La presidencia del Constitucional, ahora de mayoría progresista, depende de un voto

Con estas incorporaciones, que implican la salida de tres magistrados conservadores y uno progresista, se invierte la relación de fuerzas en un TC que tendrá que abordar no sólo parte de la política legislativa del actual Gobierno socialista o asuntos que llevan coleando lustros, como el aborto, sino también el desafío secesionista en Cataluña. En este nuevo escenario, marcado por las concesiones de Sánchez a sus socios de gobierno, el presidente de la Generalitat, Père Aragonés, no ha ocultado su intención de volver a convocar un nuevo referéndum.

Pero la primera cuestión que tendrán que afrontar los magistrados es la elección del que será su presidente durante los próximos años, una batalla que se disputan el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y la también progresista María Luisa Balaguer. Ambos forman parte del tercio más antiguo del órgano de garantías, aquel cuya renovación corresponde al Senado y que habrá que afrontar en 2025.

Aunque no hay una norma escrita que apunte a que el presidente debe salir de ese tercio, tradicionalmente se ha venido haciendo así, al entender que quien asume esa responsabilidad debe tener una visión de conjunto del órgano de garantías y de los asuntos en tramitación que solo puede dar la antigüedad.

Como ya informó ABC, Conde-Pumpido parte como favorito de la mayoría del grupo progresista. En concreto contaría con los votos de Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán, Ramón Sáez, Laura Díez y el suyo propio. Por su parte, Balaguer tendría en principio el apoyo de los magistrados conservadores –aunque alguno de los cuatro podría abstenerse– más el suyo. Es decir, otros cinco.

De ahí que sea decisiva la postura que tome la magistrada progresista María Luisa Segoviano, la juez del Supremo con la que el sector conservador del CGPJ intentó evitar la entrada en el TC de José Manuel Bandrés, al entender que su voto a Conde-Pumpido estaba garantizado.

Sin embargo, pese a que entre Segoviano y Balaguer exista una buena sintonía, la nueva magistrada no ha manifestado en ningún momento su intención de votar a su colega. En este sentido, fuentes del TC fiaban todo a una reunión que tendrá lugar esta misma tarde y en la que, una vez que los aspirantes expongan su proyecto para esta nueva etapa, se clarificarán las posturas de cara a ese pleno.

Lo cierto es que, si se sigue la tradición en la elección del presidente del Constitucional, es la mayoría que en ese momento ostente el tribunal –ahora progresista– la que elige, mientras que la minoría hace lo propio con el vicepresidente: en este caso parece claro que esa responsabilidad recaería en Ricardo Enríquez, el único magistrado conservador que forma parte de ese tercio, pues la cuarta plaza es precisamente la de Alfredo Montoya, que, pese a su renuncia el pasado verano, todavía no ha sido renovada.

Una vez elegidos el presidente y el vicepresidente del Tribunal, algo que se espera que quede resuelto esta misma semana, el TC empezará a funcionar con normalidad después de unos meses en los que ha mantenido un perfil bajo precisamente para no abordar asuntos polémicos con el mandato de cuatro de sus magistrados vencido desde el pasado junio.

Sobre la mesa del órgano estarán algunas de las leyes más polémicas aprobadas bajo el mandato de este Gobierno, como la ley Celáa, la eutanasia, el 'solo sí es sí' o el recorte de atribuciones del CGPJ. Y es precisamente en los recursos contra la política legislativa del Ejecutivo donde dos excargos del Gabinete de Sánchez, como Campo y Díez, afrontan el riesgo de recusación después de haber conocido de primera mano algunas de estas normas.

El ejemplo más claro es el la ley del 'solo sí es sí', de la que el Ministerio de Justicia, con Campo a la cabeza, fue copartícipe. También la relación del propio exministro con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, puede llevarle a tener que abstenerse de procedimientos que afectan a su pareja, como la decisión de despojar del acta al exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez tras la sentencia del Supremo que le condenó por atentado a la autoridad o el recurso de Alberto Casero (PP) por no permitirle votar de forma presencial tras errar por el sistema telemático.

La sombra de la sospecha también planea sobre Laura Díez en los recursos contra la ley catalana para sortear la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obligaba a que al menos el 25% de las clases en esta comunidad sean en castellano. Como vicepresidenta del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat, la propia Díez avaló esa ley catalana.