La sustitución de la única vacante en el Constitucional encalla hasta mitad de febrero

Es la tercera vez que se prorroga la fecha tope para la remisión de nombres, inicialmente fijada el 11 de octubre. Pero la inmensa mayoría de parlamentos autonómicos ha sido incapaz de consensuar un candidato. Como quiera que Montoya perteneció en su día a la cuota de los populares, estos consideran que deben elegir a su sustituto. Los socialistas, en cambio, sostienen que el nuevo nombre debe formar parte del pacto para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Hasta el momento, el único nombre que ha recibido el Senado es el de José Ricardo de Prada, el magistrado de la Audiencia Nacional al que se le atribuyen las frases más demoledoras de la sentencia del caso Gürtel. Fue la misma que desencadenó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy y la que llevó posteriormente a la Audiencia Nacional a aceptar la recusación del PP contra De Prada en el caso de presunta financiación irregular de Génova. El nombre de este magistrado ha sido una línea roja inaceptable para los populares durante esta legislatura.

El citado juez ha sido propuesto por las Cortes de Aragón, donde fue impulsado por Podemos. En su escrito remitido al Senado, el Parlamento maño destaca que se ha puesto en contacto con De Prada y que éste acepta «documentalmente» la presentación de su candidatura. Además, define a este magistrado como un «jurista de reconocida competencia», destacando sus «más de quince años de ejercicio profesional». En esta línea, las Cortes de Aragón han remitido el currículum académico y profesional de De Prada para acreditar que, a su juicio, «cumple los requisitos exigidos legalmente para desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional, así como su idoneidad para el mismo».

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En cuanto al resto de parlamentos autonómicos, el pasado 13 de septiembre las Cortes Valencianas pidieron por unanimidad al Senado que ampliara el plazo inicial de candidaturas «hasta al menos el 20 de octubre». El argumento esgrimido fue que el pleno del debate de política general tendría lugar el 27 de septiembre y que la siguiente sesión ordinario se produciría el 19 de octubre.

La Asamblea de Extremadura también pidió más tiempo alegando que necesitaba «consultar a los grupos parlamentarios e intentar consensuar una única propuesta». Por su parte, la Junta General de Asturias se limitó a comunicar al Senado que ponía en marcha la búsqueda de un candidato, pero no ha remitido ningún nombre. En cuanto a la Asamblea de Madrid, comunicó a la Cámara Alta que ningún grupo parlamentario había presentado candidato y que, por tanto, «no trasladará ninguna candidatura». El resto de parlamentos no han contestado.

Gil concedió una primera prórroga del plazo, hasta finales de octubre como le pidió el parlamento valenciano, y después una segunda hasta mediados de diciembre. Pero la Asamblea de Extremadura pidió una tercera prórroga alegando «el calendario de tramitación de leyes» y «sobre todo» de los presupuestos extremeños para 2023.

Esta nueva petición es la que ha dilata ahora el plazo hasta el 14 de febrero. Hasta esa fecha, las autonomías pueden mover ficha y presentar a sus candidatos, por lo que el TC se mantendrá con un magistrado menos como mínimo hasta entonces, aunque nada impide que las comunidades socialistas vuelvan a pedir ampliación del plazo para mantener la parálisis.

En cuanto a la renovación del CGPJ, las Cortes siguen sin poner en marcha el proceso, pese a la ruptura total de negociaciones entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Como ha denunciado ABC, la responsabilidad constitucional de la renovación no recae en las formaciones políticas, sino en el Parlamento, y son las Mesas y las presidencias de ambas cámaras las que tienen obligación de iniciar la presentación de candidaturas. Algo que, tras cuatro años de bloqueo, sigue sin producirse.

De hecho, la legislación establece que son el Congreso y el Senado los que deben elegir a los 20 vocales del CGPJ –diez cada uno, seis de ellos jueces y los otros cuatro juristas– por una mayoría de tres quintos. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial concreta que los presidentes de ambas cámaras «deberán adoptar las medidas necesarias para que la renovación del Consejo se produzca en plazo». Un mandato al que tanto Ander Gil como Meritxell Batet, presidenta del Congreso, están haciendo oídos sordos.