Sánchez prepara el Constitucional para blindar sus leyes y sus pactos en Cataluña

Los elegidos por el Gobierno son el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y un perfil menos conocido públicamente pero de muchísima implicación política. Campo salió del Gobierno sorpresivamente en julio de 2021 tras solo año y medio bajo las órdenes de Sánchez. Fue la persona encargada de poner la rúbrica en la concesión de los indultos a los cabecillas del proceso independentista.

Y el segundo nombre es el de Laura Díaz Bueso hasta el pasado mes de abril era directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia. Es decir, en dependencia jerárquica en última instancia de Félix Bolaños. Asumió ese puesto en 2020 estando todavía al frente de ese departamento la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Y precisamente, desde 2018, había sido la directora del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla, una de las principales referencias del equipo de Calvo en la arquitectura jurídica del Gobierno.

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El perfil y la trayectoria de ambas figuras apuntan a la necesidad de Pedro Sánchez por preparar el Tribunal Constitucional para unos años que serán claves, con parte de su legislación cuestionada en recursos de inconstitucionalidad. Y en ambos casos hay un componente de claro guiño político hacia el PSC y los partidos soberanistas e independentistas. En este sentido el perfil de Díez Bueso es clave. Su reciente paso por La Moncloa no es baladí. Pero en lo referido a Cataluña su trayectoria es muy importante. Tras salir de La Moncloa pasó a ocupar el pasado mes de mayo la vicepresidencia del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña (CGE) –el órgano no vinculante de la Generalitat de Cataluña para la aprobación de leyes–.En estos meses se ha posicionado claramente a favor de mantener el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán con su voto en los dictámenes decreto-ley y la ley de lenguas oficiales, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) considera inconstitucionales.

Díez Bueso fue asesora del Govern catalán entre 2002 y 2004 para la reforma del Estatuto de Autonomía. Ha desarrollado investigaciones académicas sobre la descentralización de los Estados y ha estudiado los casos del referéndum en Canadá y Escocia.

La reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña o el desarrollo normativo de algunas cuestiones, que fueran declaradas en su momento inconstitucionales, a través de leyes orgánicas ha estado siempre en el horizonte de los socialistas a medio y largo plazo. En la Declaración de Barcelona (2017) suscrita por Pedro Sánchez tras recuperar el mando del PSOE y por Miquel Iceta, por entonces primer secretario del PSC, se comprometía por ejemplo «la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Catalunya y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial».

Tanto Iceta como Sánchez han insistido en el pasado en que la resolución al «conflicto político» catalán tendrá que culminarse con la ciudadanía catalana votando. No un referéndum de independencia, dicen, pero sí algún tipo de acuerdo político. Si Pedro Sánchez logra mantenerse en La Moncloa solo podrá hacerlo con el actual esquema de alianzas. Y superada la cuestión de los indultos o el delito de sedición, queda pendiente definir la fórmula para rebajar la malversación, la próxima legislatura entrará en esa dimensión. Sánchez, eso sí, tiene en su escenario ideal abordar ese momento con una relación de fuerzas distinta en Cataluña, con el PSC en la Generalitat como mejor escenario.

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La apuesta por estos dos perfiles consuma la ambición de Pedro Sánchez por proceder a la renovación del Tribunal Constitucional para que pase a haber una mayoría progresista. Aunque el marcado perfil político de ambos puede propiciar más de un conflicto a cuenta de sus recusaciones para poder dirimir sobre la constitucionalidad de algunas leyes. Campo, sin ir más lejos, fue coproponente de la Ley de garantía integral de libertad sexual. Y también la ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI. Las dos legislaciones estrella de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que están provocando ahora dudas al PSOE, tras haber permitido eso sía que fueran así aprobadas por el Consejo de Ministros. En el caso de Díez Bueso precisamente podría verse recusada en la cuestión de la ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

Se da la circunstancia de que hasta hace apenas un mes el Gobierno estaba negociando con el Partido Popular un pacto que pretendía dificultar las puertas giratorias entre la política y el mundo judicial. El compromiso del Ejecutivo con esos planteamientos queda patente que se hacía condicionado por el PP, que demandaba ese pacto global dentro de la negociación para renovar el CGPJ. Tras la ruptura de las negociaciones el Gobierno se ve liberado de esa voluntad de regeneración y mayor independencia de las instituciones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, justificó ayer esas designaciones por su idoneidad como juristas y por su currículum. Bolaños definió a Campo como una persona de prestigio y «muy valorada, tanto en ámbitos de la izquierda como de la derecha. Y lo es porque es una persona dialogante, de consenso, equilibrada, profundo conocedor del Derecho y de la Constitución», informa Mariano Alonso.

Bolaños se revolvió cuando se le cuestionó por la parcialidad de los nombramientos, que recuerda a la decisión de Sánchez de sacar a Dolores Delgado del Ministerio de Justicia para pasar directamente a la Fiscalía General del Estado. Pero para el ministro de la Presidencia «poner en duda la imparcialidad, en general, de los magistrados que nombra el Gobierno creo que es demasiado decir». Bolaños defendió que el Gobierno nombra a personas «absolutamente idóneas para el puesto, con unas trayectorias profesionales que les hacen merecedores de ser magistrados del TC y, sinceramente, creo que tienen exactamente la misma imparcialidad que tenían Pedro González Trevijano y Enrique López hace nueve años, cuando fueron nombrados por el anterior Gobierno». Se da la circunstancia de que esos nombramientos (López es ahora consejero en el Gobierno de la Comunidad de Madrid) fueron criticados por el PSOE en la oposición.

Fuentes del Gobierno aseguran que el TC no podrá detener la designación de estos dos nuevos magistrados, aunque sí paralizarla temporalmente hasta que el CGPJ en funciones nombre a los otros dos magistrados que le corresponden dentro del tercio de miembros del Constitucional que toca ahora renovar. Esperaban por tanto que el TC pueda no proceder a examinar a los dos candidatos propuestos por el Gobierno hasta que el CGPJ designe a los suyos ya que la renovación se debe hacer por tercios y no por sextos.

En la renovación del CGPJ Sánchez perseguía como objetivo fundamental que con ellos se pudiese agilizar la reforma del TC. Hay asuntos pendientes de su pronunciamiento como la ley del aborto de 2010 o las leyes de eutanasia, la LOMLOE ('ley Celáa') o la propia reforma que limita las capacidades del CGPJ para hacer nombramientos en funciones. Y un TC con mayoría progresista es fundamental para los intereses del Gobierno de defender esa legislación y los recursos que vendrán sobre otras.