Salvador Viada: «La Fiscalía no puede estar dirigida con un mando a distancia desde el Gobierno»

El azote del fiscal general Álvaro García Ortiz, cuyo nombramiento se impugnó el viernes ante el Supremo, denuncia públicamente la maniobra con la que se ha denostado la opinión mayoritaria de un asunto, el caso Tsunami, en el que el Gobierno se lo juega todo.

-Parece que el fiscal general no lleva bien las críticas y que no le ha sentado bien que usted diga que en la junta de fiscales les plantaron «un 155»...

-Bueno, es que lo que ha sucedido es absolutamente insólito. Llevo 16 años en la junta de fiscales del Supremo, he visto muchas discrepancias de los jefes con la votación mayoritaria y es la primera vez que pasa esto. No le gustará la expresión, pero lo cierto es que por una disposición legal absolutamente insólita, le han quitado a la junta el conocimiento del asunto.

-¿Cree que el fiscal general ya sabía lo que iba a pasar, que estaba previsto que la teniente fiscal iba a asumir ese informe?

-No tengo ninguna duda de que lo tenían en la cabeza; primero, porque un compañero me lo dijo antes de la reunión y segundo, porque, diez minutos después de acabar, el fiscal jefe de la sección ya nos comunicó que la competencia del asunto la asumía la teniente fiscal.

-¿Para qué sirve la junta de fiscales si puede que no se tenga en cuenta esa abrumadora mayoría de 12 a 3 que ve terrorismo en Tsunami?

-Nuestro estatuto orgánico responde a una concepción del Ministerio Fiscal que hace prevalecer el principio de unidad al de legalidad. Cuando hay una mayoría de fiscales que entienden que la ley debe ser interpretada de una determinada manera, aunque eso debería prevalecer, el estatuto establece mecanismos para que si la superioridad tiene otra interpretación diferente, incluso contraria, se impone la suya por razón de la jerarquía.

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-¿Pero no resulta en cierto modo una anomalía que cualquier controversia de la Fiscalía sea resuelta en último término por una persona que está nombrada por el Gobierno? ¿Cree que habría que darle una vuelta a esto?

-Claro que hay que dar una vuelta. El Ministerio Fiscal debe ser una institución autónoma e independiente en sus decisiones. De hecho, los principios constitucionales son incompatibles con el hecho de que el Ministerio Fiscal sea dirigido desde el Gobierno con un mando a distancia. Por eso es una incongruencia absoluta. El Ministerio Fiscal debería ser independiente del Gobierno. El fiscal está integrado en el poder judicial con autonomía funcional. Lo que pasa es que poco a poco aceptamos como legal lo que se hace. Y no puede ser. ¿Puede asumir el Ministerio Fiscal la investigación de los delitos con la estructura actual? Es una locura dejar la decisión de la investigación criminal hoy por hoy a este Ministerio Fiscal. Y le diré más, incluso cambiando el sistema, pero con muchos fiscales jefes manteniendo la mentalidad que se ha ido sosteniendo a lo largo de décadas, digamos, afín al Ejecutivo, es una locura. Para esto hay que cambiar la reglas y hay que dar un tiempo a que se vaya esponjando la absorción de principios realmente propios del Ministerio Fiscal, que son los que tenemos cuando ingresamos en la carrera los fiscales, y poco a poco ir haciendo cambios. Lo que pasa es que la línea es completamente contraria.

-¿Cree que el cambio de criterio del fiscal Redondo de verdad fue fruto de un «exhaustivo» estudio del caso?

-Lo dice él y le creo aunque hay muchas cosas que no conozco.

-Vamos a suponer que es así, que primero vio terrorismo y luego sólo desórdenes públicos. Pero hay una segunda arista del caso. ¿Cómo puede ser que aprecie indicios contra Puigdemont y tres días después no?

-Conozco a Redondo de hace muchos años, y salvo que tuviera yo la prueba, la certeza, de que ha actuado sin imparcialidad, lo diría. Pero es que estoy convencido de lo contrario. Porque no me puedo creer que un fiscal con la experiencia de Álvaro Redondo, con todas las muestras de integridad que ha demostrado a lo largo de los dieciséis años que llevo trabajando con él, vaya a hacer algo así. Ya le digo, no le puedo explicar el proceso psicológico de este fiscal, pero no creo en su mala fe.

-¿No le parece mucha casualidad que en la Audiencia Nacional haya habido un cambio de criterio y en el Tribunal Supremo también?

-Eso sería asumir que esas casualidades son, por así decirlo, políticas, que esos cambios de opinión se derivan de la política. Es cierto que hay gente que toma decisiones muy rápido. A mí me cuesta, pero luego no me arrepiento.

-¿Qué opina usted cuando escucha a Sánchez, Alegría o a Bolaños decir que Tsunami «no es terrorismo»? ¿no le viene a la cabeza aquello de «¿de quién depende la Fiscalía?»

-Lo que pienso es que están intentando justificar sus posiciones políticas ante la opinión pública, porque estoy convencido de que si el señor Bolaños o el señor Sánchez tienen un problema jurídico, no lo van a confiar a su intuición. Irían a un abogado, a un experto.

-Salvo que tengan la certeza de lo que va a suceder, ¿no?

-Lo que quiero decir es que el que no sabe Derecho lo que hace cuando tiene un problema es ir a hablar con un profesional. Bueno, pues aquí estamos los profesionales.

-¿Está la Fiscalía en uno de sus peores momentos de credibilidad?

