El PP pide que Robles y Hereu rindan cuentas por los más de 34.000 millones sin fiscalizar para defensa

A los 31 contratos se añade, se quejan asimismo los populares, el hecho de que a finales de octubre se supiera que el Ejecutivo había acordado 14.283 millones de euros en préstamos al 0% para la industria militar, que, en su mayoría, han ido a parar a consorcios en los que participan Indra y Escribano, seguidas por empresas como Airbus y Navantia. «Este extremo hace todavía más urgente y necesario ejercer una profunda labor fiscalizadora que, por el momento, no se está facilitando por parte de los Ministerios de Defensa e Industria», expresan.

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Con todos estos proyectos cree el PP que se está comprometiendo el papel estratégico de España en el ámbito de la defensa, «por lo que la adjudicación de los contratos debería hacerse con plena seguridad de que se están encargando a empresas con capacidades instaladas reales y suficientes para el desarrollo de los mismos». Preocupa especialmente al partido de Alberto Núñez Feijóo el peso asignado a Indra, que ha subido un 21 por ciento en bolsa este mes, por el riesgo de que obtenga una situación de monopolio en el sector.

A todo ello se suma, además, dice el PP, que se trata de adjudicaciones públicas que se están llevando a cabo de manera directa y sin concurrencia competitiva, «lo que hace inexcusable la máxima rendición de cuentas del Gobierno y la profunda fiscalización por parte del Congreso lo que hasta el momento no ha ocurrido».

«Ante un contexto inédito de falta de presupuestos durante toda la legislatura, el Gobierno está comprometiendo gasto para toda una década», denuncian fuentes del Partido Popular este sábado, al tiempo que anuncia una nueva ofensiva parlamentaria contra Moncloa por estos «contratos millonarios» del sector de la defensa y su falta de fiscalización. Frente a la opacidad del Ejecutivo en este área estratégica, los de Feijóo registran una amplia batería de iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Entre ellas, la petición de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, «para explicar los procesos de adjudicación de los 22 proyectos que se han adjudicado al grupo Escribano EM&M»; la del ministro de Industria, Jordi Hereu, «para detallar los criterios que se han aplicado para la concesión de préstamos directos por importe de 3.169 millones de euros al consorcio formado por Indra y EM&M»; y la del presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, para decir «si ha detectado movimientos especulativos» y analice la subida del 23 por ciento del valor de la acción de Indra en solo 10 sesiones. Asimismo, los populares en la Cámara Baja han registrado una batería de preguntas orales y escritas centradas en los criterios aplicados para la concesión de los contratos a las empresas seleccionadas.

Por todo ello, avisan en Génova: «Desde el PP estaremos vigilantes para garantizar que una operación mercantil en la que el Gobierno está participando a través de la SEPI y el Ministerio de Hacienda, no desemboque en una situación de posición dominante o de monopolio, dentro del sector de la industria de defensa nacional». «Las decisiones arbitrarias, por motivaciones políticas y sin atender a criterio alguno de concurrencia competitiva ni de necesidades específicas de las Fuerzas Armadas, plantean un escenario de grandes dudas sobre el control del dinero público en unas cantidades antes nunca vistas», sentencian.