El PP lleva a la Comisión Europea el acuerdo con Junts para el reparto de menores inmigrantes

Este acuerdo, anunciado cuando el Gobierno tenía ya atado el apoyo de Junts, determina que cualquier comunidad autónoma que supere por tres su capacidad ordinaria de acogida de infancia inmigrante puede declararse en situación de contingencia migratoria y solicitar derivar a los menores al resto de territorios. Una medida tramitada de urgencia para dar salida lo antes posible a los más de 4.000 menores hacinados en las islas Canarias desde hace más de un año. Ese reparto se llevará a cabo según unos criterios acordados con los de Carles Puigdemont que han provocado revuelo entre los barones del PP.

Los populares han llevado esta medida a la Comisión porque consideran que no se corresponde con los estándares de solidaridad y proporcionalidad entre territorios que rige las políticas europeas de inmigración. Así lo expresó la eurodiputada Dolors Montserrat en una pregunta parlamentaria señalando que los criterios de reparto están «amañados» y se han fijado de forma arbitraria para favorecer a Cataluña, gobernada por el Partido Socialista, mientras que otras comunidades con características similares, presididas por el Partido Popular, harán un esfuerzo mayor.

Noticia Relacionada

La llegada de menores a Canarias: contar con una voz «amiga» al otro lado

Laura Bautista

El decreto fija un plazo de 15 días desde la inscripción en el Registro para ser oído

En su pregunta, la eurodiputada hace referencia a las cifras que anunciaó Junts al poco de conocerse el acuerdo para el reparto de los menores. En una nota de prensa los neoconvergentes hicieron alarde del pacto sellado con el Ejecutivo por el cual Cataluña acogerá a una treintena de niños frente a los setecientos que deberá acoger la Comunidad de Madrid.

Desde el Gobierno no dan carta de naturaleza a estas cifras anunciadas por Junts, pero según unas proyecciones realizadas por el Ministerio de Juventud e Infancia, adelantadas por el 'elDiario.es', la tabla final podría parecerse mucho a eso y acabar pidiendo a las comunidades del Partido Popular un esfuerzo mayor.

Algo que, según los eurodiputados populares, choca frontalmente contra el artículo 80 de Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que aboga por el «equilibrio entre regiones en la gestión migratoria». Por lo tanto, solicitan a la Comisión que indique qué medidas va a adoptar para asegurar que la reubicación de infancia inmigrante en España se lleva a cabo mediante criterios objetivos, capacidad de las regiones y respeto al interés superior del menor.

En esa línea, Montserrat ha denunciado ante el Parlamento Europeo que las cifras «pactadas con Junts» muestran «claramente que este reparto hecho con tintes racistas y xenófobos se basa en criterios políticos espurios».

Por su parte, el eurodiputado Juan Ignacio Zoido denunció que este acuerdo, al igual que la proposición de ley registrada por PSOE-Junts para la delegación de competencias estatales de inmigración en la Generalitat, son contrarias al Pacto de Asilo y Migración aprobado por los estados miembros y que el Gobierno aspira a implantar antes en España por su condición de frontera sur.

Además del acuerdo en sí, Zoido denunció la «falta de recursos» que el Ejecutivo va a disponer para las comunidades autónomas, evidenciando, en su opinión, la poca planificación que se ha llevado a cabo para cerrar este acuerdo y propiciar la inclusión correcta de los menores que serán trasladados.

El decreto, tal y como explicó la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, va acompañado de una dotación de 100 millones de euros para que las comunidades comiencen a dimensionar sus sistemas de acogida de menores inmigrantes. La medida también contempla una ventana de un año para que los territorios se preparen para los traslados, aunque el presidente canario, Fernando Clavijo, se aventuró a afirmar que el reparto estará «a pleno rendimiento» llegado el verano.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia aseguran desde hace una semana ya que los criterios, y la ponderación de los mismos, no responden a una lógica partidista si no que en esta ocasión, para este reparto extraordinario, se ha valorado más el «esfuerzo previo realizado». Es decir, en el caso de Cataluña se ha tenido en cuenta que la Generalitat disponga ahora mismo del 25% del total en España de las camas para estos menores, frente al 10% de Madrid. Con este punto de partida se ha considerado que las comunidades que menos plazas ofrecen deben ser los que hagan un esfuerzo mayor.

Fuentes del Gobierno señalan que lo «verdaderamente arbitrario» sería dejar a estos miles de menores a su suerte en las islas Canarias y la ciudad autónoma de Ceuta «hacinados sin respuesta».