La Policía autonómica catalana, con más de 18.000 agentes, cuesta ya mil millones

Ahora encara una nueva ampliación. En eso anda el Ejecutivo catalán desde hace tres años, ayudado por las inyecciones extra que está recibiendo del Gobierno de Pedro Sánchez. Según los datos oficiales de la Generalitat, recabados por ABC, ahora tiene 500 agentes más que hace dos años. Y casi 1.500 más de los que tenía a finales de 2017. Es decir, casi 1.500 más mossos de los que había cuando se produjo el golpe independentista del otoño de 2017, liderado por la Generalitat que por entonces presidía Carles Puigdemont, que a día de hoy sigue fugado.

El independentismo ha prestado especial atención a los Mossos. Cuando planificó el 'procés', dio por hecho que contar con el control de su propia fuerza policial iba a ser un activo fundamental para la Generalitat rebelde. Y no escondió sus intenciones. Los nombramientos de su cúpula, al gusto del poder que lideraban los separatistas, fueron vistos como prueba de ello por quienes alertaron de que el Ejecutivo independentista maniobraría para que los Mossos se pusieran de su lado en el referéndum ilegal o, como mínimo, que no persiguieran esa ilegalidad.

Cuando se produjeron los altercados, la Guardia Civil habló abiertamente de mossos actuando del lado del órdago independentista. El entonces mayor de los Mossos, su máximo responable policial, Josep Lluís Trapero, llegó a ser juzgado por el Tribunal Supremo como parte del equipo rebelde. La Guardia Civil informó en su contra; la Fiscalía formuló acusación contra él, por presunto sedicioso. Al final, la Sección Primera de la Audiencia Nacional lo absolvió. Hubo un voto particular, el de la presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, que sí apostaba por la culpabilidad de Trapero. El mayor de los Mossos llegó a enfrentarse a diez años de prisión, pero quedó libre de todos los cargos. El tribunal, por mayoría, no dio validez a las conclusiones acusatorias del informe que emitió la Guardia Civil.

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Tras el golpe independentista, el Gobierno de Rajoy intervino temporalmente la Generalitat y, por tanto, controló también a los Mossos. La situación se prolongó hasta que, meses después, se formó un nuevo gobierno autonómico dominado, otra vez, por los secesionistas. Y los Mossos volvieron a formar parte de la agenda de la Generalitat, que se marcó como objetivo reforzar la plantilla de su Policía autonómica.

Según los últimos datos oficiales de la Generalitat, al acabar 2022 el Cuerpo estaba formado por un total de 18.363 efectivos. Cinco años antes, a finales de 2017, eran 16.945, según los mismos registros oficiales.

Vuelve a agrandarse de esta forma la plantilla de los Mossos, que, con eventuales altibajos, lleva creciendo con fuerza desde hace décadas. En 2004 tenía 10.806 efectivos, lo que significa que prácticamente se ha duplicado su plantilla en apenas veinte años.

El gran estirón lo dio entre 2004 y 2015, cuando la Generalitat pasó de tener 10.806 a contar con más de 17.100; es decir, un incremento de más de 6.000 agentes en once años.

La consecuencia lógica de esa escalada ha sido el coste creciente. Más aún si se tiene en cuenta que los sueldos de los mossos han sido, junto a los de los ertzainas, los envidiados por los policías nacionales y los guardias civiles, pagados tradicionalmente muy por debajo de como la Generalitat catalana y el Gobierno vasco pagan a sus respectivos Cuerpos de seguridad.

Basten unos ejemplos al respecto. En 2007, los 14.379 mossos costaban 548,26 millones de euros. Diez años después, en 2017, el cuerpo había crecido hasta tener un total de 16.945 agentes que costaron 830,21 millones de euros. Es decir: diez años de diferencia, un 18% más efectivos, pero un 51% más de coste, lo que evidencia cómo fueron escalando los sueldos, la política salarial con la que la Generalitat ha cuidado las retribuciones de uno de los elementos emblemáticos de su vocación identitaria.

La escalada ha seguido en los años siguientes. En 2020 el presupuesto de personal de los Mossos ascendió a 926 millones de euros, y el pasado 2022 ascendieron hasta los 991,08 millones de euros. Es la misma cifra que rige en la actualidad, porque el gobierno de la Generalitat ha sido incapaz de sacar adelante unos presupuestos para 2023. Sin cuentas al día, funciona con la prórroga de las del año pasado.