Bildu calca la estrategia de presos de ETA para mantener las subvenciones electorales

«Como desarrollo de los principios y valores del Código Ético firmado, donde por un lado el diálogo, la negociación y el acuerdo son la base de cualquier método de trabajo y, por otro, el máximo respeto mutuo es la base entre quienes conforman la comunidad de EH Bildu así como con el resto de la ciudadanía, declaro que, hago mías las bases ideológicas y objetivos políticos de EH Bildu, rechazando con ello cualquier acto o actividad que suponga agresión o violación a cualquier derecho humano y al uso de la violencia para la consecución de objetivos políticos». Ese compromiso es el suscrito por los candidatos de Bildu en las elecciones municipales del 2023, incluidos los 44 condenados por terrorismo que figuraban en las listas y los siete por asesinato.

No hay ni una mención expresa a las víctimas de ETA ni a su pasado terrorista ni una condena propia e individual de los actos cometidos por cada uno de los condenados que el 28-M fueron candidatos de Bildu. La coalición aberzale, integrada por Sortu, el partido heredero del brazo político de la banda, la ilegalizada Batasuna, se comprometió ante el revuelo generado a que ninguno de los siete etarras con delitos de sangre recogiese su acta como concejal en caso de resultar elegidos. Ahora, dos años después de aquellos comicios, como publicó ABC este lunes, el PP está dando la batalla para que se revisen las subvenciones públicas a la izquierda separatista vasca por una posible infracción de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

Su artículo 127.4 recoge expresamente lo siguiente: «Del mismo modo, las subvenciones previstas en este artículo no se devengarán a favor de dichas formaciones políticas cuando en sus órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o en sus listas electorales incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados».

La Dirección General de Política Interior, dependiente del Ministerio del Interior, ya estudió si debía solicitar el reintegro de los anticipos concedidos a Bildu por la posible infracción de ese precepto legal. En un primer momento, la Abogacía del Estado determinó que no existía un rechazo público de los fines y medios utilizados por ETA, pero se concedió un plazo a Bildu para que alegase. La coalición aberzale adjuntó el criterio esgrimido por la Fiscalía General del Estado en 2023 diciendo que no procedía su ilegalización ni la exclusión de los condenados en sus listas –no sobre si podía o no recibir las subvenciones previstas en la Loreg– y, además, el documento que publica este miércoles ABC: el anexo al Código Ético firmado por todos sus candidatos.

La Abogacía del Estado del Ministerio del Interior dio luz verde entonces a la percepción de las subvenciones, pero, en el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Parlamento, este órgano, encargado de fiscalizar el dinero público, no se pronuncia sobre este extremo y lo deja en manos «de la autoridad competente». «El Código Ético de Bildu, primero, no es público. La ley exige públicamente. Es un papel tipo que no significa arrepentimiento ni condena de lo que se hizo individualmente, uno a uno», dice la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en conversación con este diario.

La estrategia de Bildu, con un escrito genérico que se limita a rechazar la violencia, permite a sus candidatos condenados por terrorismo el 28-M seguir una estrategia calcada a la de algunos presos de ETA para el acceso a los terceros grados. Y se da la circunstancia de que meses antes de aquella cita electoral, la Audiencia Nacional revocó varios permisos, precisamente, por considerar genéricos e insuficientes los arrepentimientos y las peticiones de perdón.