Doce horas de infarto para la división de poderes en España

Entre medias, un aplazamiento del fallo del Constitucional que no gustó a ningún grupo político. A los conservadores, porque permitió que la cámara baja aprobara la reforma del sistema de nombramientos de este tribunal y del Consejo General del Poder Judicial que pretende Pedro Sánchez. A los progresistas, porque mantuvo en el aire, hasta el lunes, la posible suspensión ya que la reforma aún debe ser aprobada por el Senado.

Todos los escenarios estaban abiertos por la mañana cuando PSOE y Podemos sacaron toda su artillería contra el movimiento del PP. Los dos socios habían remitido sendos escritos al Tribunal Constitucional durante la noche con una doble intención. En primer término, dilatar el fallo del órgano de garantías para que se produjera una vez celebrado el pleno del Congreso. Y en segundo, evitar que ese fallo consistiera en la suspensión de la tramitación que solicitaba el PP. 

Aunque ambos escritos cuestionaban las medidas cautelarísimas reclamadas por los populares, el más efectivo fue el de Podemos porque pidió recusar al propio presidente del TC, Pedro González Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez. Una cuestión a resolver antes que el recurso del PP. El argumento de la formación morada fue una supuesta «contaminación» de ambos, a la vista de que la reforma del sistema de nombramientos permitiría sustituirles por los dos nuevos miembros elegidos por Sánchez.

Y ello dio alas a los cinco magistrados progresistas para retrasar tres horas el inicio del pleno (de las diez a la una de la tarde) argumentando que debían estudiar los escritos, mientras el orden del día avanzaba en el Congreso como si de una cuenta atrás se tratara. «El Tribunal Constitucional discute si mantiene el bloqueo del Tribunal Constitucional», se burló el diputado del PSC, José Zaragoza. 

Para no quedarse fuera de la pantalla, Vox se descolgaba a media mañana imitando al PP y pidiendo también al TC la suspensión de la reforma.

Complementariamente, presión mediática máxima para condicionar al Constitucional. Gobierno y PSOE se lanzaron a deslegitimar a este órgano desde primera hora, con ministros y diputados utilizando las palabras «intromisión», «injerencia», o «atropello» para referirse a una posible suspensión de la reforma, que Podemos llegó a tachar de amenaza semejante a la del 23-F. «Supondría un atropello sin precedentes de la democracia y una crisis institucional», cargó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un argumentario repetido después por la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el portavoz de los socialistas en la cámara baja, Patxi López, y amplificado por el presidente del Grupo Unidas Podemos, Jaume Asens, que comparó la situación con la mayor amenaza desde el 23-F.

En el interior del TC, y en torno al mediodía, terminaba por vencer el argumento de los magistrados progresistas respecto a que la cuestión era muy compleja, muy relevante y necesitaba ser estudiada en profundidad. El presidente del TC levantaba la sesión trasladando la toma de la decisión a un nuevo pleno el lunes. Pero esta salida no rebajó los voltios en el Congreso ni en el Gobierno.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, convocó a la prensa para sumar apoyos a su moción de censura. «Vox va a seguir trabajando para que podamos censurar en el Congreso a este Gobierno ilegítimo que toma decisiones ilegítimas». Y diría después, «Ninguna toga va a limitar la capacidad del pueblo para autogobernarse. Esas y otras amenazas a los jueces se escuchan a gritos hoy mismo en la tribuna del parlamento. El momento es gravísimo».

PP, Vox y Cs pidieron en cascada y sin éxito a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que aplazara el debate. Pero la socialista despachó la petición argumentando que no estaba oficialmente enterada de lo que sucedía en el TC. «Nunca pensé que tendría que repetir en el Congreso lo que dije en el Parlament en 2017. Pero muchos españoles no imaginamos que todo un Gobierno de España actuaría como el separatismo, ni que las instituciones que nos defendieron de ellos, hoy tendrían que defendernos de Sánchez», cargó la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

El pleno fue una apoteosis de tensión, con el socialista Felipe Sicilia dejándose arrastrar por Podemos y acusando al PP de estar detrás del 23-F. «Quisieron parar la democracia con tricornios y hoy han querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida. Tienen bloqueado el Tribunal Constitucional porque lo utilizan para ganar lo que pierden en las urnas«, cargó.

Una frase que fue convenientemente twitteada por el Grupo Socialista, como claro respaldo de la dirección parlamentaria a un discurso que fue acogido con fuertes aplausos de sus compañeros de bancada, puestos en pie. Su alocución estuvo tan cargada de los exabruptos que utilizan Unidas Podemos y los independentistas que cuando el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, subió a la tribuna de oradores fue difícil encontrar diferencias. «Tejero lleva toga», resumió después el republicano en su red social.

«Apunten esta fecha: 15 de diciembre de 2022. El día en que el partido del Gobierno llamó golpistas a los jueces desde la tribuna del Congreso de los Diputados», publicó la diputada popular, Cayetana Álvarez de Toledo. «Hoy es uno de los días más tristes en el Congreso. Se ha perpetrado un ataque a nuestro bien más preciado la Constitución. Un asalto al Estado de Derecho y un debilitamiento de las instituciones. Urgen elecciones porque España no merece estar representada por este presidente», escribió la exvicepresidenta del Congreso, Rosa Romero.

Cuca Gamarra (PP) tuvo que pedir la palabra para recordarle a Sicilia que aquella intentona golpista iba contra un gobierno de centro derecha. «Tienen que revisar un poco la historia y no intentar cambiarla. Lo que no podrán cambiar es el futuro de la historia que ustedes están escribiendo», replicó. Y es que no solo la intentona golpista se lanzó contra UCD sino que el entonces presidente de Alianza Popular, Manuel Fraga, se encaró directamente con Antonio Tejero diciendo que todos los diputados abandonaban el Congreso y retando a los golspitas a disparar contra él.

Antes del choque, Gamarra había defendido desde la tribuna de oradores que «claro que se pueden reformar las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, pero con garantías. Señor Sánchez, con valentía, tráigalo como proyecto de ley del Consejo de Ministros, con todos los informes y con un debate de verdad, donde se pueda enmendar», retó al líder del Gobierno. «Señores socialistas ¿pueden decirnos en qué páginas del programa electoral de Sánchez aparece que van a derogar la sedición y abaratar la corrupción? Esto es un fraude a sus propios electores. Si tuvieran vergüenza y fueran valientes, pondrían las urnas y que hablen los españoles«, recriminó a la bancada que apoya al Gobierno.

El que fuera portavoz de Ferraz se despidió con un verso de Rafael Alberti, «a galopar, a galopar». Lo que no dijo fue la continuación de ese verso: «hasta enterrarlos en el mar».