La vicepresidenta del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, ha reclamado este martes a Bruselas que actúe ante el uso político de la Fiscalía General del Estado por parte del Gobierno tras conocerse la decisión del Tribunal Supremo de abrir un procedimiento abreviado contra Álvaro ... García Ortiz, por un posible delito de revelación de secretos, presuntamente a instancias de la Presidencia del Gobierno.
Según Montserrat, no se trata de un caso aislado ni de un error puntual, sino de una «operación institucional» diseñada desde Moncloa con un objetivo claro: utilizar la Fiscalía para debilitar a los adversarios políticos. «Es la prueba más grave hasta ahora de la colonización de las instituciones por parte del Gobierno», ha afirmado en una pregunta dirigida al Ejecutivo comunitario.
La eurodiputada recuerda que el Tratado de la Unión Europea establece con claridad la obligación de proteger la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal. Por eso, reclama a la Comisión que no mire hacia otro lado ante un posible incumplimiento de esos principios en un Estado miembro. «La Fiscalía no puede convertirse en una herramienta política al servicio del poder», ha subrayado.
«Corrupción institucional»
Montserrat ha pedido también que estos hechos se incluyan en el próximo informe sobre el Estado de derecho en España, que Bruselas publicará próximamente, y ha instado a que se solicite información adicional al Gobierno. «Estamos ante una corrupción institucional sin precedentes: se ha utilizado el poder del Estado para fabricar un relato y atacar desde las instituciones», ha señalado.
El auto del Supremo indica que García Ortiz habría recibido instrucciones de Presidencia para filtrar información confidencial con fines políticos. A pesar de ello, el fiscal general no ha dimitido y sigue contando con el respaldo explícito del Ejecutivo.
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