La llegada de menores a Canarias: contar con una voz «amiga» al otro lado

Mohammed el Montaser fue uno de esos niños que llegó a las islas con 15 años a bordo de un cayuco desde Marruecos, su país natal. Hoy, ya asentado en Gran Canaria, agradece el haber contado con una voz 'amiga' en su llegada, alguien que le habló en su idioma y le ayudó a entender los siguientes pasos de ese viaje, que no termina al desembarcar en el puerto. Esa voz que les tranquiliza hablándoles en su lengua suele ser la de otros inmigrantes que llegaron antes que ellos y saben lo importante que es encontrar a un 'hermano' al otro lado, a veces voluntarios, y siempre una red de seguridad que les da algo de tranquilidad en momentos donde el miedo es el protagonista.

El Real Decreto-ley 2/2025 de 18 de marzo de medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias mira a los menores migrantes no acompañados de una forma más amplia, buscando asegurar su protección. En esta línea, modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para añadir que «dentro del plazo de quince días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, la persona menor afectada y la comunidad o ciudad autónoma de destino habrán de ser oídas», dando conocimiento al Ministerio Fiscal «en garantía del interés superior del menor y de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico».

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El Gobierno de Canarias señala que en el caso de las entrevistas al menor, estas deben realizarse por la Fiscalía en aplicación de la ley, siguiendo la misma línea que ya solicitó en el protocolo publicado el pasado mes de septiembre que, si bien ha sido anulado por el Tribunal Constitucional, fue parte del empuje hacia el decreto aprobado finalmente.

Dicho protocolo solicitaba que fueran escuchados «los deseos, sentimientos y opiniones del menor», mediante una «entrevista individualizada» por si estuviese en situación de solicitud de protección internacional, y para comprobar «si tuviese algún familiar en algún lugar de España o de la Unión Europea, que le pueda acoger».

Aunque aún están por determinar los detalles de dichas entrevistas, el decreto citado contempla que los menores tengan voz en el proceso, que pretende resolver la situación de sobreocupación de Canarias, que tutela en solitario a alrededor de 5.800 menores, en una situación que sobrepasa con creces su capacidad desde hace años.