La encarnación del oportunismo político

Munar (Barcelona, 1955) ha sido casi de todo en la política de Mallorca desde que entró en la liza democrática en las primeras elecciones municipales constitucionales en 1979: alcaldesa de su pueblo, Costitx, durante más de dos décadas, consellera de Educación y Cultura en el Govern del popular Gabriel Cañellas, presidenta del Consell de Mallorca y máxima responsable del Parlament autonómico.

Su cercanía con el dirigente de UCD Jeroni Albertí la llevó a sumarse como fundadora al proyecto regionalista impulsado por éste en 1982, UM, partido del que pronto llegó a ser la líder absoluta y con el que alcanzó cotas de poder muy por encima de unos resultados electorales siempre discretos.

Munar, que con 24 años fue la alcaldesa más joven de España, ha sido maestra en jugar la baza del minoritario apoyo electoral de su partido para multiplicar el poder que le brindaban las urnas a cambio de decidir quién gobernaba.

En 1995, UM sumó sus votos a los de los partidos de izquierdas en el Consell de Mallorca para que la institución ejerciera de contrapeso al Govern autonómico del PP liderado por Cañellas, pero a cambio Munar obtuvo la presidencia, un cargo al que dotó de enorme boato y desde el que ejerció un gran influjo, tanto material como simbólico, en la vida pública balear.

Cuatro años después, la aritmética electoral dio a la líder regionalista la oportunidad de subir un nuevo escalón en el aprovechamiento de la condición de bisagra de UM: los comicios autonómicos dejaron en sus manos la formación del Govern. Cortejada por izquierda y derecha, se decantó por los primeros y el socialista Francesc Antich fue investido presidente de un ejecutivo regional en el que UM no quiso integrarse, aunque como contrapartida gobernó el Consell de Mallorca junto con el PSM, con PSOE e IU como apoyos externos, y Munar mantuvo su cetro.

"La princesa", como la tildaban ya entonces sus detractores políticos y mediáticos, siempre gustó de ejercer el poder de modo personalista, tratando de hacer de su partido el centro de la vida política insular, lo que degeneró en casos de uso espurio de las instituciones en favor de UM y sus dirigentes, según han dictaminado varios tribunales de Justicia.

En las elecciones de 2003 el PP, liderado por Jaume Matas, obtuvo mayoría absoluta en el Parlament, pero su hegemonía era insuficiente en Mallorca y pactó el estéril apoyo parlamentario de los diputados de UM a cambio de que Munar se mantuviera como presidenta insular al frente de un gobierno por completo "uemita" a excepción del área de Servicios Sociales, que gestionaron los populares.

Con un premio tan por encima de los 31.781 votos obtenidos en los comicios, Munar y sus correligionarios acentuaron su control casi absoluto de la administración del Consell y engordaron el caldo en el que se cocieron varios de los escándalos de corrupción (algunos presuntos y otros ya juzgados) que desembocaron en 2011 en la disolución de UM y la imputación judicial de toda su cúpula.

La líder regionalista dio otro salto hacia arriba en su táctica de casarse con el mejor postor tras los comicios de 2007, cuando la Justicia ya le pisaba los talones. En las elecciones de ese año el PP perdió la mayoría absoluta y Munar, con poco más de 28.000 votos, volvía a ser el fiel de la balanza. Con el PSOE al frente del Gobierno central y despechada por una agria campaña del PP balear para tratar de recuperar el Consell de Mallorca, Munar dejó plantado a Matas y UM se coaligó a la izquierda para formar parte de los gobiernos insular y autonómico.

Para ella se reservó el segundo cargo en dignidad protocolaria de la comunidad autónoma: la presidencia del Parlament balear, institución que fue la primera mujer en encabezar. Desde el sillón de mando del hemiciclo, en el que pretendía iniciar su retiro dorado, presenció la desintegración paulatina a causa de los escándalos judiciales del partido que había fundado y que desde diciembre de 2007 había dejado en manos de su delfín, Miquel Nadal, hoy enemigo por delator.

La sucesión de investigaciones judiciales que implicaban a altos cargos de UM y su propia imputación primero en el caso Can Domenge y más tarde en el caso Maquillaje, por el que pagó una fianza de 350.000 euros para seguir en libertad, la obligaron finalmente a dimitir en febrero de 2010 tras una prolongada agonía cuya vertiente judicial aún tiene mucho recorrido.

Ahora, si el Supremo no tumba la dura sentencia impuesta en su contra y con un nuevo juicio por corrupción a la vista en el llamado "caso Can Domenge", su futuro pasa más por la cárcel que por los despachos y salones en los que durante años reinó.