Los atentados yihadistas de Cataluña aún tienen a víctimas sin reconocer

Silvia y Marta habían entrado a la farmacia a comprar apósitos para las rozaduras en los pies, tras una larga caminata. Tomar esa decisión, en ese instante, las salvó de ser arrolladas, pero no de convertirse en testigos de la masacre.

«El Ministerio del Interior considera que ninguna de ellas es víctima del terrorismo. Primero, porque no estaban en la trayectoria de la furgoneta, sino en un lugar seguro. Y después, porque el tratamiento que siguieron no es el propio del estrés postraumático», explica a ABC Robert Manrique, superviviente del atentado de Hipercor y responsable de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (Uavat).

Otra de las víctimas del 17-A solicitó al ministerio la exención de las tasas universitarias, pero la respuesta fue negativa. No, al menos, hasta que la sentencia de la Audiencia Nacional, que condena a dos integrantes de la célula de Ripoll y a un colaborador, sea firme. «¿Los heridos no existen? ¿No existen las secuelas psicológicas? ¿Solo reconocen a los familiares en primer grado de una víctima mortal?», cuestiona Manrique.

Aquel 17 de agosto, Lourdes Porcar, barcelonesa de 57 años, enfilaba La Rambla junto a su pareja y un amigo, cuando la furgoneta de Younes pasó a escasos metros de ellos. No sufrió heridas visibles. Ninguno de ellos. En cambio, a su lado, tendida en el suelo, una pareja de origen canadiense gravemente herida. Él, Ian Moore Wilson, murió poco después. La obsesión de Lourdes era que ella, Valerie, aguantase hasta la llegada de la atención médica y que no viese a su marido fallecido. Al día siguiente, acudió a trabajar, pero no dejaba de pensar en Valerie, en cómo sería el momento en el que, sola, en una habitación de hospital, le comunicarían que su pareja había muerto. «Conseguimos saber dónde estaba y fuimos a verla. Pudo haber dicho 'gracias', cerrar la puerta y seguir su duelo, pero no fue así. Nos acogió y de algo tan terrible surgió una pequeña familia», explica Lourdes a este diario.

A la adrenalina de aquellos primeros días, a su entereza, y al querer seguir con su rutina como si nada hubiera pasado, le siguieron las secuelas, más tarde diagnosticadas como estrés postraumático. Tardó casi un año, el plazo máximo que fija Interior, en presentar la solicitud para ser reconocida como víctima del atentado.

Lo hizo tras leer una entrevista con integrantes de la Uavat. «Fue cuando vi que alguien se preocupaba por nosotros», recuerda. Todavía dentro de plazo, presentó los informes psicológicos, pero Interior le denegó el reconocimiento administrativo. Como en muchos otros casos, el ministerio alegó que no se podía demostrar la causalidad entre el ataque y las posteriores secuelas psicológicas. El tratamiento lo pagó de su bolsillo. No todos pueden asumir el gasto que supone, lamenta.

De hecho, solo 130 de las 355 personas que figuran como víctimas en los hechos probados de la sentencia han recibido algún tipo de indemnización por parte de Interior. Es decir, poco más de un tercio.

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo –dependiente de la cartera que dirige Grande-Marlaska– justifica que, del total, solo 216 afectados han solicitado algún tipo de ayuda. Se la denegaron «por diferentes motivos» a 84 de ellos, y todavía estudian, cinco años después de los ataques de Barcelona y Cambrils, dos más, «a la espera de recibir la documentación necesaria para concluir la instrucción» de los expedientes.

«Si he querido saber algo de mi expediente he tenido que llamar yo. En ningún momento han llamado para preguntar '¿cómo estás?' o para saber si pueden hacer algo por ti», reprocha Lourdes. Según la Uavat, más de la mitad de las víctimas no han recibido ni una sola llamada de Interior. Entre ellas, la hija de Pepita Codina, que también falleció por el atropello en La Rambla. «Nadie se puso en contacto con ella. Fue un abogado quien le explicó que podía reclamar una indemnización y así él se llevó un porcentaje. Se puso en manos del primero que la localizó. ¿Qué apoyo muestran a las víctimas si no las buscan? Es pasividad y falta de empatía», censura Manrique. «Para ilustrar la arbitrariedad en este proceso: tres personas que hemos vivido lo mismo. Estábamos en el mismo lugar. A mi pareja y a mí la sentencia nos reconoce como víctimas, pero a nuestro amigo, no», detalla Lourdes. ¿El motivo? Una patología previa.

Más allá de indemnizaciones, las víctimas se han sentido «olvidadas», relata Lourdes. «Con el 1 de octubre había otra prioridad. El abandono fue casi inmediato aunque [la votación] fue un mes y medio después. Todos tenían otras prioridades. Esa era la preocupación y no nosotros», lamenta. La única excepción es cuando se acerca el aniversario de los atentados. «Cuando llegan estas fechas se interesan por nosotros. Lo entiendo, pero todo se reduce a una foto, la sensación es que no le interesamos a nadie».

Esta víctima del 17-A lamenta que el retraso en ser reconocida a nivel administrativo se reduzca a una cuestión monetaria para la Administración. La ayuda psicológica le ha permitido gestionar el estrés y es capaz de pisar La Rambla –muchos otros no han vuelto–, pero reconoce que aún vive un poco «alerta».

Aunque Lourdes aún tendrá que esperar a que el fallo de la Audiencia Nacional sea firme, los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que abatieron en un camino de Subirats (Barcelona) al autor del ataque en La Rambla ganaron en los tribunales la condición de víctimas que les denegó Interior. Tal y como avanzó ABC, los dos policías del área de Seguridad Ciudadana, destinados en Vilafranca del Penedès, sufrieron estrés postraumático tras su actuación, lo que les apartó de sus funciones durante algún tiempo, pero el ministerio alegó que no era «posible establecer secuelas ni días de incapacidad derivadas» del ataque, así como que no había «una relación de causalidad exclusiva entre sus lesiones y días de incapacidad, con la actuación», en uno de los casos. Respecto al otro uniformado, apuntó que el policía no tenía «lesiones permanentes derivadas únicamente» de aquella intervención y que el estrés postraumático apareció meses después.

Fue la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional la que dio la razón a ambos funcionarios y obligó al Gobierno a indemnizarlos. Primero, al considerar que, pese a que la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo fija que las solicitudes de los interesados deben cursarse en un plazo máximo de un año desde que se produjeron los daños, también indica que «en caso de daños psicológicos», dicho plazo «empezará a computar en el momento en que existe un diagnóstico acreditativo de la causalidad de la secuela». Y, segundo, al considerar «acreditada la relación entre el trastorno diagnosticado –estrés postraumático– y el acto terrorista» del 21 de agosto del 2017, cuando los mossos abatieron al autor material del atropello. «¿Qué busca Interior, que las víctimas se cansen y renuncien a sus derechos? Para el quinto aniversario, este miércoles, vendrá a Barcelona un matrimonio alemán con sus dos hijos que, tras el ataque, recibieron tratamiento psicológico. No aparecen ni en el sumario ni en la sentencia. ¿Cuántos más habrá así, que no constan en ninguna parte?», cuestiona Manrique.