La renuncia del conservador Montoya enreda aún más la renovación en el TC

La vacante de Montoya, quien, como consecuencia del ictus que sufrió el pasado agosto, lleva meses sin participar en los plenos, supone que el Senado, que le propuso junto a otros tres magistrados en 2017, tiene que nombrar a su sustituto, para lo que se precisa una mayoría de tres quintos. El PSOE no obtendría esa mayoría cualificada sin contar con el PP, con lo que la plaza de Montoya no podría cubrirse si no es con el acuerdo de los dos partidos.

En aquella renovación del tercio del TC que corresponde al Senado entraron Cándido Conde-Pumpido, María Luisa Balaguer (propuestos por el PSOE), Ricardo Enríquez y el propio Montoya (estos dos últimos a instancias del PP). Lo lógico sería que el sustituto de Montoya fuera propuesto por los populares, pero, sin pacto, la cobertura de esta vacante se antoja imposible.

Aunque en el actual TC, de mayoría conservadora, el voto de este magistrado, catedrático del Derecho del Trabajo, no era determinante a efectos de mayorías, a partir de septiembre, cuando se active el proceso para la elección de los cuatro magistrados que dependen de Gobierno y CGPJ, la cuestión ya es diferente. Y ello porque, sin esa plaza cubierta, el sector conservador contaría solo con cuatro magistrados (en vez de cinco) frente a los siete que tendrían los progresistas, lo cual es básico a la hora de afrontar deliberaciones y votaciones cruciales, como el aborto, la eutanasia o gran parte de la política legislativa del actual Gobierno de Pedro Sánchez recurrida fundamentalmente por PP y Vox.

Fuentes del sector progresista del TC no dejan de mostrar su sorpresa por el momento en el que se ha producido la renuncia de Montoya, pues su situación médica no ha variado en los últimos meses y realmente podría haber esperado a septiembre –teniendo en cuenta que el órgano no tiene actividad alguna en agosto– para dar este paso, que estas mismas fuentes califican de «forzado».

Lo cierto es que el paso adelante de este magistrado descoloca la estrategia de Sánchez en un momento clave, cuando se daba por hecho que el Ejecutivo se había salido con la suya en su intento de controlar el TC. Y es que después de unos días de incertidumbre sobre el posible boicot del sector conservador, en septiembre, al nombramiento de dos magistrados del TC –en protesta por la reforma exprés que les ninguneó–, ya no había dudas de que el Consejo los sacaría adelante. Para ello, el presidente, Carlos Lesmes, se está implicando a fondo y fuentes del CGPJ se muestran convencidas de que va a recabar los apoyos de los ocho vocales progresistas y de los tres conservadores que también la semana pasada dieron su aval al nuevo fiscal general hasta sumar doce votos. Es el número necesario para sacar adelante la propuesta de nombramiento de los dos magistrados para el TC. Con ellos y los dos que tiene que proponer el Gobierno en teoría se podría renovar ya el tercio que dará la mayoría al sector progresista sin mayor problema.

Sin embargo, la renuncia de Montoya ahora –y no en septiembre u octubre– hace que entre en juego una nueva variable antes del Pleno del CGPJ convocado para el 8 de septiembre: dejar en evidencia la estrategia del PSOE para hacerse con el control del TC con la apisonadora de la reforma exprés y negarse, sin embargo, como parece que así será, a pactar con el PP en el Senado el nombre del sustituto de Montoya, algo que el Gobierno quiere desvincular de esta renovación concreta. Quedaría en evidencia la falta de interés del Ejecutivo en reponer esa vacante –frente a aquellas que ansiaba– y a la vez el PP tendría otra justificación para no renovar el CGPJ después de que el Gobierno rechazara hace apenas dos semanas su última oferta.