El PP ultima en el Senado una ley para impedir que etarras no arrepentidos vayan en las listas

Una frase que podría servir ahora al Partido Socialista para apoyar la proposición de ley que el Partido Popular presentará esta semana en el pleno del Senado, con la que pretende prohibir que aquellos etarras que no se hayan arrepentido de sus actos terroristas puedan engrosar las listas electorales.

En concreto, el PP quiere reformar el artículo 6 de la Ley del Régimen Electoral General para incluir un nuevo apartado en el epígrafe que habla de las personas que son ineligibles en un proceso electoral. Además de aquellos que aún no hayan cumplido la condena o los que no tengan sentencia firme, se pretende añadir ahora un tercer grupo. «Los que habiendo sido condenados y cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo no acreditaran documentalmente en el momento de la presentación de la candidatura de la que pretendan formar parte, su rechazo al terrorismo, a su justificación a sus fines y a sus medios; su arrepentimiento por los actos terroristas realizados o justificados; su solicitud de perdón a las víctimas por los mismos y su compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los crímenes pendientes hasta su resolución», recoge el borrador de la ley, al que ha tenido acceso ABC.

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Emilio V. Escudero

«Ante cualquier posible escenario de adelanto electoral es conveniente tener una ley preparada para que no haya etarras en las listas. Algo que sucedió en las últimas elecciones locales del País Vasco y Navarra, y que generó gran dolor a las víctimas. Queremos evitar a toda costa que eso ocurra de nuevo y que no se produzca a nivel nacional», explica a ABC Alicia García, portavoz del PP en el Senado.

En la iniciativa legislativa, el PP pide además que, para cumplir con los requisitos de elegibilidad, los etarras hayan acreditado que «han satisfecho la totalidad de la responsabilidad civil derivada de la sentencia condenatoria y el cumplimiento íntegro de las penas accesorias que les hubieran sido impuestas». Los populares entienden que la responsabilidad última de comprobar que todos los candidatos cumplen con las reglas debe ser del Gobierno, y así lo especifican en una modificación adicional del artículo 46.

Además de poner el foco en las causas de inelegibilidad de los etarras, el Partido Popular llevará al pleno de esta semana otra iniciativa legislativa con la que buscará blindar la protección de las víctimas, a las que ya lanzó un guiño hace menos de un mes, con la aprobación de una ley que prohibía los homenajes a terroristas.

Este segundo texto propone reformar hasta cuatro leyes para cumplir con los objetivos. Se trata de la Ley del Derecho de Reunión; la de Protección de Seguridad Ciudadana; la Ley General Penitenciaria; y el Código Penal.

Todo, con el fin de «reforzar la defensa y el honor a las víctimas, prohibiendo expresamente cualquier tipo de homenaje o símbolo que supongan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares». Además, recoge el documento, se quiere «prohibir la exaltación del terrorismo o la concesión pública de distinciones a los etarras y se señala a las administraciones públicas que así lo hicieran como responsables de cumplir con esta obligación».

Entre las modificaciones que recoge el PP en su texto, está la necesidad de «crear una comisión de juristas que elabore un informe detallado de cada caso de víctimas de ETA que no se haya resuelto» y «el Gobierno garantizará que cada una de las familias de personas asesinadas por ETA sean informadas personalmente de cualquier cambio en la situación jurídica del caso». El PP pide también que las comunidades autónomas y los ayuntamientos colaboren con el Gobierno central para hacer un «catálogo de menciones conmemorativas u objetos de exaltación al terrorismo, a efectos de instar a su retirada».

Las dos proposiciones de los populares saldrán adelante gracias a la mayoría absoluta que esta formación tiene en el Senado, aunque parece improbable que pueda ser aprobada en el Congreso, donde una iniciativa similar, que fundía estas dos proposiciones, fue rechazada por el pleno del Congreso.

La AVT ha recibido con frialdad la iniciativa del PP. Primero, porque ya fue rechazada en el Congreso en 2024; segundo, porque cree que no se trata tanto de modificar leyes, sino de que se cumplan, y en muchos casos de actuar en Europa para modificar la directiva sobre terrorismo; y tercero, porque las modificaciones no se pueden aplicar de manera retroactiva si perjudican al reo. Eso sí, apoyan todo lo que sea reforzar la protección de las víctimas.