Sánchez desarma al Estado ante un nuevo 'procés' como el de 2017

El presidente del Gobierno se ha referido en múltiples ocasiones a la reforma del Código Penal en clave de respuesta a delitos como los cometidos en 2017 en Cataluña. Pero en esta reforma normativa olvida muchos de sus compromisos, algunos de ellos contraídos con el electorado en plena campaña electoral. En esta propuesta de reforma se abandonan tres promesas clave: no hay actualización del delito de rebelión, tampoco tipificación como delito de la convocatoria de referéndum ilegal, ni una tipificación que se refiera a la desobediencia frente a resoluciones del Tribunal Constitucional.

Los delitos que se cometieron en el año 2017 serán castigados con penas de tres a cinco años e inhabilitación especial para cargo público por el mismo tiempo, si finalmente se homologan a la extinta sedición, que está en duda su encaje. Además, «en caso de hallarse los autores constituidos en autoridad la pena de inhabilitación será absoluta por tiempo de seis a ocho años». El punto 14 de la reforma del Código Penal suprime el capítulo I del título XXII del Código Penal. Es el apartado en el que se recogían desde el artículo 544 al 549 los detalles del delito de sedición. A continuación se procede a la modificación del artículo 557 en el que se detalla algo más los delitos que quedan amparados en ese artículo para encajar algunos de los sucesos acaecidos en Cataluña en 2017 como la obstaculización de vías públicas o la invasión de edificios o instalaciones.

Al abandonar esos tres compromisos y suprimir la sedición, el Gobierno deja un gran espacio a actos que se cometieron en 2017 sin una tipificación clara. Actos como las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre de ese año, la declaración unilateral de independencia y por supuesto la convocatoria de una consulta no amparada legalmente quedan sin una tipificación acorde a su gravedad. Aunque desde el PSOE pretendan vender como muestra de firmeza que no se cambie el delito de rebelión actual, no hacerlo es precisamente el problema. Esta era, por cierto, la tesis de Pedro Sánchez en 2018: que lo sucedido en Cataluña había sido una rebelión pero que no se ajustaba a los términos que se recogían en el actual Código Penal, donde queda muy asociada a la violencia física y a asonadas militares. No preveía el legislador que un poder institucional rompiese el orden constitucional aprovechándose de su posición en las estructuras del Estado. El Tribunal Supremo no condenó por rebelión por ese motivo. Lo que proponía Sánchez y ahora abandona era «actualizar» el delito para adaptarlo a los tiempos y circunstancias actuales, de manera que sucesos como los de 2017 pudieran tipificarse nítidamente como de rebelión.

En cualquier caso y aunque al presidente de ERC, Oriol Junqueras, se le aplicase la consideración máxima en virtud de su posición en los hechos de 2017, podría volver a integrar una candidatura electoral mucho antes del 5 de julio de 2031, cuando se extingue con la pena actual su situación de inelegible. La vuelta concreta de Junqueras queda pues abierta. No se puede determinar con exactitud. «A partir de aquí son los jueces los que deciden», señalan fuentes parlamentarias. Lo que sí es seguro es que se producirá años antes de lo previsto. Esta cuestión depende también de algo que no se contempla en la proposición de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos, pero que no está descartado: el delito de malversación.

ERC prepara ya el terreno hacia lo que se intuye va a ser la segunda etapa de la «desjudicialización», que pasaría también por una reforma de este delito. Junqueras fue condenado a 13 años de prisión y de inhabilitación para cargo público, que no se borró con el indulto, por sedición en concurso medial con malversación. Hay controversia jurídica con cómo afectaría la reforma a la inhabilitación ya que ésta se aplica no solo por la sedición.

Fuentes del Govern señalan a este diario que este es un campo no cerrado, y que el periodo de enmiendas que se abre en el Congreso ahora puede ser aprovechado para ello. Como en las semanas y meses previos, tanto en el Govern como en ERC son prudentes, evitando filtraciones que desbaraten acuerdos, pero el camino está trazado. Desde el Gobierno central, la parte de Unidas Podemos también tiene claro este camino. Y en el PSOE no niegan esta posibilidad. De proceder así, se despejarían totalmente las dudas respecto a un regreso más temprano de Oriol Junqueras.

En la Generalitat, el paso dado por el Gobierno fue acogido con alborozo, aunque se apunta que la derogación de la sedición es insuficiente por sí sola. De inmediato tras conocerse las intenciones del Ejecutivo, el mensaje que comenzó a propagarse desde el Palau es que este solo es «un primer paso».

Al respecto, se dibujan dos planos discursivos. El primero es el de las declaraciones institucionales, como las que ayer hizo Pere Aragonès celebrando por un lado la derogación de la sedición, pero recordando por otro que el objetivo sigue siendo el de la amnistía y poder votar en un referéndum acordado y «sin violencia policial». Son proclamas que en el Govern se asumen inalcanzables, pero que al menos sirven para apaciguar al independentismo más ansioso y las críticas de sus exsocios de Junts.

Es una prudencia que no se aplicó ayer el presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens –sus ansias de protagonismo no pasaron por alto en el Palau–, que sí apuntó a la reforma de la malversación, otro cambio ad-hoc del Código Penal para los independentistas, como el siguiente paso. Bien conectado con Carles Puigdemont, al que asesoró en su huida a Bélgica, Asens señaló que el cambio en la malversación es «una pista de aterrizaje» para la vuelta del prófugo.

La reacción ayer de Puigdemont fue significativa. En la madrugada del viernes, al poco de que Sánchez anunciase sus intenciones, el expresidente de la Generalitat descalificó la reforma, pero en unos términos que sorprendieron en ERC por ser menos virulentos de lo esperado. Ya al mediodía, endureció el tono.