El PP ve la directiva de la Comisión Europea un «rapapolvo» a Sánchez por «abaratar la corrupción»

La directiva de la Comisión está todavía en una fase muy incipiente. Y ahora debe entrar en fase de negociación en el Parlamento Europeo. Pero constituye un argumento para los populares en su discurso de «derogar el sanchismo». Desde Génova, fuentes del Partido Popular, trasladan que Bruselas «enmienda la plana al Gobierno por una reforma legal de Pedro Sánchez basada en abaratar la corrupción para agasajar a los que desestabilizaron Europa en general y España en particular con planteamientos separatistas».

Y es que la propuesta de directiva planteada en esta ocasión por Bruselas obligaría a España a endurecer las penas por malversación, porque tras la reforma impulsada por el Gobierno las penas quedan por debajo del planteamiento que marca la Comisión Europea. La reacción del PP es muy dura, incluso llaman al Gobierno a actuar para amoldarse a estos estándares: «Veamos si acatan el planteamiento de Bruselas con el mismo entusiasmo que celebraron aquel escrito del comisario de Medio Ambiente», trasladan todavía muy molestos por el pulso que el Gobierno ha librado y sigue librando a cuenta de la propuesta de la Junta de Andalucía sobre el Parque Nacional de Doñana.

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Enrique Serbeto

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«Es un rapapolvo que se une a otros en el ámbito, por ejemplo, de la Justicia. España no puede ser a ojos de nuestros socios un paraíso para los corruptos, y menos tras exhibir durante meses una cierta condescendencia legal con violadores y agresores sexuales», trasladan desde Génova, en una ofensiva que recuerda los efectos de la ley 'solo sí es sí', las demandas de Bruselas de renovar ya el CGPJ y la citada reforma del Código Penal. Además Génova plantea que «es preocupante» que Europa «reaccione de esta manera a unos meses de que asumamos como país la Presidencia de la UE».

Desde el Gobierno, sin embargo, se minimiza el alcance de la directiva europea y se subraya que aún no ha terminado su camino de discusión y aprobación, que llevará a la propuesta emitida por la Comisión a la tramitación habitual de todos los estados miembros en el Consejo y luego en la Eurocámara. Fuentes de Moncloa presumen incluso de que nuestro país llega «con una posición aventajada en muchos casos», sobre el objetivo general de la directiva, que es armonizar los delitos relacionados con la corrupción para combatirla a nivel global los 27 juntos, sin que haya resquicios o penas menores según se trate de un país u otro. Sería el caso, explican, del delito de enriquecimiento ilícito, introducido en la última reforma del código penal –y al que de manera ritual se refieren los portavoces gubernamentales cuando se les reprocha la rebaja de penas a la malversación, una de las exigencias de sus socios parlamentarios de ERC– y que, se jactan en el Ejecutivo, «la mayoría de los países de la Unión no tienen».

Incluso aseguran que la tipificación actual de la malversación sí tendría cabida en los nuevos criterios de Bruselas, dado que en la reforma emprendida hace unos meses se distingue entre aquella que se produce con ánimo de lucro y la que se sucede sin él, un aspecto por el que precisamente el Gobierno ha recibido muchas críticas.

Igualmente, el Gobierno considera que lo aprobado ahora por Bruselas obligará a otros países a hacer cambios en su legislación penal, algo que podría alcanzar incluso, especifican, «a la mayoría de ellos». Pero al margen de todo ello, las fuentes consultadas insisten en el carácter «muy embrionario» de la propuesta, que por ello, explican, podría sufrir muchas modificaciones por el camino. Hasta el punto, apuran en Moncloa, de que podría no salir adelante.

La legislatura comunitaria termina en 2024, dentro de un año, cuando se renovará la Eurocámara con elecciones en todos los socios de la UE, por lo que los tiempos para hacer esta reforma podría dilatarse más en el tiempo de lo habitual.

Desde que se aprobó la reforma del código penal a finales del año pasado para eliminar la sedición y reformar a la baja la malversación, los dos delitos por los que fueron condenados el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de cabecillas del procés, el Gobierno de Pedro Sánchez insistió, como uno de sus argumentos de fuerza, en que se acometía esa reforma para unificar los tipos penales a los del resto del continente.

Sánchez pone ahora distancia con la decisión de una Comisión Europea, presidida por la conservadora alemana Ursula Von Der Leyen, con la que siempre ha presumido de tener muy buena sintonía. Los socialistas han llegado a sugerir que mayor que la que tendría el PP, de la misma familia política que la mandataria.