-De credibilidad y de funcionamiento. La Fiscalía es un auténtico despropósito en cuanto a sus principios de funcionamiento, empezando porque la ley dice que la institución tiene autonomía funcional, pero no tiene dinero. Dependemos del Ministerio de Justicia. Si yo tengo un problema con este ordenador tengo que llamar al Ministerio de Justicia a que se metan dentro de mi equipo para poder arreglarlo. ¿Qué choteo es este? ¿Cómo puede ser que esté colgando del Ministerio de Justicia una Fiscalía que tiene autonomía funcional respecto del poder judicial e independencia respecto al Gobierno? ¿Cómo puede ser que un Gobierno nombre a un fiscal general del Estado de las maneras que lo está haciendo, eligiendo al más amigo que encuentro para que me arregle problemas concretos? Hay un manto de oscuridad, de opacidad en las relaciones entre los fiscales generales del Estado y el Gobierno. En teoría, las relaciones entre el fiscal general del Estado y el Gobierno tenían que ser escritas y formales, y en la práctica, pues no lo sabemos, porque desde luego escritas y formales no son. Y en el poder judicial pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que la mayoría de políticos determinen quiénes son los jueces que ocupan los puestos más importantes? Es el gran problema que tenemos en España.

-García Ortiz, desde luego, no ha aterrizado con buen pie. El CGPJ lo declaró no idóneo; el Supremo le ha acusado de desviación de poder, arrastra una dudosa política de nombramientos, ha tardado más de un mes en defender a los fiscales del 'procés'. De hecho la asociación a la que usted pertenece acaba de recurrir su nombramiento. ¿Este fiscal puede ser respetado por la carrera?

-Los romanos hablaban de que para mantener la autoridad había que tener dos cosas: autoritas y potestas. El fiscal general del Estado tiene una potestad indudable de su poder, que deriva de que puede nombrar de la manera menos reglada posible. Cuanto más autoritarias sean las decisiones, más miedo producen y eso genera que la institución entera se atemorice. La segunda cualidad que reclamaban los romanos era la autoridad, es decir, el respeto que produce la trayectoria de aquel que te manda. Y ahí hay flaquezas.

-Usted es miembro del Consejo Fiscal, donde tienen otro frente abierto por la negativa de García Ortiz a elaborar el informe de la amnistía que le ha pedido el Senado. ¿Cómo se conjuga esto con la lealtad institucional?

-Pues mal. Yo creo que un fiscal general del Estado que estuviera preocupado por que las leyes surgieran con el máximo de información, rigor y calidad técnica posible, habría accedido a que se pidieran los informes. ¿Cómo no va a poder hacerlo? El fiscal general puede hacer prácticamente todo. En las facultades del Consejo Fiscal está emitir los informes que el fiscal general le pida. Que nos lo pida y lo haremos.

-Da la sensación de que las leyes se modifican a golpe de improvisación en función de las necesidades del Gobierno. La última idea es volver a limitar los plazos de la instrucción. ¿A usted le parece bien?

-No, pero mire, esto es un tema de concepción. No puedes cambiar las leyes de la noche a la mañana porque el ciudadano las tiene que conocer. Yo no sé si llevamos ya medio centenar de reformas del Código Penal desde que se publicó. ¿Cómo es posible esto? Es normal que los partidos políticos apliquen programas políticos: aumentar los impuestos o reducirlos… Pero hombre, cuando hablamos del derecho penal o del derecho procesal penal hay que hacerlo técnicamente y con un poco de consenso y seguridad para no cambiar cada quince días. Aquí hay un interés particular de quienes tienen la mayoría en cambiar las cosas: unos se benefician desde el Gobierno y otros se benefician con la ley.

-¿Está la Fiscalía preparada para asumir la investigación penal?

-Técnicamente, de sobra; estructuralmente, no. Nos faltan muchos medios, personales y materiales. Y nos falta lo más importante: que la ciudadanía confíe en que el fiscal general del Estado no es un peón más del Gobierno, que la frase de «la Fiscalía de quién depende» se erradique en el subconsciente colectivo, que se deje ya de pensar de esta manera, y eso sólo se puede hacer a través de un cambio legislativo. La justicia no es una pieza más del botín de las elecciones, debe funcionar de manera autónoma. Tiene que estar vigilada a través de recursos y criterios de sanción para los jueces y los fiscales vagos, pero su independencia tiene que ser real.

-¿Cree que el Estado de derecho está en peligro?

-Es evidente que sí, porque la ley de amnistía implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que ante una malversación de caudales públicos, el que la haya cometido sin una intención política o el deseo de independencia, lo va a pagar, mientras que quien lo haya hecho en ese contexto queda exento de pena cuando el dinero es de todos, en un caso y en el otro. Al policía al que le han abierto la cabeza le da igual que se la hayan abierto por una cosa que por otra. Es su cabeza. Todo eso se ignora. El principio de igualdad es muy importante, pero hay más cosas. La separación de poderes. La Constitución establece límites al Poder Ejecutivo para poder contrariar las resoluciones del Poder Judicial. La amnistía se descartó en la ponencia constitucional y en el Código Penal no hubo ni una enmienda ni se habló de introducir la amnistía como causa de excepción de la responsabilidad, porque se entiende que es algo que supone un cambio de régimen. Aparte de otras consideraciones técnicas, la amnistía implica una confrontación clara con el Estado de derecho, hay que tensar tanto las costuras del Estado de derecho que se rajan.

-¿Le preocupan los ataques a jueces y fiscales que se están produciendo desde la tribunal del Congreso?

-Otra anomalía, una degradación más del Estado de derecho. Son esas costuras que se van abriendo y no pasa nada, porque la presidenta del Congreso no pone ningún problema. Algunos confiamos en que desde Europa nos ayuden a que las cosas no se desborden. Nuestra obligación es preservar nuestra democracia, acabar con la «fachosfera» y con la «pedrosfera» y volver a vivir, como hemos vivido muchísimos años, con nuestras diferencias y conflictos, pero no empeorando el sistema.