Bruselas apunta a que el Gobierno tramitó la ley de amnistía para «garantizar la impunidad de sus socios»

En su escrito, la Comisión explica que la amnistía es una medida excepcional para despenalizar hechos que son perseguidos «en contextos diferentes, por motivos distintos o en momentos diferentes»; además exige un «principio de proporcionalidad» para alcanzar en última instancia ese «objetivo legítimo». También indica que la ley de amnistía debe establecer reglas claras y precisas que regulen «el alcance y la aplicación de las medidas en cuestión» y si responde a un objetivo de «interés general» reconocido por la Unión.

Para la Comisión, la norma no responde a este último punto sino que parece constituir «una autoamnistía». «No parece que la LOA [Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña] responda efectivamente a un objetivo de interés general reconocido por la Unión», por dos contundentes motivos. Primero, «porque los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español». En segundo lugar, «porque el proyecto de ley es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España», señala el escrito.

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«Si hay respaldo para considerar que las autoamnistías en las que quien ostenta el poder político pretende blindarse garantizándose su inmunidad jurídica son contrarias al principio del Estado de derecho, parece que el mismo criterio habría que aplicar cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario», asegura la Comisión.

Las 'Observaciones escritas' de la Comisión sobre el hecho que debe tratar el Tribunal de Justicia de la UE también critica el procedimiento legal llevado a cabo, por vía de urgencia y «eludiendo así importantes informes de órganos consultivos y sin consulta pública». Recuerda el texto remitido al TJUE el informe de la Comisión de Venecia, que recalcó «la división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española» que provocó la aprobación de la ley por la que se beneficiaron los políticos del 'procés'.

Resalta que el Gobierno no atendió la petición de más tiempo para «realizar un diálogo significativo con un espíritu de cooperación leal entre las instituciones estatales» para conseguir una mayoría cualificada superior en el Parlamento.

La Comisión recuerda que el Ejecutivo hizo caso omiso de las recomendaciones de la Comisión de Venecia sobre la aplicación de la ley de amnistía, «como restringir y definir con mayor precisión el alcance material y temporal de la aplicación de la amnistía para que los efectos de la ley sean más previsibles» o establecer «un vínculo más estrecho» entre las consultas celebradas en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, «su preparación o sus consecuencias y los actos de malversación y corrupción».

Por todo ello, la Comisión considera que «los principios de seguridad jurídica y de igualdad ante la ley» se oponen a una amnistía que carece de «claridad en la definición de su ámbito de aplicación y que, por lo tanto, puede dar lugar a exenciones de responsabilidad de personas que normalmente no deberían ser contempladas habida cuenta del objeto» de la ley.