Pedro Sánchez intenta compensar el choque en defensa con el nuevo plan de vivienda

No se trata de un escollo insalvable para seguir adelante y llegar a 2027. Si es que hay ya algo que pueda calificarse así para un Sánchez decidido a completar por primera vez en la historia de la democracia una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos, y sin tan siquiera presentar un proyecto de cuentas públicas ante las Cortes. Pero sí obliga a la Moncloa a mover ficha abriendo el abanico del devenir del presente mandato. A ello responde, en parte, la iniciativa que por sorpresa presentó el Grupo Socialista sobre vivienda el pasado jueves, además de a la envergadura del no en vano señalado como uno de los principales problemas para los españoles. Una proposición de ley registrada justo en el límite de tiempo para poder enfrentarse a su primera criba parlamentaria, la de la toma en consideración, justo antes del descanso estival.

Los socialistas plantean un IVA del veintiuno por ciento a los pisos turísticos, beneficios fiscales a los caseros que acepten el índice de precios de alquiler oficial –aunque sus inmuebles no estén en zonas tensionadas– y una mayor carga fiscal para la compra de vivienda por parte de extranjeros.

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Paralelamente, la Moncloa ha intensificado los contactos con los grupos para sacar adelante la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regularización de inmigrantes, que cuenta con un amplio respaldo social, entre otros, de la Conferencia Episcopal, que también presiona al PP.

Con esa paleta de colores algo más variada, además de con el perfil alto en contra de Israel en el terreno declarativo (otra cosa es que se lleguen a implementar medidas en firme) el camino se hará más liviano.

Naturalmente, los socios seguirán teniendo objeciones a las medidas planteadas y echarán en falta otras. Todo con mayor o menor grado de virulencia o agresividad política. Lo primero es seguro por parte de los cuatro diputados de Podemos, más beligerantes que nunca con Sánchez desde que ya no se sientan en el Consejo de Ministros.

Pese a todo, la nueva regulación de vivienda podría estar aprobada antes de terminar el año, siempre que el Gobierno logre aunar, una vez más, las posiciones cruzadas del independentismo y el nacionalismo de izquierda y derecha. Así las cosas, el Ejecutivo podría afrontar 2026 de nuevo sin presupuestos y con la necesidad de volver a echar mano de los ya casi clásicos decretos de principio de año para sostener determinadas medidas. Algo que no pasa desapercibido en un año en el que comenzará el nuevo ciclo electoral con dos citas ineludibles, sean el mes que sean: las andaluzas y las elecciones en Castilla y León.

Pese a todo, el Gobierno confía en que el aumento en gasto militar no suponga mayores problemas de los previstos. Y de hecho, y muy de fondo, los socios, salvo Podemos, terminan por asumir que es una cuestión en que aunque por principios debe haber una retórica contraria, la realidad de un mundo en conflicto termina imponiéndose con fuerza.