Cancelar la sedición

La primera consecuencia real de la reforma de la sedición será la de crear un limbo jurídico, una suerte de vacío basado en un derecho específico 'ad hoc', según el cual si mañana hubiese una declaración unilateral de independencia idéntica a la que se produjo en 2017, el Estado quedaría inerme. No se podría tipificar como rebelión, porque eso ya fue descartado por el propio Tribunal Supremo; tampoco sería ya un delito de sedición porque dejará de existir como tal; y cualquier acción contra el Estado solo sería un cúmulo de desórdenes públicos prácticamente libres de condena. Y eso es algo que, en cuestión de derecho comparado con otros países europeos –la gran añagaza de Pedro Sánchez-, deja a España sin apenas respuesta posible frente a cualquier intento desestabilizador que no se lleve a cabo mediante un conflicto bélico.

Otras consecuencias latentes tras la reforma serán permitir a huidos como Puigdemont o Marta Rovira regresar a España para responder por una acusación ya muy desnaturalizada, de modo que no regresarán como prófugos, sino como héroes porque la razón jurídica de su acusación desaparece; a su vez, cerca de cincuenta dirigentes de segundo nivel del separatismo verán sus procesos pendientes convertidos en humo; y en pocos años la inhabilitación para ejercer cargo público de los condenados habrá sido superada, de modo que por ejemplo Oriol Junqueras podría volver a presentarse a unas elecciones. Será la coartada también para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desmonte la sentencia del Supremo que los condenó por sedición, con todos los beneficios retroactivos que ello conlleve. La reforma supondrá una amnistía de hecho o una segunda fase de los indultos para condonar también las penas de inhabilitación. En definitiva, el indulto total sobrevenido, con el añadido de una inmunidad garantizada a futuro, y todo ello con un mensaje engañoso porque esta reforma penal no equipara en nada las sanciones que se imponen en los principales Estados europeos a delitos similares. Este argumento del Gobierno es solo una maquinación dialéctica que no se sostiene en el derecho penal comparado.

Se abre además un debate jurídico de fondo muy relevante, que es el que atañe a otro delito, el de la malversación de caudales públicos que, por ejemplo, afecta a Puigdemont. Un primer análisis del texto del Gobierno permite sospechar a algunos juristas –otros lo discuten– que la malversación también dejará de ser un problema para cualquier acusado en la medida en que si se vincula este delito a otro que desaparece, el de sedición, también se desactiva el llamado 'concurso medial' entre ambos. Si promover un alzamiento tumultuario ya no es delito de sedición, sería posible interpretar también que dejaría de serlo la malversación anexa, ya que se cometería para financiar algo que ha dejado de ser punible. Y hay juristas que creen que la reforma podría abrir la puerta a devolver al independentismo el dinero embargado.

Al menos, diversos barones socialistas tuvieron el coraje de afirmar que la decisión de Sánchez es un error. Lógico. Se juegan sus gobiernos en mayo, aunque en realidad nadie le consigue rectificar nada. Son meros llantos –electoralistas– por la leche derramada. En este contexto de reacciones, cobró sentido la declaración institucional, en tono severo y grave, del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien se comprometió con acierto a revertir esta reforma si llega al Gobierno. El efecto de la decisión de Sánchez será en todo similar al de una involución penal en España para favorecer precisamente a quienes quieren fracturarla, con el Gobierno como cooperador complaciente y necesario. En el pasado, Sánchez se comprometió a detener a Puigdemont, a penalizar la celebración de referendos ilegales, y tildó de rebelión lo ocurrido en Cataluña. Hoy se ve que su prioridad era otra.