Gobierno y Podemos se lanzan a deslegitimar al TC ante la posible suspensión de su plan

El pleno del Congreso en el que este jueves se ha aprobado la reforma del Código Penal que suprimirá la sedición y rebajará la malversación, además de modificar las normas regulatorias del Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido uno de los más tensos de la legislatura. El diputado socialista Felipe Sicilia, antiguo portavoz de la Ejecutiva del PSOE, ha comparado los recursos presentados por el Partido Popular (PP) y Vox ante el TC, para que tome medidas cautelares contra la reforma de la Justicia mediante enmiendas a otras ley, con el golpe de Estado del 23-F. "Quisieron parar la democracia con tricornios y hoy con togas" ha asegurado desde la tribuna de oradores, provocando una gran indignación de la bancada de la oposición. Más adelante, regodeándose, ha dicho que "debe ser que Tejero era de izquierdas". Al finalizar el discurso del parlamentario socialista, la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, ha pedido la palabra por alusiones, y desde su escaño le ha recordado a Sicilia que aquella asonada se produjo contra un gobierno del centroderecha, el de la Unión de Centro Democrático (UCD).

La intensa y bronca jornada parlamentaria ha estado marcada desde primera hora por ese recurso al TC, que finalmente, y después de que los partidos de izquierda hayan presentado también escritos en contra de la petición de la oposición, ha aplazado al lunes su decisión definitiva. Gobierno y PSOE han radicalizado su posición y se han lanzado a deslegitimar al Tribunal Constitucional ante la previsión de que pudiera suspender el asalto a la justicia ideado por Moncloa. «Supondría un atropello sin precedentes de la democracia y una crisis institucional», ha cargado abiertamente María Jesús Montero. Durante una entrevista en Antena 3 la titular de Hacienda ha afirmado que «nunca la tarea del legislativo ha sido intervenida ni cuestionada por el TC» y ha pedido que «impere la sensatez y el sentido común». Un argumentario repetido desde La Palma por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En la misma línea, el portavoz de los socialistas en la cámara baja, Patxi López, ha advertido que impedir que el Congreso apruebe esta tarde el nuevo sistema de nombramientos del propio Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial equivaldría a una «intromisión del Poder Judicial, con algunos miembros caducados, en el legislativo». El político vasco ha insistido en esta idea al considerar que el recurso de amparo presentado ayer por el PP solicitando que se suspenda la votación que tendrá lugar esta tarde en la cámara es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático» de la derecha.

«Esperamos que la decisión de este TC caducado no vaya por ese camino», ha recalcado antes de entrar en el pleno. «Lo lógico sería que cuando existiera la ley», el máximo órgano de garantías «se reuniese para decidir la constitucionalidad de la ley, pero no antes». El debate de ese punto está previsto para las dos de la tarde aproximadamente y su votación para las cinco.

Noticia Relacionada

El Constitucional decide hoy 'in extremis' si frena el asalto del Gobierno a la justicia

Ana I. Sánchez

El PP recurre de forma inédita antes de que el Congreso apruebe la reforma y fuerza un pleno urgente del TC

Los socialistas olvidan así el respeto a las decisiones y se unen así a los ataques públicos a los jueces que viene lanzando su socio, Unidas Podemos, desde el principio de la legislatura. La formación morada también ha abundado en su estrategia de deslegitimación este jueves al considerar Jaume Asens que España se encuentra ante «la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F».

PSOE y Unidas Podemos intentan impedir por todos los medios que el TC acepte la suspensión de la votación solicitada por el PP. Y además de presionar verbalmente al órgano de garantías, han movido ficha jurídicamente. De un lado, el grupo socialista en el Congreso se ha personado ante el Tribunal Constitucional en un intento por frenar el recurso presentado ayer el PP ante el órgano de garantías. Los socialistas han presentado 'in extremis' un escrito tan solo dos horas antes de que se celebre el pleno extraordinario convocado por Trevijano que podría paralizar la tramitación de las enmiendas introducidas en la reforma que elimina la sedición que afectan al TC y al CGPJ.

De otro, Unidas Podemos presentó ayer por la noche un escrito para personarse en la causa. «No se puede tomar una decisión sin escuchar a las dos partes proponentes de la ley», ha explicado Jaume Asens, portavoz de UP en el Congreso, quien califica la situación como «la amenaza más grave a la democracia desde el 23-F».

Plantean también en dicho escrito un incidente de recusación hacia Trevijano y Arnaldo, magistrado encargado de la ponencia. «El presidente del TC tiene el mandato caducado y participará directamente en una decisión que le incumbe a él directamente. Si la ley entra en vigor será cesado, y de eso depende su sueldo y sus privilegios, que el presidente del TC cobra más que el presidente del Gobierno», ha manifestado Asens.

En el escrito socialista, firmado por la secretaria general del Grupo parlamentario del PSOE, Isaura Leal, manifiestan que han «tenido conocimiento de que se está tramitando el procedimiento de amparo promovido por el Grupo parlamentario del PP», que se «ha solicitado la adopción con carácter de urgencia de medidas cautelares». Advierten que «no» se les «ha dado traslado ni emplazado a comparecer» en el proceso, y por ello solicitan que se les tenga por «personados» en el mismo.

Los socialistas reclaman que «como parte legítima interesada» se les debe dar «trámite de alegaciones» en la tramitación del recurso presentado por el partido Alberto Núñez Feijóo y piden expresamente que «no se adopte medida cautelar alguna» en relación a la proposición de ley que se vota en unas horas en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, el recurso del PP no solicita medidas cautelares sino la medida cautelarísima de la inaudita forma, que implica que el TC resuelva sin pedir audiencia a la otra parte.

Los socialistas también alegan que para que el alto tribunal adopte «la medida cautelar debe justificarse de forma suficiente» que existe perjuicio «si prosiguiera la ejecución del acto impugnado». En este caso, argumentan que, «sin género de duda», «no pueden existir perjuicios de difícil reparación, dado que el procedimiento legislativo no ha concluido y la tramitación proseguirá de acuerdo con las previsiones de la Constitución y los Reglamento Parlamentarios».

«Una vez aprobada, el Tribunal Constitucional podrá pronunciarse respecto tanto al fondo como al procedimiento seguido por el Parlamento», aseveran y añaden que adoptar «la medida cautelar provoca una perturbación en un interés constitucionalmente protegido y que afectaría a uno de los fundamentos de la democracia» como es la «potestad legislativa» de las Cortes.