Bruselas obligará a España a endurecer las penas por malversación

Precisamente la reforma del Código Penal aprobada por el Gobierno y auspiciada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) como una de las demandas principales para mantener la legislatura de Pedro Sánchez, dejó el delito de malversación del artículo 432 bis, previsto para castigar a los cargos públicos que «destinen a usos privados el patrimonio público sin ánimo de apropiárselo» con una pena máxima de tres años de prisión y una inhabilitación de uno a cuatro.

ERC entendió que los líderes independentistas condenados en la sentencia del procés serían los principales beneficiados por dicha distinción entre el delito «sin ánimo de lucro» y el agravado del 432, que recoge el castigo para la apropiación de fondos públicos «con ánimo de lucro» al rebajarse también la inhabilitación puesto que las penas de cárcel ya les fueron indultados por el Gobierno.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió finalmente que el delito agravado seguía siendo el aplicable a Oriol Junqueras, manteniendo su inhabilitación hasta 2031.

La propuesta de directiva de la Comisión, que aún tiene que ser negociada en el Consejo de la Unión Europea por parte de los estados miembros y pasar la tramitación en el Parlamento Europeo, obligaría al Gobierno de Pedro Sánchez, en caso de prosperar, a elevar de nuevo las penas para la malversación.

Bruselas incide en que que hay que reforzar las penas contra la corrupción puesto que ésta «es muy perjudicial para la sociedad, para nuestras democracias, para la economía y para los individuos».

El Gobierno de Pedro Sánchez dijo que había decidido rebajar las penas por malversación para homologarlas a las de los demás países de la Unión Europea pero según la iniciativa presentada esta mañana por la Comisión Europea se vería obligado a elevarlas. Es más, probablemente deberá empezar a gestionar la tramitación en el semestre de presidencia española en el Consejo y cargar con la presunción de que si tratase de retrasarlo lo estaría haciendo por intereses espurios.

Por si fuera poco, la propuesta incluye la idea de que la falta de alineamiento en la legislación anti corrupción formará parte del informe anual que evalúa el respeto al estado de Derecho en los países miembros. La Comisión ya había advertido que en el informe de este año, que ha de publicarse el mes de junio, criticaría la reforma del Código Penal en este campo.

La propia Comisión afirma que su propuesta pretende «armonizar las definiciones de los delitos penales perseguidos como corrupción para cubrir no solo el soborno sino también la apropiación indebida, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, así como la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito relacionado con los delitos de corrupción», además de «aumentar el nivel de las sanciones penales para las personas físicas y jurídicas y armoniza las circunstancias agravantes y atenuantes».

Aunque no se puede conocer cuál será la redacción final de la reglamentación, es muy poco probable que el Gobierno logre defender su idea de que la malversación con fondos públicos es menos grave si el funcionario prueba que no se ha enriquecido directamente. En la atmósfera que ha dejado en el Parlamento Europeo el escándalo de los sobornos millonarios de países como Qatar o Marruecos, lo previsible será una tramitación muy rígida y con pocas opciones de que se acepten resquicios para permitir que España mantenga las penas reducidas que se aprobaron hace seis meses.

La Comisión pretende también que todos los delitos previstos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción «sean obligatorios en virtud de la legislación de la UE», de modo que se equiparen la corrupción en los sectores público y privado.

Ello servirá por otro lado para consolidar legalmente el régimen de sanciones contra funcionarios de gobiernos extranjeros. Los países que aspiran a ser miembros de la Unión Europea deberán aplicar la nueva legislación una vez sea aprobada.

El texto de la Comisión hace referencia directamente a España, destacando las diferencias de las penas con las que se castigan los delitos de corrupción en nuestro país y otros: «Hay diferencias significativas en la legislación de los Estados miembros. Por ejemplo, el máximo. Las penas por el delito de apropiación indebida van desde los 3 meses en España hasta los 15 años en Grecia. Por lo tanto, establecer un nivel mínimo de la pena máxima a nivel de la UE ayudará a facilitar la cooperación policial y judicial transfronteriza y aumentar la disuasión», se puede leer en el documento emitido este miércoles.

La propuesta de directiva especifica, además, qué actos son constitutivos de malversación: «la comisión, desembolso, apropiación o uso por parte de un funcionario público de bienes cuya directa o indirectamente se le encomiende la gestión contrariamente a la finalidad que estaba destinado».