El Supremo avala la legalidad del estado de alarma

Además, señala que la decisión del Ejecutivo fue asumida "en su integridad" por el Congreso de los Diputados el pasado 16 de diciembre, cuando autorizó la prórroga del estado de alarma "en los mismos términos en que inicialmente fue declarado". Por ello, los magistrados del Supremo recalcan que el Gobierno dio al Congreso "la posibilidad de ejercer todos los medios de control que el ordenamiento jurídico le permite" y que, en consecuencia, el recurso de los controladores no puede ser revisado por la jurisdicción contencioso-administrativa.

Según el alto tribunal, "esa decisión asumida por la Cámara no es una actuación administrativa que pueda ser controlada" por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo. También afirma que "está fuera" de las posibilidades de control jurisdiccional que la Constitución atribuye a los jueces y magistrados.

Los controladores presentaron el pasado diciembre dos recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos que establecían el estado de alarma y "la militarización" de los servicios civiles de tránsito aéreo. USCA argumentaba que existían "serias dudas" acerca del procedimiento que siguió el Gobierno para dictar estos decretos, así como sobre los fundamentos legales de dichas normas. Esos decretos fueron la reacción del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la actuación de los controladores, que abandonaron masivamente sus puestos de trabajo el viernes 3 de diciembre, lo que provocó que el espacio aéreo español se cerrase la víspera del puente de la Constitución, con más de 2.000 vuelos afectados.

Los controladores, que aseguran que su reacción fue "espontánea", querían mostrar así su malestar con el Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros ese mismo 3 de diciembre, que establecía los criterios para computar el máximo de 1.670 horas anuales que deben trabajar estos profesionales. Ante la situación de caos que generaron los controladores, el Gobierno dio un ultimátum y firmó un decreto por el que el Ministerio de Defensa asumió el control del espacio aéreo español, mientras que la Fiscalía de Madrid abrió diligencias penales por un posible delito de sedición, que está penado con hasta 8 años de cárcel.