Sánchez seguirá sin contestar preguntas en Barcelona

Es cierto que no es la norma en este tipo de encuentros que el jefe del Ejecutivo atienda a la prensa, pero en otras ocasiones en las que sí suele ser habitual que lo haga, como las reuniones con mandatarios extranjeros, lo ha evitado recientemente, como ocurrió el pasado día 29 de mayo con motivo de la visita a nuestro país del primer ministro de Eslovenia, Robert Golob. Todo tras semanas en las que noticias de impacto como los wasaps entre él mismo y el exministro José Luis Ábalos o el estallido del 'caso Leire' han sacudido a la opinión pública, provocando incluso que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, convoque una gran manifestación contra la corrupción el próximo domingo en Madrid.

Esta misma mañana, antes de partir a la Ciudad Condal, Sánchez recibirá al rey Abdullah II de Jordania, en un acto en el Palacio de La Moncloa solo con reporteros gráficos.

Por lo demás, el presidente envió ayer una carta a los presidentes autonómicos, la mayoría de ellos del Partido Popular (PP), para proponerles, a 48 horas de la cita, un pacto sobre vivienda. Lo hizo apenas veinticuatro horas después de que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aceptase finalmente las peticiones para el orden del día de las comunidades populares, que habían amenazado incluso con plantarse.

Según trasladó el Ejecutivo, la propuesta de Sánchez a los líderes autonómicos consiste en triplicar la inversión pública en vivienda, pasando de los 2.300 millones que se movilizaron en el Plan Estatal de 2022-2025 a unos 7.000 para el periodo 2026-2030. Moncloa plantea que el Gobierno central asuma 4.000 millones, pero solo si las comunidades autonómas aportan al menos 2.700 millones de euros. Además, Sánchez plantea blindar de manera indefinida la consideración de vivienda pública para que «ofrezcan siempre una alternativa asequible de propiedad o alquiler para la ciudadanía». El Gobierno propone igualmente una medida contra los portales inmobiliarios en internet, pues a su juicio constituyen un monopolio de la información. Para combatirlo, se crearía una base de datos pública para, según los términos del propio comunicado gubernamental, permitir a los ciudadanos «conocer los precios reales de compra/venta o alquiler en su ciudad». A juicio del Ejecutivo, «solo con esa transparencia se podrán diseñar políticas públicas realmente eficaces y ayudar a la ciudadanía a negociar de forma adecuada el precio de su casa». En todo momento, el Ejecutivo subraya que debería tratarse de «compromisos recíprocos», entre el poder central y el regional.

El ofrecimiento lo ven en Génova como un intento desesperado de distraer la atención de los casos de corrupción que salpican al presidente del Gobierno y a su entorno. «Sánchez recurre otra vez a sus anuncios de vivienda cuando más cercado está por la corrupción y los espectáculos de las cloacas de su partido. Cuando se ve acorralado, siempre recurre a la vivienda, como si fuera una chistera de la que sacar promesas mágicas», señalan fuentes del PP en referencia a los 184.000 pisos prometidos hace años.

Se quejan en Génova que Sánchez quiera acordar ahora en esta materia cuando ha rechazado sistemáticamente los ofrecimientos de Feijóo para alcanzar un pacto de Estado. De ahí que la respuesta de los barones en Barcelona vaya a ser la exigencia de retirar la actual Ley de Vivienda y desbloquear la ley antiokupación en el Congreso.

Tanto en la cita de todos los jefes de gobierno autonómicos del año pasado en Santander como en la actual, el orden del día ha sido un punto de fricción entre Moncloa y los ejecutivos regionales hasta el último momento. Por primera vez, el Gobierno cumple con el compromiso de celebrar la cita semestralmente, tras no haberla convocado en 2023.