enquiridión

Apostando a lo imposible

Es probable que la «indisoluble unidad de la Nación española» entre pronto en una zona de relativa indefinición

07/01/2023 a las 01:50h.

Este lunes tomarán posesión los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC), a lo que seguirá poco después la elección de presidente. Aspiran al cargo Conde-Pumpido y la también progresista María Luisa Balaguer. Es cosa sabida dónde le aprieta el zapato a Conde-Pumpido. ... Pero el perfil de Balaguer tampoco responde al de un defensor a ultranza de la ortodoxia constitucional. Para muestra, un botón: la magistrada acaba de afirmar que hay ocasiones en que el «derecho» debe prevalecer sobre la «ley». La contraposición es significativa. Cuando se diferencia entre «derecho» y «ley», suele entenderse por el primero algo muy parecido a «justicia», la cual, en la práctica, se reduce a «razón política». Es verosímil, a partir de aquí, llegar a la conclusión de que María Luisa Balaguer no descarta soluciones poco compatibles con lo que la Constitución, leída literalmente, parece aconsejar. Resumiendo: el presidente venidero del alto tribunal, ya sea Balaguer, ya Conde-Pumpido, estará abierto a interpretaciones muy flexibles de la Carta Magna. María Luisa Segoviano, la vocal progresista que el bloque conservador del CGPJ se avino por fin a no vetar, está animada, por las trazas, del mismo espíritu. Consultada sobre el derecho de autodeterminación de Cataluña, ha contestado que es un «tema complejo» que «conviene estudiar». Es probable que la «indisoluble unidad de la Nación española», proclamada por el Artículo 2 de la Constitución, entre pronto en una zona de relativa indefinición.

Por supuesto, el futuro es indiscernible. Sánchez no abrirá el melón antes de las elecciones, por la cuenta que le trae. ¿Y después? Si se mantiene en el poder, pero sigue dependiendo de ERC y Bildu, hará de necesidad virtud. Es seguro que el pueblo español no sería convocado a un referéndum, arbitrio por entero incompatible con los intereses y espíritu de los independentistas. Sin embargo, no cabe excluir referéndums consultivos u otra clase de arreglos. Verbigracia, la concesión a Cataluña de un Poder Judicial y una Agencia Tributaria propios. Los vascos disfrutan ya de un sistema tributario independiente. Por la fuerza de las cosas, se verificaría una nivelación hacia lo alto: el País Vasco acabaría disfrutando de jueces herrados con la marca de la casa y por el lado catalán se reproducirían las exenciones fiscales ahora vigentes en la esquina vascongada. El que domina una Agencia Tributaria es dueño de lo recaudado y, salvo que se establezcan mecanismos de inspección muy rígidos y transparentes, inspección que los nacionalistas no desean de ninguna manera, termina por imponerse una negociación bilateral. A qué conduce esto, se conoce de sobra. El País Vasco no transfiere renta, pese a disfrutar del segundo PIB per cápita más alto de España. De ahí que el gasto público por habitante supere allí el 200% de la media nacional. Segunda vuelta: lo que se hubiese concedido «legalmente» al País Vasco y Cataluña no podría negarse a las demás comunidades e ingresaríamos en una fase de descomposición. Técnicamente, en un proceso de suma negativa.

¿Imposible? Sí, imposible. El punto, sin embargo, no es si se llega a lo imposible, lo que está excluido de antemano, sino qué nos ocurrirá mientras tanto a lo largo del camino. De nuevo, lo ignoramos, como ignoramos qué se llevará por delante a un tipo que ingiere dos botellas de whisky al día. ¿Sufrirá un ictus? ¿Le reventará el hígado? El pronóstico cierto de un desenlace infausto es compatible con distintos escenarios de fallo multiorgánico. Tiene gracia… que tengamos que formularnos semejantes preguntas. Rectifico: maldita la gracia que tiene.