Sánchez confirma que habrá un verificador y admite que es un mecanismo «excepcional»

«Se conocerá la persona que nos va a acompañar en ese proceso de diálogo, tanto con ERC como con Junts per Catalunya, estamos hablando con las dos organizaciones, y lo que les puedo garantizar es que si dos no se entienden, el que nos acompañe un tercero en esa labor de verificación, pues yo creo que es una buena noticia, porque nos puede ayudar efectivamente a llegar a acuerdos. Es, efectivamente, un mecanismo excepcional, pero es que la situación que se está viviendo por parte de estos dos partidos independentistas en el sistema político español es también excepcional. Ojalá en un futuro no necesitemos ese mecanismo de verificación, porque eso significará que hemos construido una confianza que yo, honestamente, tengo que decirle que no la tengo completa como secretario general del Partido Socialista», ha aseverado.

Sánchez, sin embargo, no ha confirmado si el encuentro de este sábado entre sus emisarios y los de Carles Puigdemont se celebrará en Ginebra. Enfrentado por los entrevistadores a sus declaraciones pasadas negando que concedería la amnistía a los encausados por el 'procés', el jefe del Ejecutivo ha vuelto a reconocer que su movimiento viene marcado por los resultados de las elecciones generales del pasado 23 de julio, admitiendo -como ya hizo el pasado 28 de octubre ante el Comité Federal del PSOE- que el de la amnistía no era «probablemente el paso siguiente» que tenía previsto en este momento, pero que será «coherente y consecuente con la política de normalización y de estabilización en Cataluña que hemos afrontado estos últimos cuatro años desde el Gobierno de coalición progresista» .

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En la línea argumental que viene sosteniendo el PSOE, Sánchez ha equiparado la amnistía con leyes pasadas como la del divorcio en 1981, aprobada por un gobierno de la derecha, o la del matrimonio homosexual que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero. Para vaticinar que quienes hoy se manifiestan en contra, como ha ocurrido masivamente en las calles de diversas ciudades de España en las últimas semanas, terminarán estando a favor.

«Aquellos que se manifestaron contra la ley de matrimonio igualitario y que hoy hacen de padrinos, o celebran bodas de personas del mismo sexo, bueno pues acabarán actuando recordando estos días con ese viejo dicho de 'si te he visto, no me acuerdo'. Porque va a ser bueno para el país, en téminos de convivencia, y va a ser bueno también para estas fuerzas políticas que hoy rechazan la ley de amnistía, porque estamos reincorporando al sistema político, y por tanto a la negociación y a la acción política a actores políticos que desde 2017 negaron la participación en la gobernabilidad de España», ha sentenciado en la televisión pública.

Sobre la inconstitucionalidad de la medida que el Gobierno y el PSOE señalaban antes de las elecciones, Sánchez ha asegurado que lo que no tenía encaje en la Carta Magna era la proposición de ley de amnistía que presentaron los grupos independentistas la pasada legislatura, algo que a su juicio no ocurre con la proposición registrada ya en el Congreso por el Grupo Socialista. No ha precisado en ningún momento cuál es la diferencia entre ambas propuestas, aunque ha dicho que basta la lectura comparada de ambas iniciativas para «darse cuenta de la inconstitucionalidad de uno y la constitucionalidad, que es lo que defiende el Partido Socialista, de esta proposición de ley».

Para Sánchez, en el que viene siendo su discurso desde el 23J, la sociedad española se enfrentó en aquellos comicios a una disyuntiva: o «cuatro años más de Gobierno progresista para consolidar los avances que hemos logrado», o en cambio, ha dicho, «entraba un gobierno del Partido Popular con Vox, de Feijóo [Alberto Núñez] con Abascal [Santiago]», que para el líder socialista hubiera supuesto avanzar en la «ola reaccionaria» que asola al mundo. Algo, esto último, de lo que ha puesto como ejemplo la llegada al poder en Argentina del libertario Javier Milei, apoyado, ha recordado, por la «derecha tradicional» de aquel país, la que se quedó fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Preguntado sobre si en España existen casos de 'lawfare' o guerra sucia judicial contra dirigentes políticos, como dicen sus socios independentistas y por lo que piden investigaciones en el Parlamento, ha escurrido el bulto remitiéndose al caso Kitchen, de «instrumentalización de instituciones públicas de nuestro país», pero sin dar carta de naturaleza al señalamiento a la carrera judicial que hacen sus socios.

La misma actitud distante ha adoptado cuando le han recordado las duras palabras que tuvo en su contra la exministra de Igualdad, Irene Montero, durante el traspaso de su cartera a la socialista Ana Redondo, cuando le acusó de «echar» a Podemos del Gobierno. Sánchez se ha limitado a comentar que él pactó la coalición con Sumar, el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz, y que «Podemos se presentó con Sumar», al tiempo que ha mostrado su «respeto» y «cariño» por Irene Montero, rehuyendo la polémica con la formación morada.

La entrevista también ha versado sobre la crisis diplomática con Israel, tras su visita al país. Ha dicho que la relación es «correcta», y que «los países amigos también tenemos que decirnos las cosas, de verdad». Y en esa línea ha reiterado tanto su condena a los ataques terroristas de Hamás el pasado 7 de octubre como sus «serias dudas», de que el Gobierno de Benjamín Netanyahu esté respetando el «derecho humanitario internacional» en su respuesta en la Franja de Gaza.

Sobre el futuro titular del Ministerio de Economía si finalmente Nadia Calviño recala próximamente en el Banco Europeo de Inversiones (BEI), ha reconocido con una sonrisa que tiene «algunas ideas», aunque ha evitado compartirlas. En la estructura de su nuevo Gobierno se ha reforzado enormenente tanto a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ahora con rango de vicepresidenta, como, en el segundo nivel del Gabinete, a Manuel de La Rocha, de nuevo encargado de los asuntos económicos y del G-20 en Moncloa, con dependencia directa del presidente, y ahora con rango de secretario de Estado.