César Cabo acusa al Gobierno de usarles como chivo expiatorio y piensa en dedicarse a la política

Según Cabo, los controladores aéreos abandonaron en masa sus puestos de trabajo el pasado 3 de diciembre sin realizar previamente una convocatoria de huelga porque a la vista de "los decretos y la forma de funcionar del Gobierno pensaron que no tenían ese derecho" y que habría unos servicios mínimos que "le quitarían el sentido a la huelga". Cabo, quien afirma que pasó "miedo y mucha angustia" esa noche, señala que "todo ha sido una jugada del Gobierno" para utilizar a los controladores como "chivos expiatorios" y "desviar la atención del "verdadero problema de AENA: la deuda de 12.000 millones de euros por la inversión en infraestructuras y la privatización".

Aunque insiste en que los controladores tienen que actuar "con responsabilidad", porque con sólo mencionar la palabra "huelga" se producen "cancelaciones de vuelos". Añade que el Ejecutivo buscaba "provocar" a los controladores "para llevarles al conflicto", y que el ministro de Fomento, José Blanco, lleva un año diciendo lo malos que son y demonizándolos. "Al final, provocó tanto que la gente saltó y cayó en la trampa que les habían tendido. Ellos ya sabían que los controladores iban a perder la cabeza. Tenemos un informe de febrero en el que ya se barajaba la posibilidad de militarizarnos", subraya.

Para el portavoz de USCA, los controladores cometieron "un suicido colectivo" al abandonar sus puestos de trabajo en la víspera del Puente de la Constitución, lo que fue "una cerilla en un bidón de gasolina".

A su juicio, el Gobierno ha "mermado" los derechos de los controladores desde febrero del año pasado, con medidas como la ley que reduce su salario "casi un 50 %", y con los "decretazos" de Semana Santa, agosto y diciembre, que han aumentado su jornada laboral de 1.200 horas a 1.840. En este sentido, denuncia que si un controlador pide "horas de baja médica o un permiso por un problema familiar, pueden obligarle a devolverlas", y apunta que en su trabajo necesitan un "ambiente relajado, en las condiciones óptimas".

Además, asegura que el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, "tiene un problema personal contra los controladores", y que "si algo ha quedado claro con todo este lío" es lo que vale el trabajo de este colectivo, porque "la economía española depende de nosotros". No obstante, Cabo reconoce que el caos aéreo que llevó a la militarización de los aeropuertos trajo consigo "un problema económico" y ha dañado a la imagen de España en el exterior,

Dice también que el colectivo "se arrepiente de lo que ha pasado", pero que es un "disparate" que "un conflicto laboral provocado por el Gobierno" desemboque en un estado de alarma "que no se ha convocado ni con el 23-F".

Sobre cómo deberían pagar los controladores por este incidente, asegura que tiene que ser AENA "quien determine la responsabilidad dentro de la empresa, y nadie más", y afirma que es "exagerado" que el fiscal pida para ellos "penas de ocho años" y les acuse de sedición. También dice que los controladores han sido "incomprendidos, vilipendiados y discriminados", y, por lo que respecta a sus sueldos, señala que "en tiempos de crisis es muy fácil desatar la ira de las masas usando el lenguaje del dinero" y acusa al Gobierno de "azuzar la envidia".

Por otro lado, Cabo, quien afirma que este año cobrará 200.000 euros, no ha escatimado críticas hacia la clase política, que cree que está "poco cualificada". "¿Cómo es posible que haya ministros que no sepan hablar inglés?, se pregunta. "Me choca que Leire Pajín, que no tiene ninguna vinculación con el sector sanitario, esté en el Ministerio de Sanidad, un área de la que no tiene conocimientos", afirma.