El PP llevará al Senado la reprobación de María Jesús Montero por sus ataques a los jueces, el «cuponazo separatista» y el «infierno fiscal»

La encargada de anunciar la medida fue la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, en una comparecencia desde Palencia. Enumeró la popular un largo listado de razones por la que reprobar a la vicepresidenta que se resumen en ser «la responsable del infierno fiscal que sufren los españoles», del «cuponazo separatista contra la igualdad», «no cumplir con su obligación de presentar los Presupuestos», y «ser responsable del ataque a los jueces y al Estado de derecho».

«Nunca antes una vicepresidenta acumulaba tantas razones para ser reprobada», justificó García en una rueda de prensa junto a la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén. Y remató asegurando que «María Jesús Montero debería haber dimitido o Sánchez debería haberla cesado».

La portavoz popular en la Cámara Alta afeó la multiplicidad de cargos que acumula la vicepresidenta, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del partido en Andalucía: «Es tantas cosas que ha olvidado que el respeto a los jueces y el respeto al principio de presunción de inocencia son de primero de democracia».

Más allá de las últimas polémicas con el poder judicial, García denunció que tanto ella como su jefe, Sánchez, están en «rebeldía constitucional» por incumplir su obligación de presentar Presupuestos Generales del Estado. No dudó la popular en aseverar que «este es un Gobierno acabado». «Los españoles merecen y tendrán pronto un cambio de Gobierno que dé paso a la política que sirve de la mano de Alberto Núñez Feijóo», prometió la portavoz.

Lo cierto es que el PP no duda en plantear esta reprobación como una enmienda a la totalidad de la trayectoria de la mano derecha de Pedro Sánchez en el Gobierno. Glosan sus, para ellos, meteduras de pata y polémicas recientes y pasadas, que según el principal partido de la oposición se multiplican desde que acumula tantos cargos. Y recuerdan, más allá de los elementos antes mencionados, sus recientes ataques a la universidad privada -que también asumió Sánchez-, su media cesión ante las peticiones de Yolanda Díaz sobre la tributación del IRPF en el Salario Mïnimo Interprofesional (SMI) o la sombra de la corrupción que le persigue desde que fue parte de los gobiernos andaluces de Chaves y Griñán durante la etapa de los ERE.

Tampoco olvidan los vínculos de su jefe de gabinete con el comisionista Aldama, que le acusa de cobrar una mordida, y el papel de su ministerio ante las tramas del caso Koldo o del hermano del presidente, David Sánchez.

Delicado momento en lo político para la elegida por Sánchez para ser su principal soporte en Moncloa y para triunfar en la vital misión de recuperar un feudo socialista histórico como Andalucía.

Además de todas esas cuestiones denunciadas por el Partido Popular, la vicepresidenta Montero afronta también dos polémicas cuestiones, desveladas por ABC, referidas a su etapa como consejera de la Junta de Andalucía: su 'autoindulto' en un caso de «menoscabo de dinero público» y la colocación de la esposa del por entonces ministro Bernat Soria en un puesto público con sobresueldo incluido. A la primera cuestión, Montero respondió este mismo jueves, asegurando que se hizo el reintegro del dinero y que atendió a las llamadas de la Intervención.

Por otro lado, García también aprovechó para poner el foco en la grave situación que atraviesa la vivienda en España, ya que desde que gobierna Sánchez «se ha convertido en una emergencia nacional». La popular afirmó que las políticas «intervencionistas» del Ejecutivo han provocado un incremento el precio medio de venta y del alquiler, lo que ha llevado a que la tasa de esfuerzo de las familias para acceder a una vivienda alcanzara su tasa «más alta en décadas»: el 35,4 por ciento de la renta disponible en 2024.