Un juez explica qué puede ocurrir con Puigdemont cuando entre en España

Ante la previsión de que esto ocurriera e incluso antes de que se confirmara el regreso del expresidente catalán este jueves, ya se analizaban los posibles escenarios a los que esta situación podría dar lugar. Uno de ellos es la suspensión de la investidura de Illa, pero también tiene repercusiones desde la vía judicial.

Con esta atmósfera, el juez Ignacio González Vega ha analizado en el programa 'Más de uno' de Onda Cero qué podría ocurrir si finalmente Puigdemont llega a España este jueves. Para el magistrado lo esencial es que habrá que tener «mucha cautela». Entrando en materia judicial, se plantean diversos escenarios.

González Vega insiste en que al margen de la orden de detención nacional por malversación, lo que estaría fuera de lo amnistiable, existe una requisitoria cursada por el juez Llarena que es una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión.

Según el juez, podrían darse dos situaciones en la detención. La primera es que fuera detenido en la frontera franco-española y la segunda que lo fuera en la ciudad de Barcelona. Sea cual sea el caso, al ser detenido se pondría a Puigdemont a disposición «del partido de guardia donde se haya efectuado la detención». Si es, por ejemplo, en la frontera por el acceso de la Junquera «el juez de guardia sería el de la localidad de Figueras en el Alto Ampordán».

El magistrado ha basado su explicación siempre teniendo en cuenta que existe una requisitoria: «Una vez ante el juez de guardia, deberá efectuarse una comparecencia al amparo del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ratificar esa prisión, es decir, para saber si persisten los motivos por los cuales se decretó ese ingreso». González Vega explica también que podría hacerse de forma telemática o trasladando a Puigdemont a Madrid, lo que podría prorrogar el proceso.

Aunque una de las partes pida el ingreso en prisión, «en este caso en concreto ya hay dictada una requisitoria» para ello. Asimismo, subraya que «estamos hablando de un delito de malversación de caudales públicos de forma agravada que son 10 años de prisión».

El contexto de este caso y la reciente aprobación de la Ley de Amnistía podrían provocar incluso que Puigdemont aludiera a una detención ilegal, un extremo que el magistrado rechaza.

Los motivos son dos, según su explicación: «Primero, hay vigente una requisitoria de detención e ingreso en prisión. Segundo, si se alega la aministía hay un auto del juez Llarena en el que no se considera amnistiable la malversación y lo que tiene que hacer es recurrirlo primero a la propia Sala de lo Penal y en sede de amparo ante el Constitucional».

Por último, si se confirmara esa entrada en prisión, «de acuerdo al artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las causas con preso se tramitarán de forma preferente, lo que supone que contra la causa de prisión se podrá recurrir en reforma y después en apelación en la Sala Penal del Tribunal Supremo y los órganos judiciales están obligados a dictar esa resoluciones resolviendo estos recursos en el mes de agosto», según su criterio. «Eso dejaría una vía expedita para amparo al Constitucional», sentencia el juez Ignacio González Vega.

En este sentido, el magistrado habla de «paradoja» ya que el expresidente catalán fugado tendría una tramitación más rápida de recursos y podría llegar de forma más rápida al Constitucional «que si estuviera en libertad».

No obstante, el juez insiste en que se trata de un caso complejo con muchas aristas en las que el juez Larrena también debe valorar otras cuestiones como si existen motivos bastantes para mantener a Puigdemont como autor de los hechos, el riesgo de fuga, las circunstancias personales o la reiteración delictiva.