El 'Qatargate' fuerza al PSOE a un perfil bajo en la Eurocámara

Que la situación política de un país miembro monopolice los debates en el Parlamento Europeo había sido tradicionalmente un baldón. Pero cuando se ha decidido abordar precisamente la situación del respeto a los principios del Estado de derecho en todos los países miembros, se ha vuelto inevitable abordar estos asuntos. Este jueves ha sido en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourova, que es precisamente la responsable de que todos los socios mantengan su apego al sistema democrático y la separación de poderes, que les fueron exigidos en el momento del ingreso en la UE.

Al referirse a España, Jourova ha vuelto a insistir en que el Gobierno y el Partido Popular deben pactar cuanto antes la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y después reformar el proceso de elección de sus miembros. Ni López Aguilar ni su colega del PSOE Ibán García del Blanco han entrado en la cuestión y reprocharon al PP que «coincida» con el dirigente separatista, huido de la Justicia, Carles Puigdemont, que también estaba a favor de este debate, aunque por razones diametralmente opuestas. En varias ocasiones los representantes del Gobierno, que se apoya en una mayoría en la que se incluyen los secesionistas catalanes, han indicado en el Parlamento Europeo que no ven la necesidad de cambiar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, que consideran adecuado.

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El popular Javier Zarzalejos le ha respondido a Jourova que «pierda toda esperanza: el Gobierno español ni ha cumplido ni va a cumplir con ninguna de las recomendaciones sobre Estado de derecho. Por supuesto, no con la reforma del Ministerio Fiscal, no con la reforma del Consejo General del Poder Judicial» porque «quieren jugar solo la primera parte del partido», es decir, elegir los miembros del CGPJ sin cambiar las reglas para favorecer que sean los propios jueces los que decidan quien forma parte de al menos la mitad de su órgano de gobierno.

En su intervención, Dolors Montserrat ha denunciado, entre otras cosas, «el cese ilegal del coronel Pérez de los Cobos» y que «España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, deterioro institucional e irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones del actual Gobierno socialista y comunista», que «es el peor de la democracia», según la exministra del PP.

Por parte de Ciudadanos intervino Maite Pagazaurtundúa, para quien la culpa del deterioro del Estado de derecho en España es «de los dos grandes partidos» que han utilizado para su conveniencia el sistema de elección del CGPJ y que en la actualidad el Ejecutivo socialista ignora todas las advertencias de la Comisión Europea. Ha añadido que, para salir de este bucle, «la única solución es que se cambie primero la ley».

Jorge Buxadé, de Vox, ha aexplicado que las reformas del Código Penal, como las reducciones de penas por abusos sexuales o la desaparición del delito de sedición y la aminoración de penas para la malversación, debilitan al Estado, pero también se opuso a que «la UE despoje a España de su soberanía».

El resto de portavoces de la izquierda y extrema izquierda han apoyado sin fisuras al Gobierno. Puigdemont, es cierto, dio «las gracias» al PP español por «seguir nuestras líneas de defensa», que se basan precisamente en tratar de convencer a todos de que España no es un país democrático.

Está previsto que el mes que viene se vote en sesión plenaria el informe que se deriva de este debate y cuya redacción va a ser como poco bastante tormentosa. Y, antes de que España asuma la presidencia de turno de la UE dentro de tres meses, la Comisión Europea publicará el suyo, en el que ya se sabe que figurarán una serie de críticas al Gobierno, entre otras las ya conocidas sobre el CGPJ, y a las que se añadirá probablemente el tema de la reforma del delito de malversación, que en Bruselas ha causado cuanto menos estupor.