Los conservadores del CGPJ no darán nombres para el TC si no se resuelve antes el «estropicio» del Supremo

Pero también qué va a suceder con la plaza del TC desierta desde julio por la renuncia del magistrado Alfredo Montoya –cuya propuesta corresponde al Senado– o quiénes van a ser los dos juristas que el Ejecutivo piensa nombrar en la renovación de este tercio del tribunal. En definitiva, el acuerdo que tanto urge al Gobierno para hacerse ya con el control del TC no parece ni mucho menos inminente, como ya vaticinó el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes. Todavía hay muchas cuestiones en el aire.

Por lo pronto, la primera reunión que mantendrán los representantes de ambos bloques será el próximo viernes, tres días después de que haya vencido el plazo (ayer) que el PSOE introdujo a última hora en la reforma con la que en julio se autoenmendó y levantó el veto para que el CGPJ pudiera nombrar a los dos magistrados para el TC. Ajenos al ultimátum del Gobierno, todos los vocales, conservadores y progresistas, son conscientes de que sin diálogo no es posible sacar adelante estos nombramientos, que sólo ellos pueden hacer y para los que necesitan 12 de los 19 votos. Por parte del bloque conservador los «negociadores» serán Carmen Llombart y José Antonio Ballestero; por parte del progresista llevarán la batuta Roser Bach, Rafael Mozo y el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, de quien se presume «hilo directo» con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

Fuentes del sector conservador señalan que ese encuentro será solo el punto de partida para establecer un «marco de negociación» que abarca «mucho más» que unos nombres, pues las implicaciones de estos nombramientos afectan no solo al Supremo, que es de donde en toda la historia del CGPJ han salido sus candidatos al Constitucional, sino a la propia composición de éste. Durante la apertura del Año Judicial, el propio Lesmes advirtió de las perniciosas consecuencias que ha tenido en el TS la reforma que limitó las funciones del CGPJ y llegó a hablar del «estropicio» que había causado el Gobierno con esta iniciativa, que ha provocado ya 16 vacantes en el Supremo y que en los próximos meses obligará a la máxima instancia jurisdiccional del país a funcionar con un 25 por ciento menos de su plantilla. O se llega a un acuerdo para renovar el CGPJ o que se restauren al Consejo las competencias que se le han hurtado, exigió el presidente del Supremo. A día de hoy son muchos los vocales que no quieren participar en el «sabotaje» del Ejecutivo al Supremo.

Para los vocales conservadores también es importante saber cuáles son los dos candidatos que va a proponer el Gobierno antes de poner sobre la mesa a los suyos, pues el papel del CGPJ va más allá de proponer «unos nombres», advierten fuentes de este sector, sino que participa «como uno más» en la toma de decisiones sobre la composición del tribunal. En este sentido recuerdan el auto en el que, por unanimidad, el TC rechazó la treintena de recusaciones de condenados del 'procés' contra varios miembros del tribunal. En ese auto, el Pleno puso de manifiesto la «legitimidad de origen» de sus magistrados, al ser elegidos por los tres poderes del Estado, y señaló que «es precisamente esta circunstancia la que se proyecta en la pluralidad de perspectivas jurídicas que confluyen en las deliberaciones y decisiones del órgano colegiado, expresión de la idea de pluralismo político».

Por el mismo motivo, para el sector conservador también es importante saber si hay intención de cubrir la plaza de Montoya, lo que necesariamente implica el acuerdo entre PP y PSOE, pues la renovación del tercio del TC que corresponde al Senado exige una mayoría de tres quintos. Tras el nuevo toque de atención de Europa, a través de la carta de apoyo de la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, fuentes del bloque conservador reconocían ayer que se sienten aún más legitimados para denunciar las injerencias del Ejecutivo y plantar cara a sus ultimátums.