El PP se querellará contra el fiscal general ante el Supremo por ascender a Delgado

El principal partido de la oposición considera que la propuesta para ascender a la exministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez a la máxima categoría de la carrera en lugar de a Luis Rueda, entonces teniente fiscal del Tribunal de Cuentas que obtuvo mayoría de votos del Consejo Fiscal, tenía el objeto de pagar una deuda de gratitud y propiciar que la anterior fiscal general del Estado se reincorporara a la carrera en la más alta categoría, pues fue ella quien previamente le propuso a él para sucederle en el cargo cuando renunció por motivos de salud.

La formación de Alberto Núñez Feijóo considera que aunque la designación la hizo el Consejo de Ministros, la proposición de García Ortiz tuvo carácter decisivo. De ahí que vaya a optar por la presentación de una querella contra él en lugar de por la vía de recurrir su reelección como fiscal general -como hizo el pasado viernes la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)- después de que una mayoría del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazase su idoneidad para el cargo y el Tribunal Supremo apreciara «desviación de poder» en su decisión de ascender a Delgado.

Precisamente, según ha podido saber ABC, el PP se apoyará en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del pasado noviembre, que anuló el nombramiento de Delgado al ver «desviación de poder» por parte de García Ortiz al proponer a su sucesora, para dirigir la querella contra él.

En dicha sentencia, que resolvió el recurso del otro candidato, el fiscal Rueda, contra el nombramiento de Delgado, el Supremo consideró acreditado que «la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor».

En la sentencia, que fue ponencia de Luis Díez-Picazo, los magistrados apreciaron «desviación de poder» en «el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico». García Ortiz, quien presidió Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que también perteneció la exfiscal de la Audiencia Nacional, fue la mano derecha de Delgado mientras ésta fue la máxima responsable del Ministerio Público. Ella le propuso para sustituirle y, cuando el Gobierno le nombró, una de sus primeras decisiones fue ascender a su antecesora, lo que provocó fuertes críticas en la carrera fiscal, incluso en la UPF donde se habló de «nepotismo».

La propia Delgado presentó un incidente de nulidad ante el Supremo contra la sentencia que anuló el real decreto que la promovió a la categoría de fiscal de Sala y por el que consiguió ascender a fiscal de Sala de lo Militar. Pero el Alto Tribunal se ratificó en su decisión e incluso le afeó «el carácter francamente irrespetuoso de algunas de las expresiones utilizadas en el escrito».

En la querella que el Partido Popular presentará en los próximos días se considerará que no cabe ninguna duda, porque él mismo lo reconoció ante el Consejo Fiscal, de que García Ortiz sabía cuando propuso a Delgado que dicho nombramiento carecía de respaldo legal.

La sentencia del Supremo que anuló el nombramiento recogió las palabras con las que el propio García Ortiz reconoció ante los vocales que él iba a asegurar que quien había sido fiscal general del Estado volviera a la carrera en la categoría más alta, a pesar de que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) no prevé ese ascenso automático.

El PP argumentará que la proposición de García Ortiz fue arbitraria y se hizo, al contrario de la opinión de la mayoría del Consejo Fiscal, sin esfuerzo argumentativo ni respaldo normativo, basándose en su obstinación personal.

Considera el principal partido de la oposición que el fiscal general debería haberse abstenido por las deudas que tenía con su antecesora en el cargo y ya que él mismo reconoció que tenía una relación de afecto con ella. Por todos estos motivos, aprecian las condiciones necesarias para tratar de abrir una investigación judicial contra García Ortiz por prevaricación.