El secesionismo sigue culpando al Estado de los atentados yihadistas

Los atentados de Barcelona y Cambrils fueron así un «crimen de Estado», sostiene la plataforma convocante nacida el pasado junio 17-A Exigimos Responsabilidades, que ha recibido apoyo de distintos grupos de CDR y, de manera significativa, del Consell per la República de Carles Puigdemont. «Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. El Estado que cometió omisiones graves en la protección de la vida, ahora no quiere garantizar el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas», apunta la entidad presidida por el expresidente fugado a Bélgica, de nuevo punta de lanza del independentismo más delirante.

La supuesta responsabilidad del CNI en los atentados, basada en su antigua relación con el promotor de los ataques, el exconfidente e imán de Ripoll, es de hecho un argumento recurrente de parte del independentismo desde el inicio de la investigación, luego descartado en sentencia firme. La misma teoría que abonó, y ayudó a coger vuelo, el excomisario Villarejo cuando en sede judicial aseguró que el CNI calculó mal las consecuencias de «dar un pequeño susto a Cataluña» para desactivar el 'procés', en alusión al 17-A.

Si las palabras de Villarejo a principio de año encendieron a todo el independentismo –incluso el presidente Aragonès compró la tesis del excomisario–, ahora, cuando se cumplen cinco años del atentado, solo los sectores más exaltados del secesionismo más próximos a Junts, en ningún caso desde el seno del Govern, insisten en la teoría del crimen de Estado.

De hecho, entre estos sectores ha caído como un jarro de agua fría la entrevista del mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a 'La Vanguardia', descartando cualquier implicación del CNI. «Le puedo decir que la respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda, y le puedo decir que más leal, fue la del CNI. No tengo ninguna duda, ni yo, ni ningún mando de los Mossos, sobre esto», apuntó Trapero. Quien fue elevado a héroe por la eficaz respuesta de los Mossos al atentado es ahora denostado por el independentismo irredento. Hace dos días, Francesc de Dalmases, diputado de Junts y mano derecha de Laura Borràs, insistía: «La represión del 1-O muestra la magnitud de la demofobia española. El 17-A es más aterrador, todavía, porque muestra con toda la crudeza cómo trabajan las cloacas y cómo los aparatos del Estado las protegen para garantizar la impunidad a través del secretismo. Repugna, ¿no?».

En otros términos, pero sumándose también a quienes ven la mano del Estado, el exconsejero catalán de Interior en el momento de los atentados, Joaquim Forn, apuntaba en 'Público' que «sigue habiendo cosas que no sabemos. Que no se han contado. No por parte de los Mossos, sino sobre todo por parte del Estado. Por ejemplo, sobre el papel del imán. Es de las cosas que más dudas me generan. Hay muchas cosas que no acaban de estar claras sobre este tema. O del papel que tuvo el Gobierno poniendo en circulación una serie de noticias para desprestigiar a los Mossos a las pocas horas de los atentados. Creo que hay cosas que no ocurrieron porque sí, todo esto estaba absolutamente dirigido».

Desde el constitucionalismo se asiste con asombro a esta nueva entrega conspiranoica. «Convertir la conmemoración de los atentados en un nuevo aquelarre de hispanofobia fanática y de desprecio a la vida humana ha causado escándalo incluso en algunos círculos independentistas», apunta la diputada de Cs Anna Grau. Para Alejandro Fernández (PPC), «afortunadamente, la inmensa mayoría de la sociedad catalana no se ha tragado esa patraña y por lo tanto la teoría de la conspiración no ha cuajado».