Puigdemont deja estupefacción en el Supremo y problemas legales a sus cómplices de huida

La perspectiva, ya lo informó este diario, era que tras pasar por un juzgado de guardia catalán fuese trasladado a Madrid para comparecer cara a cara con el juez instructor de la causa del procés en el Supremo, Pablo Llarena, que le reclama para juzgarle desde hace ya siete años. Pero todo se vino al traste cuando Puigdemont se escurrió tras el escenario, generando primero estupefacción y luego malestar en el Tribunal que habría de esperarlo. En la Fiscalía, órgano que iba a estar representado por la número dos, Ángeles Sánchez-Conde, en una eventual vista de prisión -ella iba a pedir la puesta en libertad-, se cerró el día sin comentario oficial. Fuentes fiscales, sin embargo, comentaban con disgusto el resultado: las órdenes de detención hay que cumplirlas.

Este fue de hecho, el único mensaje oficial que emanó del Supremo por la mañana, cuando tras el discurso del expresidente y ante las informaciones contradictorias que apuntaban a que los Mossos tenían a Puigdemont localizado y a la vez, que activaban una operación jaula para buscarle, se recordaba la vigencia del imperativo legal: «Los Mossos saben que tienen la orden de detenerle. Llarena lo puso muy claro en su último auto, en el que acordaba no aplicar la ley de Amnistía para el delito de malversación», se decía en fuentes, para incidir en «la obligación de detenerle y ponerle a disposición judicial».

No fue así, pero este quiebro del líder de Junts no tiene por qué implicar una reacción judicial. La orden nacional sigue en vigor y la reactivación de la orden internacional que Llarena mantiene en suspenso, continúa a priori supeditada a que se resuelva el recurso en Europa sobre la denegación de inmunidad parlamentaria al expresidente y, de paso, a que la Sala de lo Penal del Supremo confirme que la malversación no es amnistiable. De acuerdo a las fuentes consultadas, la 'escena' de ayer no necesariamente afecta a esta consideración. Sí es un hecho que la imputación por malversación agravada, sumada a la circunstancia de Puigdemont entrando y saliendo impunemente pese a la orden de detención, apuntala la concurrencia de riesgo de fuga de cara a una eventual detención del expresidente, dentro o fuera de España, en su caso.

Cabe recordar que fugarse, en sí mismo, no es un delito. Acarrea consecuencias a la hora de considerar medidas como la prisión provisional y el agravamiento de las conductas, pero no está tipificado. A Puigdemont se le persigue por malversación, pero no por sus siete años en Waterloo. Cosa distinta es contribuir a que una persona se sustraiga de la justicia, que es el horizonte que afrontan las personas a las que dejó atrás Puigdemont tras desaparecer este jueves en Barcelona, un asunto que será competencia de los tribunales catalanes.

Los primeros implicados serían dos miembros de los Mossos, según informó ayer el Cuerpo autonómico, que también tiene previsto interrogar al secretario general de Junts, Jordi Turull. En el caso de los agentes, pueden afrontar una imputación por un delito de encubrimiento, de los previstos en el artículo 451 del Código Penal, que acarrean pena de 6 meses a 3 años si le han ayudado a fugarse en un abuso de sus funciones públicas, cuestión peliaguda: al menos uno estaba de baja. En caso de que se tratase de agentes de servicio, el ilícito lo podría ser de omisión del deber de perseguir delitos. En todo caso, cabe recordar que la Audiencia Nacional absolvió hace tres años a los dos mossos que escoltaron a Puigdemont en su periplo por Europa en marzo de 2018 y a los que la Fiscalía pedía año y medio de cárcel. La conclusión es que estando ambos de permiso, no había abuso de la función pública y el delito del expresidente, que entonces era sedición, no está entre los ilícitos graves cuyo encubrimiento sí acarrea directamente cárcel, como la traición o el terrorismo. La malversación, tampoco.

Ayer, los dos mossos detenidos invocó el habeas corpus y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, de guardia para incidencias. Será quien resuelva si la detención fue legal y acuerde las medidas. Conviene precisar que la ley de Amnistía abarca hasta noviembre de 2023. Ni él, ni los dos detenidos ayer en la carga policial a las puertas del Parque de la Ciudadela, podrían, en teoría, acogerse al olvido.

Pero en paralelo a la operación policial en torno a la fuga, que se acabará judicializando, el siguiente escenario es el de las querellas que vendrán y que pueden suponer una escalada en las responsabilidades. Ayer, HazteOir presentó una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra el presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés; su consejero de Interior, Joan Ignasi Elena; el director general de la policía autonómica, Pere Ferrer; y Eduard Sallent, comisario Jefe, por un delito de omisión del deber de perseguir delitos. Piden que se les retire pasaporte cautelarmente.

Mientras, Vox comunicó ayer una querella también ante el TSJ contra el «titular de Interior», el «jefe del operativo policial y contra todos aquellos que han ayudado al golpista fugado» también por encubrimiento, desobediencia y prevaricación, entre otros.