Los conservadores del CGPJ frenan la renovación del TC hasta que el comisario europeo venga a Madrid

Después de algo más de una hora, los cinco vocales «negociadores» se han emplazado a una nueva cita el próximo miércoles para seguir avanzando en las negociaciones encaminadas a renovar el órgano de garantías. Los dos magistrados que este órgano proponga más los dos del Gobierno darán un vuelco a la mayoría del TC, que quedará en manos de los progresistas.

Fuentes próximas a la negociación señalaron que los vocales conservadores Carmen Llombart y José Antonio Ballestero han insistido ante sus compañeros (los jueces Roser Bach, Rafa Mozo y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta) en su preocupación por la situación en la que quedaría el Tribunal Supremo al prescindir de otros dos magistrados.

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La reforma del Gobierno que desde hace año y medio impide al CGPJ hacer nombramientos se ha traducido en catorce vacantes en el Supremo, que se incrementarán a dieciséis si esos dos candidatos salen, como viene siendo habitual, del Alto Tribunal. De hecho, todos los vocales consideran que es precisamente del Alto Tribunal de donde deben salir los nombres.

El sector conservador se muestra firme en que para que esto suceda tiene que producirse o bien la renovación del órgano de gobierno de los jueces (atascada desde diciembre de 2018) o bien que el Ejecutivo les devuelva las competencias que les hurtó en materia de nombramientos, que es lo que hizo en julio, por la vía de urgencia, respecto a los del TC.

En este sentido, la visita del comisario de Justicia, Didier Reynders, a España se considera fundamental pues fuentes del Consejo se muestran convencidas de que hay serias posibilidades de que consiga poner fin a la situación extrema del Poder Judicial. Por lo pronto, Reynders ha pedido entrevistarse con el presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, para abordar la delicada tesitura en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces como consecuencia de las reformas del Ejecutivo que lo maniatan. La cita será el próximo 30 de septiembre en el Supremo, informaron fuentes del Consejo.

El grupo conservador ha llevado a la reunión cinco propuestas concretas y, como informó ABC, ningún nombre. La primera de ellas es que los nombramientos han de realizarse por amplia mayoría (prueba de ello son los doce votos exigibles). La segunda, que la selección de los candidatos «a tan alta magistratura» ha de llevarse a cabo tras una «minuciosa evaluación de sus currículos». La tercera, que hay que considerar la repercusión de los seleccionados en la composición de los órganos que van a abandonar (aquí entra en juego el «colapso» del Supremo). La cuarta, que no es conveniente llevar al Pleno los nombramientos mientras tal consenso no se haya logrado. Y por último que este consenso sólo se alcanzará tras la deliberación en el seno de los respectivos grupos.

Los negociadores sólo han llegado a un acuerdo en lo que respecta a los dos primeros puntos. No así sobre las consecuencias que puede tener en el Supremo la merma de su plantilla.

En aras de la «máxima transparencia», los vocales progresistas sí han puesto sobre la mesa nombres de magistrados progresistas del Supremo que han expresado su voluntad de ir al TC. Se trata de la presidenta de la Sala Cuarta, María Luisa Segoviano; el presidente de la Quinta, Jacobo Barja de Quiroga; los magistrados de la Sala Tercera (la más castigada del TS) José Manuel Bandrés, Eduardo Espin, Ángeles Huet, Isabel Perelló y Pablo Lucas; y la magistrada Rosa María Virolés (Sala Cuarta). A ellos se suma el ya jubilado Rafael Fernández Valverde, hasta hace unas semanas también vocal del CGPJ a propuesta del PP.