Las empresas andaluzas rechazan el pacto de Pedro Sánchez y Puigdemont que las obliga a atender en catalán a los clientes: «Es un 'págalo tú'»

La formación independentista prevé que esta medida se aplique en empresas de más de 250 trabajadores, que facturen más de 50 millones de euros anuales o que presten servicios básicos de interés general, con independencia de que la sede de la empresa se encuentre o no en Cataluña.

La medida está rodeada de incógnitas. El también vicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de España (CEOE) lamenta que «no sabemos aún el alcance» que tendrá. En todo caso, «no es una buena noticia». En este sentido, ha criticado que por parte del Ejecutivo del PSOE y Sumar se esté «gobernando permanentemente con más y más cargas para las empresas, en línea contraria con lo que marca la propia Unión Europea, que es agilizar, simplificar».

«Todo se hace a costa de las empresas en este país», y «últimamente la política es 'págalo tú', porque eso tiene un coste, y al final si obligas a las empresas a tener que utilizar lenguas que son distintas al castellano, pues bueno, es una medida estupenda de cara a la galería, pero en mi opinión difícil de cuantificar económicamente, pero que va a tener un coste real para las empresas», se ha quejado el presidente de la patronal andaluza.

Ha puntualizado que «puede tener su razón» de ser que una medida así se aplique, como de hecho ya se presta, en empresas «de servicios financieros que tengan su sede social en Cataluña», pero «no tiene demasiada comprensión» en otros casos, tras lo que ha insistido en señalar que habría que «cuantificar no sólo el alcance de la misma, sino también económicamente lo que va a suponer».

En cuanto a la propuesta del Gobierno para la reducción de jornada laboral a un máximo de 37 horas y media semanales, González de Lara criticó «se hace a costa de las empresas», aunque «de cara a la galería quedas muy bien» impulsando esta medida, porque habría que preguntarse, ha añadido, «quién no quiere trabajar menos ganando lo mismo», pero la pregunta que hay que hacerse es «quién lo paga», ha apostillado.

El presidente de la CEA calcula que la reducción de la jornada laboral supondría «un coste superior a los 32.000 millones de euros que se ha evitado» con su bloqueo en la Cámara con los votos de Junts, PP y Vox, «lo cual no es moco de pavo».