El PP impulsa una ley en el Senado para prohibir los homenajes a etarras

Aunque desde el Gobierno se empeñan en dejar atrás la mancha de ETA, impulsados por su obligada alianza con EH Bildu en el Congreso, lo cierto es que más allá de la desarticulación de la organización terrorista aún quedan cerca de 370 crímenes sin resolver. Muchos de ellos, protagonizados por etarras que se niegan a colaborar con las Fuerzas de Seguridad para su resolución. Una actitud que un informe del Parlamento Europeo considera que supone una forma de tortura de las víctimas, por lo que solicitó en su momento a España que adoptara una serie de medidas para que los beneficios penitenciarios a los condenados por terrorismo se condicionen a su colaboración con la Justicia y que se impidan los actos de homenaje a los criminales y la humillación a las víctimas.

Por eso, al hilo de este informe y sus recomendaciones, el Partido Popular llevará al pleno del Senado una Proposición de Ley Orgánica que incluye la modificación de cuatro textos legislativos para acabar con esos actos de homenaje que eran habituales cuando uno de estos presos etarras sale a la calle, los llamados 'ongi etorri', que ahora se han dejado de hacer, pero también a terroristas en otro tipo de contextos.

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J. Casillas

La norma, a la que ha tenido acceso ABC, propone cambiar el artículo quinto de la Ley del Derecho de Reunión, para recoger que «la autoridad gubernativa prohibirá todos los actos, concentraciones, reuniones o manifestaciones cuando existan razones fundadas de que con la celebración de estos se pueda producir una victimización posterior mediante humillaciones y ataques a la imagen de las víctimas del terrorismo. Debe entenderse que ello se produce siempre que dichos actos se organicen para apoyar o rendir homenaje público a condenados por terrorismo, a colectivos de presos terroristas o a las organizaciones terroristas a las que pertenecen o pertenecieron los anteriores».

Esto incluye no solo los actos de homenaje a los presos que salen de la cárcel, sino también las pancartas exhibidas en universidades o fiestas patronales u otros eventos públicos como la 'Korrika'-carrera popular a favor del euskera-, donde etarras condenados, como los que en la Navidad de 2003 intentaron perpetrar en Chamartín una matanza similar a la del 11-M, han sido protagonistas portando el relevo de la misma rodeados de niños.

Esta es una reivindicación histórica de las asociaciones de víctimas, cansadas de ver cómo se llevan a cabo este tipo de homenajes a los verdugos de sus familiares en las mismas calles en las que fueron asesinados. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) registró el año pasado una disminución de manifestaciones a favor de ETA, pero documentó 421 actos proetarras. De ahí que el PP incluya también una modificación para que los ayuntamientos no puedan facilitar la celebración de este tipo de homenajes «con ningún tipo de medida». «Las autoridades del ayuntamiento que fueran responsables del incumplimiento de esta obligación responderán personalmente de las sanciones o multas que pudieran imponerse», señala la norma. En el mismo sentido se modifica la ley de Seguridad Ciudadana, que incluirá entre sus infracciones muy graves las reuniones antes descritas.

Actualmente, la Audiencia Nacional no prohíbe a priori la celebración de algunos de estos actos, como solicitan las víctimas, con el criterio de que para ser considerados apología del terrorismo es preciso que durante el mismo se incite expresamente a cometer actos violentos, algo que los organizadores se cuidan mucho de evitar, limitándose a jalear al etarra homenajeado bajo la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad.

«Las víctimas del terrorismo merecen memoria, dignidad y justicia. Ellas son el referente moral de nuestra democracia. Por eso debemos acabar con los actos que enaltecen el terrorismo y que están produciendo una revictimización absolutamente injusta», explica Alicia García, portavoz del PP en el Senado, a ABC.

La proposición de ley de los populares incide también en otro de los asuntos más espinosos que tienen que ver con los presos etarras, que es la concesión de beneficios penitenciarios. Por eso, piden reformar la Ley General Penitenciaria para que cualquier mejora de la condición de estos condenados tenga como «condición imprescindible que quede acreditado fehacientemente que el penado reniega de los actos delictivos cometidos, muestra arrepentimiento, abandona la voluntad de reincidir y colabora en la investigación de los delitos que estén pendientes de resolución, y en la prevención de delitos análogos a los que motivaron su condena».

Estos beneficios penitenciarios se han acelerado desde que el Gobierno de Pedro Sánchez cedió las competencias de las cárceles vascas al Ejecutivo autonómico que comparten PNV y Partido Socialista de Euskadi (PSE), que es quien ostenta desde el año pasado la consejería que gestiona este asunto.

Específicamente, para los etarras, el nuevo texto del Partido Popular pide que «mostrar signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas y colaborar activamente en la investigación de crímenes pendientes de resolverse, además de realizar una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito que resulte creíble y que no tenga una mera intención finalista». El cumplimiento íntegro de estos requisitos tendrá que acreditarse mediante informes de la Audiencia Nacional y de la fiscalía adscrita a la misma, según recoge el texto. Por último, el PP quiere modificar varios artículos del Código Penal para incluir estos requisitos, entre los que añade que hayan «satisfecho la responsabilidad civil con sus rentas y patrimonio presentes y futuros», además de endurecer las penas a los que enaltezcan a los terroristas.

«El pacto encapuchado de Sánchez con Bildu supone la entrega de la dignidad de las víctimas y de los españoles a cambio de los votos de Bildu. Nosotros queremos devolver la dignidad a los españoles y sacar de la Moncloa a los del pacto encapuchado», explica García a ABC, cuyo grupo defenderá esta propuesta las próximas semanas en un pleno, del que saldrá aprobado gracias a la mayoría del PP en esta Cámara. Más complicada será la tramitación en el Congreso, donde las alianzas del Gobierno harán que la norma acabe decayendo.