La Comisión de Venecia endurece sus reparos a la amnistía de Sánchez

Los cambios respecto al borrador revelado a las partes el pasado 1 de marzo vienen a endurecer las críticas a la norma que ya se expresaban entonces, poniendo el foco ahora en las últimas cesiones de Sánchez al independentismo, necesarias para que los de Puigdemont dieran su visto bueno el jueves en el Congreso. Se refiere la Comisión a la ampliación del marco temporal acordado por el Gobierno con los separatistas y reflejado en el texto final de la ley, que pasa del 1 de enero de 2012 al 1 de noviembre del año anterior. «El legislador no ha facilitado ninguna explicación de por qué estas fechas son adecuadas. La Comisión de Venecia no entiende la razón del enlace causal entre la amnistía y estas fechas. En consecuencia, recomienda reducir el plazo de aplicación de la amnistía», señala una de las modificaciones, a las que ha tenido acceso ABC.

Estos dos meses de adelanto sobre la fecha inicial propuesta ponen el foco en otra de las críticas que ya se hacía en el borrador, que era la de que las amnistías no deben ser normas que se diseñen para beneficiar a personas concretas. «Esta reciente extensión del ámbito temporal, sin ninguna justificación, incrementa la preocupación en este sentido», señala este órgano consultivo del Consejo de Europa.

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El Gobierno explicó tras el pacto alcanzado con Junts y ERC que este cambio temporal se llevó a cabo para incluir en la amnistía a quienes tuvieran cuentas no sólo penales, sino también «contables» relacionadas con el ‘procés’. Una clara referencia a las actuaciones del Tribunal de Cuentas, que afectaron incluso en su día a Artur Mas. Esa es la razón de haber ampliado hasta noviembre de 2011 el ámbito de las conductas amnistiables.

En cuanto a la equidad en la ley, uno de los aspectos en los que el PP ha hecho más hincapié en estos meses, la Comisión de Venecia también es contundente, pues apunta que «el enlace entre las consultas, su preparación y consecuencias, y los actos amnistiados no es suficiente, de forma que podría cubrir delitos comunes que tienen poco o nada que ver con las tensiones sociales». «Esto haría que la justificación del trato diferenciado fuese cuestionable y que se infrinja el principio de igualdad respecto de aquellos que hayan cometido los mismos delitos comunes con otras motivaciones o en periodos diferentes, y que no se beneficiarán de la despenalización. Por eso, la Comisión reitera su recomendación de reducir y definir de una manera más precisa el ámbito de aplicación de la amnistía», continúa. Otro varapalo que se une al que apunta a la «profunda y virulenta división» que la norma ha provocado «en la clase política, las instituciones, el Poder Judicial, el mundo académico y la sociedad española», como constatan distintas encuestas recientes, incluso entre los votantes socialistas. En ese sentido, insiste en la necesidad de que las autoridades «intenten alcanzar una mayoría cualificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso».

La Comisión desveló este viernes cambios en 16 de los 118 artículos de su dictamen previo, pero dejó intacto uno de los más importantes. El 87, que habla de la recomendación de «regular este asunto [por la amnistía] explícitamente mediante una enmienda constitucional». Un extremo en el que chocaron ampliamente populares y socialistas en las dos últimas semanas y que, tras la reunión de la sesión plenaria, volvió a ejercer de punto de conflicto. Fuentes del Gobierno consultadas por ABC insistían en que a la Comisión de Venecia le bastaba con el proyecto de ley orgánica y que esa referencia del artículo 87 era solo una «recomendación» —en realidad, todos sus apuntes lo son— y no «una necesidad, como dice el PP». Para la número dos de los populares, Cuca Gamarra, «al problema que el Gobierno tiene con los independentistas se suma el que tiene Félix Bolaños con la verdad». «El ministro está presente siempre en los mayores fracasos del Gobierno de Pedro Sánchez. El repaso que le da la Comisión de Venecia al Gobierno es histórico. Les ha sacado los colores en una humillación sin precedentes», dijo este viernes. Previamente, en Bilbao, el titular de Justicia volvió a presumir de que el informe «avala» la norma: «Animo a que el PP haga caso a la recomendación de la Comisión de Venecia y se sume al consenso de la ley de amnistía», ironizó.

También es contundente la Comisión de Venecia en su respaldo a los tribunales españoles, a los que los independentistas conminan a no obstaculizar su aplicación. «En cuanto a la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes, el dictamen señala que las amnistías tienen por efecto anular o impedir las decisiones y los procedimientos judiciales. En opinión de la Comisión, para ser coherente con el principio de separación de poderes, se debe confiar al Poder Judicial la decisión de si personas específicas cumplen los criterios generales determinados por el Parlamento para aplicar la amnistía», explica uno de los cambios. Pilar del informe que se publicará el lunes y que marcará la senda de los tribunales europeos cuando deban decidir sobre la norma.