El juicio del 'Prestige' se suspende a causa de la huelga

En la sesión de hoy estaba previsto que continuara la declaración de Apostolos Mangouras, capitán del 'Prestige' cuando en 2002 se hundió frente a las costas gallegas provocando una catástrofe medioambiental. Mangouras, de 77 años, comenzó ayer su declaración y a preguntas del fiscal especial de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, reconoció ante el tribunal que juzga los daños causados por el vertido de 66.000 toneladas de fuel pesado que los tanques de lastre del petrolero, en los que se originó la avería, tenían "corrosión". Además, denunció que fue tratado como un "criminal" por las autoridades españolas tras abandonar el barco y criticó la decisión de alejar el buque de la costa.

El capitán del 'Prestige' se enfrenta a una pena de 12 años de prisión por atentado contra el medio ambiente, daños y desobediencia. El 'macrojuicio' del 'Prestige' comenzó el pasado 16 de octubre en La Coruña con la presentación de alegaciones y la reclamación de nuevos testigos o pruebas periciales por las diversas partes personadas en la causa.

El tribunal que juzga la causa rechazó la petición de nulidad solicitada por los principales acusados, Mangouras, y el jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, por lo que la vista se reanudó ayer.

El Ministerio Fiscal reclama por la 'marea negra' provocada por el hundimiento del 'Prestige' indemnizaciones por los daños causados que suman 4.442 millones de euros. Dadas sus dimensiones, el 'macrojuicio' se celebra en Expocoruña, un recinto multiusos que ha sido necesario habilitar dadas las dimensiones del proceso, el mayor de la historia judicial de Galicia.

Están acusados en este proceso, además del capitán del barco y el jefe de máquinas, el primer oficial, el filipino Ireneo Maloto, que actualmente se encuentra en paradero desconocido. Si en algún momento Maloto fuese localizado, sería juzgado de manera independiente al resto de los imputados.

En el banquillo de los acusados también se sienta José Luis López-Sors, exdirector general de la Marina Mercante cuando Francisco Álvarez-Cascos dirigía el Ministerio de Fomento, que está acusado de imprudencia grave por el rumbo errático que siguió la nave durante seis días y que extendió el vertido de fuel desde Galicia hasta las costas francesas. Para todos ellos se piden penas de prisión que oscilan entre los 12 y los 5 años.

Asimismo, están imputados como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños debido a la contaminación por hidrocarburos, y como responsables civiles subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.