La Justicia se prepara para un regreso que todavía está lleno de incógnitas

Como no está claro dónde se dejará ver por primera vez Puigdemont, este asunto está en el aire. Sus fieles han organizado un acto de recibimiento en las inmediaciones del Parque de la Ciudadela, donde se prevé aglomeración de personas, lo que desaconsejaría la intervención policial. Tendrá que cruzar no obstante la explanada para acceder al Parlament. Una vez dentro, no podrá ser detenido, no solo por la especial protección de los parlamentarios durante los plenos reafirmada por el presidente de la cámara, Josep Rull, sino porque la escena de las Fuerzas de Seguridad entrando en el legislativo catalán pudiendo esperar a su salida está descartada. Se buscará, dicen las fuentes consultadas, el momento más propicio atendiendo a las circunstancias.

Lo habitual ante una detención en un partido judicial distinto de aquel donde se siguen las pesquisas es que el reo pase a disposición de un juez de guardia de la localidad que corresponda. Hoy en Barcelona están de guardia para detenidos los juzgados de instrucción 21, 22 y 23 y el número 20, para incidencias. Una vez allí, se establece comunicación con el Tribunal Supremo y se procede siguiendo las instrucciones, en este caso, del juez instructor Pablo Llarena.

Según las fuentes jurídicas consultadas por ABC, la previsión es que una vez pase por el juez de guardia, este se inhiba en favor del Tribunal Supremo y Puigdemont sea trasladado a Madrid para comparecer ante Llarena, que convocará a las partes para practicar la indagatoria. Para los independentistas, este paso es clave en su relato del centralismo opresor y un altavoz para propagar mensaje desde la capital. Ya ante el Supremo, a petición previsiblemente de la acusación popular que ejerce Vox, Llarena celebrará una vistilla de cautelares en la que se dirimirá si es enviado a prisión provisional.

Ante el juez de guardia, Puigdemont puede alegar que su detención es ilegal, pero la fórmula del 'habeas corpus' se utiliza para agilizar la puesta a disposición ante un juez que valide la actuación policial y en este caso, el juez del Supremo ya la ha validado, pues hay una orden en vigor. Lo previsible, según las fuentes consultadas, es que se rechazase la pretensión de plano. Estas decisiones sólo son recurribles ante el Constitucional, lo que aceleraría su acceso a un recurso de amparo porque habría agotado ya la vía interna. Sin embargo, la resolución puede llevar más de un año.

Dependerá de la agilidad con la que sea trasladado desde Barcelona a Madrid, una vez esto ocurra, dado que las fuentes consultadas descartan una comparecencia telemática. Apuntan a que si es finalmente detenido hoy en la Ciudad Condal, podría tener que pasar una noche en sede policial para llegar ante el juez al día siguiente. Puede permanecer detenido hasta 72 horas como máximo antes del pase a disposición.

Con el antecedente de siete años eludiendo la acción de la Justicia y la concurrencia de riesgo de fuga, cabe acordar prisión provisional. La Fiscalía no va a solicitar esta medida porque considera que Puigdemont, sobre quien pesa aún una acusación de malversación en el contexto del 'procés', es amnistiable. Cabe recordar que la decisión de Llarena de no amnistiar este ilícito está recurrida por la Fiscalía y su propia defensa ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Cuando resuelva, y la previsión es que confirme esa posición, acabará en el Constitucional, percibido como más favorable a aplicar la norma en los términos que la diseñaron el Gobierno y, precisamente, el partido de Puigdemont.

Si se acuerda prisión provisional, Puigdemont podrá recurrir la decisión primero ante el juez Llarena y luego, en apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo. Agotado este camino, se abren las puertas del Constitucional por la vía del recurso de amparo. Aunque en una causa con preso los plazos de tramitación son necesariamente más ajustados, llegar hasta el órgano de garantías llevará semanas.

Una de las funciones de la prisión provisional es garantizar la comparecencia en el juicio y no tiene fecha, precisamente porque él estaba fugado. Si los recursos no le dan antes la razón y resulta excarcelado por la previsión de ser amnistiable, podría permanecer en preventiva hasta que se celebre la vista oral. El tope, teniendo un horizonte penal de condena que supera la década de cárcel, son 4 años.

Como Puigdemont, se marcharon otros cabecillas del 'procés' para eludir al Supremo, de los que sólo quedan sin amnistiar los 'exconsellers' Toni Comín y Lluís Puig, procesados por malversación, como el 'expresident'. El primero reside en Bélgica y está a la espera de que el TJUE le conceda por la vía cautelar su acta de eurodiputado sin tener que pisar España para jurar la Constitución. El segundo está en Francia y esta semana declaraba en 'La Vanguardia' que no piensa regresar. Marta Rovira (ERC), que en su día se marchó, ha sido amnistiada y Clara Ponsatí regresó cuando se despenalizó la sedición. Fue detenida y quedó en libertad. Está pendiente de juicio por un delito de desobediencia que no acarrea cárcel.

El después de la escena que se prevé para hoy es una cadena de recursos hasta que el Tribunal Constitucional dicte el final de la partida y en espera de si el asunto acaba también en el Tribunal de Estrasburgo. La Fiscalía ya se ha partido por la aplicación de la amnistía -los cuatro fiscales que llevaron el 'procés' se han apartado del asunto-, y la perspectiva es que también entre el Supremo y el Constitucional se abra una grieta si uno mete a Puigdemont en la cárcel y el otro enmienda la decisión.