García Ortiz decide, a espaldas del Consejo Fiscal, no hacer el informe de la amnistía: «Es inviable»

Nati Villanueva

Madrid

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25/01/2024
Actualizado a las 20:18h.

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado esta mañana al Senado que el Consejo Fiscal no va elaborar el informe sobre la amnistía que la Cámara Alta le solicitó el pasado diciembre. García Ortiz ha tomado esta decisión a espaldas del órgano que representa a la carrera, en el que la mayoritaria Asociación de Fiscales cuenta, además, con mayoría.

En una carta remitida al presidente del Senado, Pedro Rollán, García Ortiz explica que la demora en la contestación a su primera comunicación «ha venido motivada por la responsabilidad de no comprometer la posición institucional de un órgano de relevancia constitucional como es el Ministerio Fiscal hasta que mi mandato no hubiera sido definitiva y formalmente renovado«.

Tras ofrecer su colaboración a la Cámara Alta («Solo desde la leal cooperación entre las instituciones y los poderes públicos pueden garantizarse los derechos y libertades de la ciudadanía») le informa de que hay un «obstáculo legal» que le impide cumplir con esa petición: el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que «únicamente» prevé la intervención del Consejo Fiscal para informar proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público. «No está legalmente prevista, por el contrario, su labor informante o consultiva en proposiciones de ley en tramitación ante el Parlamento«, dice. «Lamento comunicarle la inviabilidad de la solicitud formulada«, añade en la misiva.

Apunta García Ortiz que un informe sobre la proposición de ley de amnistía emitido por el fiscal general, quien ostenta la representación del Ministerio Fiscal en todo el territorio español, y que «elaboraría con el auxilio de sus órganos estatuariamente previstos«, »supondría alterar el normal funcionamiento de nuestra institución, invadir espacios y competencias propias de la estructura organizativa de la Fiscalía española en su toma de decisiones, pues, «de entrar la norma en vigor, los y las fiscales objetiva y territorialmente competentes deberán posicionarse procesalmente en relación con su ámbito objetivo de aplicación y respecto de cualquier cuestión prejudicial o cuestión de inconstitucionalidad que pueda plantearse«.

El fiscal general apela al «máximo rigor en la interpretación y aplicación de la normativa aplicable» y su intención es no extralimitarse de sus funciones legales.  «Saludo su propuesta y estoy plenamente convencido de que el debate sobre esta iniciativa legislativa en el Senado será enriquecedor e ilustrativo de las posturas de naturaleza política de cada grupo parlamentario«, concluye.

Precisamente ayer los vocales de la AF acusaban a García Ortiz de haberles ocultado la petición del presidente de lo Senado y le emplazaban a iniciar los trámites para la elaboración de ese informe. En una carta que enviaron al fiscal general, estos fiscales mostraban su «estupefacción y rechazo» a que una petición de esta naturaleza y relevancia «no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas».

«Interesamos, a la vista de lo anterior y atendido el plazo transcurrido desde la remisión del acuerdo de la Mesa del Senado, que de forma inmediata se dé curso a la petición de informe recibida, requiriendo la prórroga para su evacuación, y se proceda con arreglo al protocolo de tramitación (...) en cuanto a la designación de ponentes, elaboración y aprobación de informe por el Pleno del Consejo Fiscal», apuntaban.

Lo cierto es que todo apunta a que el informe que este órgano emitiría no iba a ser favorable a los intereses del Gobierno. Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales como el de la Asociación Independiente de Fiscales (Apif) ya pidieron al fiscal general en noviembre que convocara al Consejo Fiscal para abordar la amnistía.

Tanto los seis vocales de la Asociación de Fiscales como el de la Asociación Independiente de Fiscales (Apif) y una veintena de fiscales del Supremo ya pidieron al fiscal general en noviembre que convocara al Consejo Fiscal para abordar la amnistía y le reprocharon el silencio de la institución tanto sobre la ley del perdón como sobre el ‘lawfare’ a jueces y fiscales relacionados con el ‘procés’. Precisamente a esas voces «díscolas» se dirigió el miércoles el fiscal general en el discurso posterior a su toma de posesión en el Supremo: «No pretendo ser un comentarista de la actualidad política o judicial. Me mantendré siempre —y así mantendré a la institución— en el espacio de lo jurídico. Si el fiscal general abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional».

Desde el PP, su secretaria general, Cuca Gamarra, ha criticado la respuesta de García Ortiz al Senado, pues los españoles, ha dicho, tienen derecho a conocer qué opina el Consejo Fiscal sobre la amnistía, especialmente, tratándose de una ley “tan contestada por la sociedad española y por la mayoría del ámbito jurídico, que proclama su inconstitucionalidad y poco encaje dentro de nuestro ordenamiento jurídico”.

Gamarra lamenta que el PSOE haya “vetado” a expertos, juristas, instituciones y sociedad civil en el Congreso de los Diputados durante la tramitación de la ley y ha pedido que se permita al Senado "revertir esta situación”.

En paralelo, este martes se anunciaba desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tampoco este órgano se pronunciará por el momento sobre la ley de amnistía porque «sería interferir en un proceso democrático». Así lo indicó su presidenta, Síofra O’Leary, en rueda de prensa. En ella, la juez explicó que Estrasburgo, donde este tribunal tiene su sede, está priorizando el abordaje de los casos que tiene sobre la mesa en relación al ‘procés’ dejando a un lado la valoración de la ley de amnistía «porque no le corresponde hacerla».

O’Leary reconoció que esta ley podría tener consecuencias en el futuro sobre la quincena de demandas que hay interpuestas en este tribunal relacionadas con el ‘procés’. Una de ellas es contra la sentencia del Supremo, en la que España ha pedido más tiempo para contestar a las alegaciones de los líderes del procés, informa Servimedia.