Marina. En cualquier caso, se optó por no entablar un conflicto institucional y mantener el perfil bajo encarnado desde que Pedro Rollán asumió la presidencia el pasado mes de agosto. Sí se está a la espera del informe del CGPJ, que a finales de febrero pidió una prórroga y que se espera que entregue su dictamen a partir del 14 de marzo. Un informe que fuentes populares confían en que será contrario a la ley y que se adjuntará en el recurso que se llevará a cabo ante el Tribunal Constitucional una vez que la amnistía acabe su proceso legislativo y sea publicada en el BOE.

Otro informe que el Senado quiere adjuntar en ese posible recurso constitucional es el que elabore la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que recogerá todas las inquietudes de los diferentes territorios y que ya fueron resaltadas por los diferentes presidentes autonómicos durante la sesión celebrada en la Cámara Alta, a la que asistió Pere Aragonès.

La que ya ha realizado su informe es la Comisión de Venecia, el órgano consultivo europeo al que el Senado encargó un estudio de la amnistía y cuyo dictamen ha provocado una guerra entre el Gobierno y la oposición. Un informe que, sin entrar en la constitucionalidad de la norma, sí que denuncia la división que ha provocado en la sociedad española, la urgencia con la que se ha tramitado y la vulneración de la igualdad entre españoles. En el Partido Popular creen que este documento será clave cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)tenga que resolver sobre la ley, pues la Comisión de Venecia es un órgano con mucho peso en el ámbito comunitario.

Europa es el gran aliado, a juicio de los populares, para poner freno a la deriva en la que se ha embarcado el PSOE, convencido de la constitucionalidad de una norma que antes del 23J consideraba fuera de la ley.