De Puigdemont a Junqueras, pasando por los CDR: los posibles beneficiados por la amnistía

También afectará a los cuatro de los condenados por el 1-O todavía inhabilitados, incluido el líder de ERC, Oriol Junqueras. Aunque los doce políticos sentenciados ya fueron indultados y abandonaron las prisiones en las que cumplían la pena, algunos continúan sin poder desempeñar un cargo público. A ellos se suman unos treinta empresarios y cargos del Govern procesados, aunque Ómnium Cultural cifró el número de personas que deberían beneficiarse de la amnistía en 1.432, entre los que se cuentan los CDR y miembros de Tsunami Democràtic.

Está por ver qué pasará con varios nombres que los de Puigdemont han querido encajar dentro de la amnistía. La inclusión del 'lawfare' en el acuerdo con el PSOE puede abrir la puerta a beneficiar a autores de delitos no comprendidos directamente en el proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás; el jefe de la oficina del expresidente catalán, Josep Lluís Alay, o el abogado del expresidente, Gonzalo Boye. Todos ellos están encausados en delitos distintos al 1-O.

También podrían beneficiarse de la amnistía algunos de los condenados por el 1-O, ya que, a pesar del indulto que les permitió salir de prisión, cuatro de ellos continúan inhabilitados. Actualmente Junqueras y la exconsellera Dolors Bassa deben cumplir esta prohibición de ejercer como cargo público hasta 2031 y Raül Romeva y Jordi Turull hasta 2030.

Los líderes independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están condenados por el nuevo delito de desórdenes públicos agravados mientras que la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull lo están por desobediencia. Pese a ello, la reforma penal extinguió totalmente sus condenas de inhabilitación, que iban de los 9 años a los 11 años y medio.

Al margen de los delitos vinculados directamente al 'procés', Junts busca amnistiar también a otras personas de su entorno. Es el caso del jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, investigado por pagar un viaje a Nueva Caledonia con dinero público, por el caso 'Voloh' -que investiga la financiación dle 1-O- y por la causa 'Tsunami' -centrada en las protestas violentas contra la condena a los líderes independentistas.

Es la misma situación de la expresidenta de la Generalitat y líder de Junts, Laura Borrás, condenada a cuatro años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por trocear contratos del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) cuando estaba al frente de este para favorecer a un amigo informático.

Un caso similar es el del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, procesado por un delito de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico del clan de José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Nada tienen que ver esos cargos con el 'procés', por lo que solo sería posible su amnistía con la entrada del 'lawfare' en el texto de la ley y si se determinase que la acusación contra él se ha construido artificialmente.

Boye ya se pronunció el pasado 6 de noviembre sobre este concepto anglosajón, que se refiere a la persecución judicial basada en intereses espurios y no en el imperio de la ley: «La 'lawfare' debe entrar en la ley de amnistía, no por los nombres, sino por lo que implica políticamente para España».