Sánchez se alinea con Zapatero y calla ante las expulsiones de Maduro

En paralelo, el presidente del Senado del país, José García Ruminot, y su vicepresidente, Matías Walker, pidieron al presidente chileno, Gabriel Boric, que adopten «las medidas diplomáticas necesarias y suficientes para representar el serio agravio que este hecho constituye en contra del Estado chileno». El propio Boric había exigido un día antes que el proceso electoral fuera transparente y que permitiera la observación internacional.

Como los españoles, los senadores chilenos deportados denunciaron a través de sus redes sociales que no recibieron «ningún tipo de explicación». «Estamos aquí en el aeropuerto de Venezuela, nos están deportando simplemente porque dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento, es completamente arbitrario», dijo en un vídeo el senador de la formación de centroderecha Evópoli, Felipe Kast. Por su parte, el ultraderechista José Manuel Rojo Edwards, del Partido Social Cristiano, aseguró que «nada que haga la dictadura va a hacernos cejar en este esfuerzo por defenderlos». «La dictadura venezolana no nos dejó entrar, pero quiero que sepan los venezolanos que desde Chile y todo el mundo vamos a seguir defendiendo la libertad y los Derechos Humanos porque se lo merecen. Chile está con ustedes, toda Latinoamérica está con ustedes», dijo desde el avión.

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En el caso de España, fuentes del Ministerio de Exteriores se limitaron a señalar el viernes por la noche que tanto el Senado como el Grupo Parlamentario Popular habían sido informados de la inadmisión de la solicitud de «acudir como misión de observación electoral».

Sin embargo, desde el PP se insiste en que en ningún caso los representantes del partido acudieron como observadores. Uno de los expulsados, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, explicó a su llegada a Madrid que había tres expediciones diferentes: una de la Eurocámara, otra del Congreso y otra del Senado. La última era un viaje oficial«aprobado por la Mesa» de la Cámara Alta y, por tanto, «debería haber contado con una protección especial, tanto por parte de las autoridades de Venezuela como Madrid». La del Parlamento europeo y la del Congreso, apuntó, eran misiones particulares del PP que respondían a invitaciones formales de la oposición venezolana para acompañarles el día de las elecciones.

«Quiero dejarlo claro porque en la legislación venezolana hay dos conceptos distintos: el de observador internacional, que ese sí tiene que ser reconocido por la autoridad electoral, y el de acompañante, que no requiere ese reconocimiento. Nosotros fuimos de acompañantes», aclaró Pons a su llegada en Barajas.

Las tres delegaciones habían escrito previamente tanto al Ministerio de Exteriores como al embajador de España en Caracas y a los embajadores de Venezuela en Bruselas y en Madrid. En ninguno de los tres casos recibieron una negativa para acudir, por lo que niegan la versión de Exteriores de que antes de partir fueron informados a priori de que serían devueltos a España.

«Fuimos a observar y hemos observado una dictadura que se pudre y se cae, un régimen que se acaba, y tememos que mañana (por este domingo) Maduro sea capaz de las mayores atrocidades para intentar impedir la victoria imparable de la oposición democrática y de la democracia en Venezuela», señaló el europarlamentario. Pons calificó la decisión de expulsarles de «arbitraria» y lamentó que el embajador de España no estuviera presente y no acudiera «a amparar a nueve compatriotas suyos en una situación difícil y sometidos a la arbitrariedad de un poder dictatorial». «El Ministerio de Exteriores se equivoca poniéndose de parte de Maduro», dijo.

A su juicio, el ministro Albares «debería rectificar inmediatamente, y en lugar de avalar los argumentos de Maduro, tendría que respaldar a sus compatriotas de nación y de democracia que hemos sido maltratados por parte de un país en el que las libertades hoy no están garantizadas». Anunció, además, que en el Parlamento Europeo van a exigir «reciprocidad de trato para los chavistas» y que, tras la victoria de la oposición, sean conducidos ante el Tribunal Penal Internacional. De Zapatero dijo que su comportamiento es «indecente, inaceptable». «Nueve compatriotas suyos han sido maltratados y expulsados de Venezuela, y él disfrutando de las mieles de la amistad de Maduro».

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, insistió en que el Gobierno de España sabía perfectamente que acudían a Venezuela a apoyar esta candidatura como particulares y «no como observadores». «Qué lamentable ver (al Ejecutivo) compartir el discurso del chavismo y de Maduro». A su juicio, es «tremendamente preocupante que quien fue presidente del Gobierno de España dé apariencia de legalidad a este proceso». «Es cómplice -insistió- del régimen chavista». Contrapuso Tellado la «valentía» de los miembros del Gobierno de España con los «dictadores muertos» y la «sumisión» que muestran con los dictadores vivos. «Es lamentable que la izquierda de nuestro país prefiera una dictadura de izquierdas que un gobierno democrático de derechas y eso es lo que esta pasando en el equipo de Sánchez».

El caso de los senadores y de la delegación de PP no han sido los únicos. Horas antes de la deportación de los españoles, la senadora colombiana Angélica Lozano Correa, que tenía previsto reunirse con la opositora María Corina Machado, también denunció que había sido expulsada junto con un grupo de ciudadanos colombianos y ecuatorianos tras intentar entrar en Venezuela.

Además, una delegación formada por cuatro expresidentes y una exvicepresidenta latinoamericanos se quedaron en tierra en Panamá tras intentar ingresar al país con motivo de su labor de observación electoral.